Dos sismos intensos afectaron a cientos de miles de familias de ocho entidades de la República el pasado mes de septiembre. Además del dolor por la pérdida de familiares, el trauma de los afectados y la existencia de miles de damnificados, hay destrucción de patrimonio (privado y público) e infraestructura edificados durante decenios. Reparar la pérdida material no será rápida y no hay atisbo de solución coherente y creíble en las declaraciones del Ejecutivo federal. La solidaridad ciudadana con los afectados fue inmediata e incondicional, al igual que la condena a las autoridades municipales, estatales y federales por su pasividad e ineficiencia: el “mal humor” de los mexicanos se expresó contra funcionarios púbicos, políticos profesionales y partidos políticos; el dolor por la tragedia se amalgamó a las pérdidas de poder adquisitivo, de calidad de vida, de seguridad pública y de soberanía nacional y en pocos días, un millón 836 mil 74 mexicanos exigieron que 7 mil millones de pesos presupuestados a los partidos políticos en 2018 se canalizarán a los damnificados del sismo (Alfredo Aguirre promotor, change.org)
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que los recursos procedentes del erario para su funcionamiento deberán prevalecer sobre los privados. Además del tiempo en radio y televisión a los que los partidos acceden a través del órgano electoral, gozan de una partida presupuestal equivalente a un salario mínimo por cada uno de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, este monto se destinará a sus actividades ordinarias (65 por ciento); para promoción del voto (33 por ciento), y a las actividades de educación, capacitación, investigaciones socioeconómicas y políticas e editoriales (dos por ciento). Aparte son los presupuestos del Sistema Nacional de Electores, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del fondo destinado a partidos políticos, 30 por ciento se reparte equitativamente por partido y 70 por ciento en función de los votos obtenidos en el último proceso federal.
Modificar el destino de los recursos públicos destinado a los partidos políticos requiere modificar la Constitución, en particular el carácter público del ente, la equidad para que los partidos realicen sus actividades, la participación mayoritaria del financiamiento privado, la transparencia en el manejo de los recursos, los topes de campaña y el acceso de los candidatos y partidos a los medios de comunicación masivos. Aun con las restricciones actuales al financiamiento privado de las campañas electorales, el crimen organizado es un activo patrocinador de las mismas, al igual que los proveedores del Ejecutivo federal y estatal y los poderes fácticos, lo que hace más inequitativa la contienda electoral. Los recursos que el año entrante tendrán los partidos políticos y sus candidatos para promover el voto será de 2 mil 300 millones de pesos, el gasto ordinario del Instituto Nacional Electoral será de 9 mil 931 millones de pesos y el gasto para preparar las elecciones será de 8 mil 600 millones de pesos. Valdría la pena revisar y transparentar los gastos de los órganos electorales y del Sistema Nacional Electoral.
Los partidos son entes desprestigiados: la percepción generalizada es que solo defienden intereses faccionales y no de la sociedad que dicen representar. La corrupción y traición son concomitantes de quienes profesionalmente se dedican a estas actividades. Por lo general las valoraciones negativas de los partidos superan a las positivas y si acaso tres de cada 10 ciudadanos dicen estar representados o identificados con un partido político. Algunos partidos se manejan como patrimonio familiar, las presidencias se heredan, los gastos se simulan y el refrendo del tres por ciento se sostiene con alianzas o coaliciones; otros manipulan programas sociales, se financian con gasto público programable no electoral, coaccionan y compran el sufragio y se subordinan a los poderes fácticos, a quienes enajenan el patrimonio nacional. Privatizar el financiamiento a los partidos es privilegiar al gran capital, a aquellos que pueden sostener campañas mediáticas para posesionar su oferta en 88.2 millones de electores en 100 días y, de paso, descalificar otras opciones electorales a través de una campaña negra.
Al Ejecutivo federal lo desaprueba 80 por ciento de la población y la calificación a su gestión es reprobatoria desde hace tres años; igual situación se registra en los Ejecutivos estatales y municipales. Dicha situación está concatenada al deterioro de la situación económica de la mayoría de las familias, al lento crecimiento del empleo y de las actividades económicas, al aumento de los precios de la canasta básica y al crecimiento de la deuda pública. El sismo del 7 de septiembre afectó a cientos de miles de familias de dos entidades donde la pobreza se instaló desde hace varias centurias: Oaxaca y Chiapas, estados donde el crecimiento de la economía no sólo es lento, sino negativo desde hace 10 años (José Blanco, “Las vergüenzas”. La Jornada, 26/09/17, p 29), ahí poco se ha hecho para resarcir la pérdida material de la vivienda: los sueños siguen siendo húmedos, a la intemperie. La ineptitud e indiferencia gubernamental ante la magnitud de los sismos generó encono entre quienes ya tienen hartazgo por la corrupción e impunidad que caracteriza a la clase gobernante; gobernadores, secretarios de estado y Ejecutivo federal fueron increpados por igual, los damnificados exigieron apoyos, no palabras: posteriormente algunos centros de acopio fueron liberados y los damnificados tomaron lo que la sociedad civil les había enviado.
Ante el reclamo de la ciudadanía expresado en redes sociales, los partidos políticos ofrecieron canalizar parte de los fondos públicos presentes y/o futuros a los damnificados por el sismo, también acopiaron y repartieron víveres e hicieron donativos de fondos propios. No era para menos, el año entrante habrá elecciones federales y también elecciones locales en cuatro entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre (Chiapas, Morelos, Puebla, Ciudad de México). La propuesta inicial de Morena de ceder 20 por ciento de los recursos públicos para promoción del voto de 2018 fue rebasada por los otros partidos, incluso hubo quien ofreció ceder 100 por ciento de sus recursos de promoción del voto. Ninguna ayuda está de más; la duda es la efectividad, la probidad y la manipulación de los fondos, si será un caso más con la leyenda: Con los atentos saludos de… Hay un Fondo Nacional para Desastres, hay otro para Patrimonio Cultural, otro más para la ciudad de México; hay los procedentes de los bienes asegurados y los del Banco Mundial, además de las aportaciones de particulares y de empresas morales. Suponiendo que el costo material de la reconstrucción fuera de 38 mil millones de pesos como lo expresara Enrique Peña Nieto (La Jornada, 28/09/17, p 3), los fondos que deberían existir no son de poca cuantía, pero son insuficientes, además queda la duda de la honorabilidad y eficiencia de quién lo aplicará.
En 60 años los residentes del centro sur de la República Mexicana hemos tenido seis sismos de riesgos considerables: el de 1957, de 7.1 en escala de magnitud de momento; el de 1973, de Ciudad Serdán, de magnitud 7.3; el de 1985 con epicentro en el Océano Pacífico y el que más muertos y destrozos generó, de magnitud 8.1; el de Tehuacán de 1999, de magnitud 7.1; el de Chiapas del 7/09/17 de magnitud 8.2 y el de poblano-morelense del 19/09/17, de magnitud 7.1. El territorio nacional tiene de sustrato cinco placas tectónicas (Norteamérica, Cocos, Riviera, Caribe y Pacífico) en permanentes movimientos que producen incontables sismos, además la ciudad de México está asentada en lo que fuera un gran lago, lo cual hace inestable las ancestrales construcciones (Luca Ferrari, “Información básica sobre el sismo del día 19/09/17”), con estos antecedentes el reglamento de construcciones en la ciudad capital se modificó a partir de 1985 y sería previsible que construcciones posteriores a esa fecha resistieran los embates telúricos, no ha sido así en muchos casos, por connivencia gubernamental y la voracidad del capital inmobiliario por reducir costos de construcción, acción criminal avalada por distintas gestiones públicas de la ciudad de México.
