Los gobiernos neoliberales trastocaron la naturaleza y fines de las instituciones que deben garantizar una convivencia social menos ríspida entre los ciudadanos. Primero, protegieron las actividades ilícitas del cártel de Juárez y posteriormente utilizaron al ejército y a la marina para confrontar al crimen organizado, asignándoles tareas para las cuales no están capacitados ni disponen del marco legal para ello. Los daños colaterales ocasionados por las fuerzas castrenses fueron múltiples (violación a los derechos humanos, asesinato de civiles) y la confianza hacia esas instituciones menguó, aunque todavía son mayoría absoluta quienes en ellas confían.
Entre el flagelo del crimen organizado y la connivencia de los cuerpos de seguridad pública, estamos permanentemente expuestos a ser víctimas de la violencia que se generaliza y de la delincuencia organizada: el año pasado se cometieron 31 millones de delitos que afectaron a 24 millones de ciudadanos, de estos últimos, 57 por ciento residen en las 11 entidades afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre; a tres de cada cinco ciudadanos el tema que más les preocupa es la inseguridad y tres de cada cinco perciben inseguridad en su entidad, y se consideran posibles víctimas del crimen organizado. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto (hasta marzo-abril de 2017), el conocimiento de ocurrencia de venta de droga en los alrededores de la vivienda ha crecido 38 por ciento, el reporte de disparos frecuentes se incrementó en 44 por ciento y el conocimiento de ocurrencia de homicidios aumentó 46 por ciento. (Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012-2017)
No es casual que las Policías (municipal, estatal, ministerial y de tránsito), al igual que los jueces y el Ministerio Público, sean instituciones que generan desconfianza en la mayoría absoluta de ciudadanos: no son eficientes en su desempeño ni honestas en sus actos: por cada 100 delitos cometidos, solo se denuncian 10 y se investigan seis; la razón principal para no denunciar los delitos se le atribuye a la autoridad (pérdida de tiempo y desconfianza); asimismo, de cada 100 ciudadanos, 55 tipifican de corruptos a los cuerpos policiacos, a la Procuraduría General de la República, a los ministerios públicos, a las fiscalías de los estados y a los jueces (Inegi. Envipe. 2017).
Con base en 14 encuestas aplicadas en el municipio de Puebla en los años 2004-2013 por el diario La Jornada de Oriente, cuatro de cada cinco ciudadanos desconfía de los diputados federales, de los senadores y de los partidos políticos; tres de cada cuatro desconfía del presidente de la República, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de la policía, de los sindicatos y de los organismos patronales. Otras instituciones gozan de la confianza de más de la mitad de los ciudadanos del municipio de Puebla que disponen de teléfono en casa, tales son los casos de las universidades, la Cruz Roja, los Colegios de profesionistas, el Ejército y la Iglesia (Encuestas telefónicas aplicadas a 5 mil 896 ciudadanos que disponen de teléfono residencial, margen de error de +/- 1.3 por ciento y grado de confianza de 95 por ciento).
En muchos casos, los ejecutivos de los tres niveles del Poder Ejecutivo han asumido el cargo deslegitimizados: su triunfo electoral fue por un margen pequeño, los procesos electivos fueron desaseados (compra de votos, alteración de actas, acarreo, coptación, condicionamiento del voto, robo de urnas, excedieron el tope de campaña); sus actos de gobierno fueron contrarios a lo expresado en sus programas electorales; han desviado recursos públicos, contrajeron deuda no justificada, hay abusos de autoridad, nepotismo, gastos no solventados, enriquecimiento ilícito y vínculos probables con el crimen organizado. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad registra que entre 2000 y 2013 se denunciaron en los medios de comunicación 71 actos de corrupción perpetrados por 41 gobernadores; de los mismos, solo cinco fueron procesados y encarcelados (Excélsior, 17 abril 2017).
Durante el gobierno de Vicente Fox los excedentes petroleros, que fueron casi 10 puntos del Producto Interno Bruto, se distribuyeron entre las entidades, con poca fiscalización a la aplicación del gasto; en las sucesivas gestiones presidenciales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico no reguló la contratación de deuda por parte de ejecutivos estatales o municipales; tampoco se licitaron obras públicas ni se trasparentó el financiamiento público a las obras realizadas bajo la modalidad de Asociación Pública Privada. En estos momentos, hay siete ex gobernadores presos por delitos diversos, uno está en libertad condicional, dos siguen prófugos y a otro aún no se le gira orden de aprehensión; a ninguno de ellos se le confiscaron sus propiedades y, en el caso de Javier Duarte, se le imputan delitos menores a los anunciados en las investigaciones previas.
Corrupción e impunidad es la divisa de las gestiones públicas, ya sean militantes priistas, panistas o perredistas quienes las presidan. Ante los grotescos y cotidianos actos de deshonestidad, la ciudadanía tiene desconfianza de los políticos profesionales, partidos políticos, legisladores, funcionarios públicos, organizaciones patronales y sindicales y de los medios de comunicación masivos; se desconfía de quienes realizan estos latrocinios y de quienes los encubren.
Estos actores no tienen ninguna autoridad moral para convocar o presidir ninguna actividad, aun más, sobre ellos hay la razonada duda sobre su probidad y eficacia; su presencia desalienta la cooperación voluntaria y desinteresada en beneficio de los damnificados, por eso la ayuda solidaria fluyó sobre agrupamientos primarios, ahí donde hay identidad, credibilidad y confianza: familiares y amigos.
La familia es de las pocas instituciones que se mantiene en pie, goza de la confianza de 92 por ciento de la ciudadanía del municipio de Puebla, y fue a través de ella que se expresó la solidaridad ciudadana a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado, que tuvo como epicentro las entidades de Morelos y Puebla: hicieron acopio y entrega de alimentos, medicinas y ropa; así como retiro de escombro y asistencia a damnificados. La petición de los donantes fue reiteradamente explícita: entregar de mano a los damnificados, no mediar con asociaciones civiles ni gubernamentales. Esta espontánea forma de operar, a pesar del uso intenso de las redes sociales para ubicar la entrega, hizo en muchos casos poco eficaz la solidaridad: hubo saturación de productos y servicios en algunos puntos y ayuno en otros, las vías de acceso se congestionaron y los que debían agilizar el tránsito lo obstruyeron al impedir que la solidaridad llegara al destino programado.
La solidaridad de los ciudadanos no fue la única que se expresó; llegó ayuda internacional de sociedades y gobiernos; empresas nacionales y organizaciones civiles también cooperaron, hasta los partidos políticos transfirieron parte de los recursos que les otorga el erario para ayudar a los damnificados. La intención de algunas solidaridades fue obvia: descontar del pago de impuestos la ayuda canalizada (la propia y la ajena), hacer proselitismo político para la elección federal del año entrante y, en algunas entidades, para las elecciones de gobernador (Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco así como jefe de gobierno en la Ciudad de México).
Otras solidaridades fueron más fraternas, gestadas en la cotidianidad de la resistencia, en la defensa de la dignidad humana, en la prevalencia del Estado de Derecho, como la expresada por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, quienes aun de luto por el asesinato de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna —hija de Simitrio Sarabia, cofundador de esa organización— y en permanente movilización por la libertad de sus dirigentes encarcelados, se dieron tiempo para acopiar, trasladar y entregar ayuda a los damnificados de la Mixteca; lo cual es significativo no solo por las toneladas de alimentos entregados, sino por ser una organización autogestionaria que ha resistido al acoso gubernamental por casi medio siglo, que tiene una dirección colegiada que toma acuerdos consensados, que tiene arraigo, identidad y claridad de metas, lo que a los ojos del orden establecido la convierte en subversiva y esa es precisamente una de las aportaciones más emblemáticas gestada en la solidaridad; otra fue la de los millenials, a quienes la tragedia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, no les fue indiferente, y no era para menos: 471 muertos, 12 millones de damnificados, 181 mil viviendas dañadas, 16 mil escuelas afectadas y una corrupta clase política exhibida, ávida de ejercer 48 mil millones de pesos para la reconstrucción.
