 |
| · Imagen tomada de http://www.ideal.es/granada/v/20130113/granada/fuga-cerebros-20130113.html |
México es un país rico en recursos naturales (minerales, petróleo, biodiversidad, recursos hídricos…) que indudablemente son una fuente de riqueza si se administran apropiadamente. Sin embargo, la falta de tecnificación en el campo y el cambio en la población de mayoritariamente rural a inicios del siglo pasado a mayoritariamente urbana en el presente representan un riesgo social y económico, cuya solución pasa a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Hoy en día sólo 29% de la población habita localidades rurales y mixtas (con menos de 15 mil habitantes) y el resto se distribuye en ciudades pequeñas, intermedias y grandes, lo que ha supuesto una disminución en nuestra capacidad para transformar las materias primas en productos de valor agregado, además de una muy preocupante dependencia externa en materia alimentaria. Además, el acceso a la educación superior se mantiene como un lujo más que una opción real (de acuerdo a cifras recientes del Banco Mundial, los niveles de acceso a la educación superior de México son similares a los de países del norte de África o de Medio oriente, y apenas 50% de los de países de nuestra región como Argentina, Uruguay o Chile). Más preocupante es que de aquellos que se convierten en profesionistas, un muy reducido número continúa su formación a nivel de especialidad o posgrado (la población de estudiantes de posgrado en México, en el periodo de 2007-2008 según cifras de la ANUIES, era menor a 175 mil estudiantes, repartidos casi equitativamente entre IES públicas y privadas, y concentrándose la gran mayoría (60%) en maestrías profesionalizantes). Y todavía peor: de ese número, apenas 3% obtiene un doctorado, grado máximo que supone capacidad para realizar investigación original y de alto impacto.
Si un ciudadano con preparación universitaria, con posgrado y además especializado en un tema de ciencia y tecnología es tan escaso en nuestro país (en todo México apenas hay un poco más de 907 mil habitantes mayores de 18 años con posgrado, de entre una población total de 75 millones), deberíamos considerarlo un recurso humano de alto valor estratégico para el desarrollo social y económico. Y por ello desarrollar una política pública que nos permita conservarlo, aprovecharlo, capitalizar sus habilidades y conocimientos. Sin embargo, ante la falta de oportunidades laborales en donde este valioso recurso humano pueda aprovecharse, muchos siguen optando por migrar al extranjero, en donde puedan encontrar (no siempre en las áreas donde se formaron, aunque algunos son afortunados de poder conseguirlo) las condiciones apropiadas para desarrollarse y aplicar sus conocimientos. Más allá del impacto que esta migración especializada tiene sobre las estadísticas socio-demográficas, existe una afectación sustancial sobre nuestro desarrollo como nación que tiene consecuencias terribles: las pérdidas económicas para el país derivadas de la compra de propiedad intelectual extranjera, el pago de mano de obra técnica especializada extranjera y el déficit en nuestra balanza comercial tecnológica representan pérdidas reales de entre 10 a 15% del PIB cada año. Este monto es enorme: casi 50% del gasto anual en Educación, y va en continuo crecimiento. En los últimos 15 años, aproximadamente unas 20 mil personas con estudios de doctorado —un promedio de cuatro personas diarias— han emigrado desde México a los Estados Unidos según un estudio elaborado por Adolfo Albo y José Luis Ordaz de grupo financiero BBVA-Bancomer titulado “México: situación de la migración” y presentado en 2010.
Cuando en 1984 se decretó la creación del Sistema Nacional de Investigadores, se pretendió disminuir la fuga de cerebros. Simultáneamente, el programa de becas de posgrado en el extranjero tuvo como objetivos permitir a nuestros mejores estudiantes formarse en las mejores universidades del mundo. No todos regresaron sin embargo. Estas iniciativas tuvieron éxito parcial y al día de hoy hay cerca de 16 mil investigadores mexicanos registrados en el SNI, laborando en instituciones públicas y privadas. Este número contrasta contra la cifra de migrantes con doctorado dada a conocer en 2010 por el estudio previamente mencionado, lo que nos sugiere de que paralelo a la estrategia del SNI ha hecho falta una política pública que permita recuperar y retener a estos cerebros formados —y pagados con los impuestos de todos—, empleándolos en centros educativos y de investigación nacionales, tanto públicos como privados. Apenas uno de cada tres egresados de posgrado obtienen trabajo en el país, según datos de la Academia Mexicana de Ciencias, y el resto debe elegir entre el auto-empleo (no siempre en las mejores condiciones), la búsqueda de otras opciones laborales (desde manejar taxis hasta preparar comida rápida) o la emigración. Cerebros en fuga. Ciencia fugaz.
