La censura a los medios de comunicación de masas es consustancial al ejercicio del poder en México: si no se les puede coptar con privilegios y prebendas, se les extermina, directa o indirectamente. La acuñada sentencia de José López Portillo de 1982, “no pago para que me peguen” tiene vigencia plena. No existe norma que regule el gasto publicitario de los tres poderes de la Unión y cuando existe algún ordenamiento menor sobre algún aspecto específico, se elude con tecnicismos, como en el caso de Monex en 2012. Tampoco hay transparencia sobre lo ejercido en publicidad, ni por campaña, medio de comunicación o dependencia pública.
El presunto gusto etílico de Felipe Calderón Hinojosa fue llevado a la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2011; un día después, Carmen Aristegui fue de las pocas comunicadoras que dio testimonio de este hecho e hizo la pregunta sobre la necesidad de que la Presidencia aclarara sobre el supuesto alcoholismo de Calderón Hinojosa. Por esa trasmisión fue separada de la conducción del programa de radio de MVS en atención a una petición formulada por la Presidencia de la República. Fue recontratada por MVS, y el domingo 15 de marzo fue nuevamente retirada por presiones del Ejecutivo federal. En esta ocasión no fueron los excesos de Calderón, sino el conflicto de interés de Enrique Peña Nieto al no declarar la propiedad de un inmueble de su actual esposa, y no demostrar, con declaraciones patrimoniales y estados bancarios, que adquirió la propiedad del inmueble por medios legales.
Higa es una constructora que goza del favor de Enrique Peña Nieto, ya como gobernador del estado de México o como Presidente de la República, y fue precisamente esa constructora la propietaria de la llamada Casa Blanca y de la casa de campaña electoral (no reportada) ubicada en Las Lomas de la ciudad de México, y la que detenta el actual Secretario de Hacienda y Crédito Público en Malinalco, estado de México. Aristegui publicó el reportaje sobre tales hechos a pesar del exhorto de MVS de no hacerlo, la exhibición pública de esos actos de corrupción molestó a Enrique Peña Nieto y en represalia presionó al concesionario de MVS para que la cesara. No es la primera vez que despiden a Carmen Aristegui por el ejercicio crítico de su profesión, y cada vez retorna con más audiencia y credibilidad: trata temas que otros callan y dice lo que otros piensan pero no se atreven a mencionarlo públicamente.
La discusión pública de los asuntos políticos favorece la democracia, por lo menos así lo creen cuatro de cada cinco ciudadanos; Peña Nieto no piensa así: prefiere que sea la aristocracia política quien detente la soberanía y los mortales vean el partido amistoso de futbol entre Brasil y México el próximo 7 de junio. Los que así piensan y actúan fracasaron con Julio Scherer García en 1976 cuando fundó Proceso; volvieron a fracasar con Carlos Payán cuando fundó La Jornada en 1984 y fracasarán por sexta vez cuando Carmen Aristegui nos informe por internet radio. En todos esos casos hay dos activos no ponderados: la credibilidad del medio y la lealtad y estoicismo de sus seguidores.
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