La apropiación degradante de los recursos naturales y la deshumanización del ser caracterizan a los Estados neoliberales. Los bienes públicos y comunales se mercantilizan, la biodiversidad se privatiza, las culturas nativas se occidentalizan, los sectores estratégicos se vuelven activos propiedad del capital transnacional, y el Estado es más autoritario y represor. Se sataniza y criminaliza el disenso, la libre expresión de las ideas, así como la asociación y manifestación. La propagación del miedo antecede a la denostación, la represión y el exterminio de los que refrendan la vigencia del Estado de Derecho, la defensa de su patrimonio, de su integridad física y de sus cosmovisiones.
La multiplicidad de atropellos del capital transnacional y de la fuerza pública a la razón, a la diversidad biológica, al territorio y a la cultura han generado múltiples formas de resistencia pacífica apegadas a la Carta Magna; los actores agraviados han sido vilipendiados, descalificados y penalizados, y lo que eran Derechos Humanos y/o Constitucionales (libertad religiosa, libertad de trabajo y personal, libertad de asociación y reunión, libertad de tránsito e imprenta, derechos a la educación, niñez, a la vivienda, a un medio ambiente saludable y a la propiedad) se han trastocado en delitos penales al modificar las normas secundarias así como la función esencial de los órganos de procurar justicia: abocados en la sumisión al Poder Ejecutivo y en la complicidad con el crimen organizado.
Cada vez más el quehacer público se ejerce autoritariamente, al margen de la normatividad que rige la función pública, privilegiando la corrupción, garantizando la impunidad de quienes violentan los derechos humanos, enajenan los bienes de la nación y violentan el estado de Derecho. La política se reduce a un simulacro electoral trienal para que, a través de él, los representantes populares se abroguen la potestad de la soberanía y actúen en contra de los intereses de la mayoría. Tal situación ha generado ilegitimidad de las instituciones, pérdida de confianza en ellas, y alienta un andar al margen del sistema de partidos o por lo menos invitan a una reflexión y elección alterna al bipartidismo. No sólo hay un déficit de democracia y un superávit de autoritarismo, sino que los prometidos logros del neoliberalismo asociados al crecimiento económico han sido insuficientes o inexistentes: mengua el poder de compra, se precariza el trabajo, el empleo crece a tasas menores a sus requerimientos, aumenta la pobreza, el gasto público decrece, la deuda pública aumenta, se deteriora el tipo de cambio y el saldo de la balanza comercial es crecientemente negativa.
Por si no fueran poco estos agravios a la dignidad humana, a la calidad de vida y a la sustentabilidad ambiental, se ha militarizado la represión social y se ha permitido que el crimen organizado controle territorios y detente funciones exclusivas del Estado: en 10 años (2003-2012), el gobierno federal ha adquirido 49 mil millones de dólares en equipo militar, erogación equivalente a 2.2 veces las exportaciones petroleras del año 2014 (Proceso, No. 2004, 29/03/2015, páginas 6-9). Por su parte, Guillermo Trejo y Sandra Ley documentan 445 ataques (amenazas de muerte, secuestro, desaparición y asesinato) del crimen organizado en contra de autoridades, candidatos a puestos de elección popular y activistas entre los años 2007-2014, en esos años fueron asesinados 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas, los focos rojos no solo están en Guerrero o Michoacán, sino en las entidades de la frontera norte, incluida Sinaloa (Nexos, 1/02/2015).
La inseguridad pública ha crecido con la militarización de la represión y la criminalización de la protesta social, al punto de que la distinción entre crimen organizado y cuerpos de protección legales se pierde. El contexto del proceso electoral en curso no es estimulante para una participación similar a la de las elecciones intermedias de 2003 y 2009, no sólo porque uno de cada tres hogares son victimados al año, sino porque no hay confianza en el órgano electoral, tampoco en los partidos políticos, ni en los poderes Ejecutivo (en sus tres niveles), Legislativo y Judicial, tampoco en la conducción política y económica del país. Probablemente el abstencionismo sea superior a 60 por ciento del padrón electoral y, en esas condiciones, el bipartidismo (PRIAN) será la opción predominante. A la violencia y criminalización de la protesta social hemos dedicado este número, y por ello invitamos a destacados académicos, profesionistas y líderes sociales, quienes documentadamente han expresado sus valiosas opiniones. A todos ellos les agradecemos sus colaboraciones.
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