Leyes a favor del gran capital y gobiernos que fabrican delitos a sus opositores; así es la criminalización de la protesta

Desde el pasado 19 de diciembre Rubén Sarabia Sánchez alias Simitrio Zempoasquelli Zitla —líder moral de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre— se encuentra preso; es uno de los 133 presos políticos que el Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social de Puebla tiene contabilizados desde el inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.

Foto: José Castañares

Foto: José Castañares

“Puebla es para Moreno Valle el ejemplo real del proyecto político que enarbola rumbo a la presidencia de la República en 2018, proyecto político a favor del gran capital y en detrimento de los derechos de los trabajadores, capaz de fabricar delitos a aquellos de cuestionen y se opongan a los proyectos de la clase dominante”; así lo caracteriza el abogado José Samuel Porras Rugerio, maestro en Derecho Constitucional y de Amparo, y columnista de La Jornada de Oriente.

Para Porras Rugerio es claro que el proyecto político nacional de los últimos 30 años ha sido consistente en golpear cualquier proyecto político de izquierda, tanto en el terreno electoral —como en la elección de 1988 y en las dos últimas elecciones presidenciales; como en el terreno de lo no electoral, el de la organización social abiertamente de izquierda; bajo esta perspectiva política operan las acciones del gobierno de la entidad.

 

¿Qué representa la UPVA 28 de Octubre para el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas?

 

La 28 de Octubre es un proyecto político organizado con expresas tendencias hacia la izquierda, dentro del espectro local es la organización social más consistente, con capacidad de movilización y de convocatoria con otras organizaciones sociales, su fuerza ha sido sostenida y demostrada por más de 40 años; esto, señala el legista, para un gobierno de derecha —entiéndase en términos básicos un gobierno que favorece al capital a costa de lastimar el derecho de los trabajadores— representa un posible foco de poder que en determinadas circunstancias electorales o sociales pudiera ser oponible a un proyecto de gobierno específico como el que desarrolla Rafael Moreno Valle. La actual estructura del gobierno poblano, entre el origen priista de Moreno Valle, su camisa del PAN y la comparsa del PRD, semejan en cierto sentido el Pacto por México que se enarbola en el ámbito nacional.

Se dice que el gobernador tiene aspiraciones a la presidencia de la República en 2018 y lo que ocurre en Puebla es lo que ofrece como muestra concreta de su proyecto político; pretende abrir completamente las puertas al capital nacional y extranjero a condición de ofrecer el abaratamiento de la mano de obra de los mexicanos, de reprimir toda inconformidad social, de pasar por encima de los derechos de quien sea, para brindárselos al capital inversionista en energía, minería, petróleo y turismo, se trata —afirma el jurista— de continuar con esa política que permite al extranjero apropiarse de los recursos del país, se han creado las condiciones legales que le permite todas esas posibilidades. Ese proyecto es la continuación de un modelo político que se traduce en un modelo social contrastante, promueve la concentración de riqueza a cambio de la generación de miseria social. En realidad se trata de un proyecto de miseria política en la medida en que tiene la tendencia a esclavizar la fuerza laboral de los mexicanos y Puebla es el laboratorio de quien persigue, en un momento determinado fungirse como presidente.

Para Samuel Porras el hostigamiento del gobierno hacia la UPVA 28 de Octubre es una confrontación de dos proyectos políticos distintos, el de una organización que defiende el espacio de trabajo de la gente que por distintas circunstancias o ya no puede trabajar o no encuentra trabajo, que tiene una base social popular y el posible respaldo de la sociedad poblana; contra el proyecto que se enarbola actualmente en México, el proyecto que brinda espacio a las nuevas tecnologías como mecanismo para incrementar la producción y que tiende a la expulsión de fuerza de trabajo que después no tiene donde ubicarse, en ese sentido se trata de la confrontación de dos proyectos sociales, obviamente el proyecto gubernamental está respaldado por la fuerza del estado, por la fuerza de la violencia.

 

El derecho, instrumento de la clase dominante

 

Los nuevos contenidos de que se dota a las leyes son, una vez legisladas, utilizadas en contra de la población, como la privatización del agua, el cobijo a la minería y a la inversión petrolera, por mencionar algunos.

El derecho es utilizado como instrumento de construcción de una realidad social específica, diseñada desde el ámbito del poder, desde el ámbito de quien puede hacer las leyes, las puede aplicar y puede determinar a quien beneficia y a quien perjudica. El desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, de los contratos colectivos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales ahora son parte de los nuevos contenidos de la ley.

Así —enfatiza el jurisconsulto— el derecho cumple para la clase social dominante, el papel de técnica de organización social, a través de él se fijan los lineamientos generales en los que se organizan a la sociedad; esta clase tiene el poder de imponer el derecho, no solo legislarlo sino hacerlo por vía de la fuerza del Estado.

 

La fabricación de delitos contra los opositores

 

Es muy claro que los mecanismos por los que se llevó a prisión a Simitrio son verdaderamente torpes, demuestran desconocimiento del derecho y falta de respeto por la institucionalidad, de este modo —señala Porras Rugerio— la ley se convierte en instrumento de persecución política, el objetivo permanente del estado es la destrucción de toda fuerza social organizada y sobre todo si esa fuerza social es declaradamente de ideas de izquierda.

Los casos de Simitrio, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís, los señores Tlachi, y el de los señores Xicale, son un fenómeno especial, ganaron sus amparos y se determinó que no hay ningún delito que hayan cometido; sin embargo, ya compurgaron efectivamente una sentencia, un tiempo de vida ya lo pasaron dentro de la prisión sin que hubiera ninguna sentencia de juez que se las decretara; eso quiere decir que quien decreta la estancia efectiva en la prisión es el Poder Ejecutivo y esa es una señal clara de autoritarismo, no necesita una sentencia para mandar a la gente a la cárcel, simplemente a través de la procuración de justicia se crean falsamente figuras delictivas que se le imputa a la gente, solo por la voluntad del Poder Ejecutivo.

Frente a esas circunstancias, considera el legista, es necesario defenderse; cuando las acciones del poder local son revisadas por el poder judicial federal y esa autoridad superior determina la inexistencia de los delitos y resulta que el encarcelamiento de las personas es injustificado, no se tiene un problema legal, sino político, un problema de conducción del estado, un problema de manejo de las instituciones.

Ante este panorama, es la sociedad entera la que tiene que reclamar y lo tiene que hacer de forma organizada, cada uno por su lado no es posible, el grueso de los poblanos o mexicanos debe hacer esa reclamación, si se omite el punto de la organización social no vamos a ninguna parte; eso sí, cuando el poder advierte la presencia de una organización consistente, con discurso propio y capacidad de movilización, pondrá interés en desbaratar esos intentos de organización para mantener el poder político, advierte el defensor.

deniselucero@gmail.com