Una de las actividades economías que traían la fuerza de la inercia cuando Enrique Peña Nieto llegó el gobierno en 2012 es la minería-metalúrgica, actividad centenaria, de altibajos y claroscuros: produce grandes cantidades de oro, plata y cobre, está ligada a los precios de los mercados internacionales, tiene poca integración con la economía nacional, genera empleos y es altamente dañina de los entornos territoriales donde se localiza. Es brillo y opacidad.
La minería en México, según datos de la Secretaría de Economía del año 2014-2015, aporta aproximadamente 4 por ciento del Producto Interno Bruto, es la cuarta actividad por generación de divisas y genera 350 mil empleos directos.
El posicionamiento mundial de México en minerales no petroleros no es desdeñable: en oro, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Minera (www.camimex.mx) para 2014, el país aporta 3.2 por ciento de la producción mundial, para mantenerse como uno de los 10 primeros productores; en plata ocupa el primer lugar con una participación mundial de 18 por ciento; en cobre ocupa el décimo lugar de la economía global, con una participación de 2.8 por ciento; en plomo, la quinta posición con una participación de 4.7 por ciento, y de molibdeno se produce 4.1 por ciento, para ocupar el cuarto lugar en el mundo. Según la Secretaría de Economía, México está posesionado entre los 10 principales productores de 16 minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.
Su centro de gravedad se ubica del estado de Zacatecas, primer productor de plata, hacia el norte, donde Sonora es líder en la producción de oro, cobre y molibdeno. Según datos del informe anual 2015 de la cámara minera, para 2014 en aquellas entidades se producía 48.18 por ciento de oro, 25.63 por ciento de plata, 82 por ciento del cobre, 22.7 del plomo, 18.24 del zinc y 100 por ciento del molibdeno. Estado líder es Sonora en producción de oro, cobre y molibdeno.
En este campo de la producción nacional, los agentes económicos que se reparten el territorio son los trasnacionales lideradas por empresas canadienses, especialistas en la extracción de oro, estadunidenses y los grupos mexicanos Industria Peñoles, Frisco y Grupo México, especializado en cobre.
Durante los últimos 50 años las condiciones para la inversión minera en México dieron un giro de 180 grados. Atrás quedó la ley de mexicanización de 1961, que establecía como obligatorio la participación de empresas nacionales en al menos 51 por ciento de las empresas, con lo cual se pretendía mantener el control de actividades estratégicas, para dar paso a la ley de 1996, contemporánea del TLCAN, acuerdo trasnacional donde la actividad dejó de ser estratégica para convertirse en básica y así permitir la inversión extranjera directa de Estados Unidos y Canadá.
En las últimas tres décadas, con particular énfasis en los 21 años del TLCAN, la minería se reposicionó como una de las actividades ejes del proceso de integración con América del Norte. En esta dinámica participan empresas caracterizadas como de alto nivel tecnológico tanto en la exploración como en la extracción de minerales, que se exportan con mínimos procesos de transformación, y una relación perversa con el medio ambiente y las comunidades donde se asientan mega proyectos.
Las condiciones de operación de la minería en México están marcadas por el signo de la polémica. Ante la “crisis fiscal” del Estado, durante el gobierno de Peña, en 2014, se llevó a cabo un cambio en el régimen fiscal de la minería, que pretendía hacerse eco de la mínima contribución de la actividad minera a las finanzas del gobierno. Entre las medidas de la reforma destacan el derecho minero por hectárea concesionada, que comienza por establecer una cuota por hectárea de $5.70 durante el primer y segundo año de vigencia, hasta escalar a $124.74 por hectárea a partir del décimo primer año; asimismo establece un impuesto de 7.5 por ciento a los ingresos de la minería, medida que se aplica en la mayoría de los países mineros del mundo, y del impuesto sobre la renta se eliminó el beneficio para que las empresas mineras dedujeran de impuestos las operaciones realizadas en periodos preoperativos, que por naturaleza es una etapa de las inversiones que demanda grandes montos de capital. En realidad las “sanciones” fiscales del gobierno parecen insignificantes en relación con los beneficios obtenidos.
La minería localizada en el país durante los últimos tres años ha sufrido un retroceso relativo adjudicado a dos factores: la reforma fiscal mencionada y la caída de los precios de los minerales en los mercados de la globalización. En el caso de los impactos de la primera, las cámaras mineras del país han sido incapaces de documentar cuantitativamente su impacto en la caída de la actividad, de ahí que el factor que lo explica es el comportamiento de los precios de los commodities, donde sobresalen el oro, la plata y el cobre, entre otros metales. La actividad minera es otra de las relaciones vulnerables de México con el mundo: del ciclo de los precios, depende la demanda.
Del cúmulo de elementos que presenta la minería de minerales metálicos y no metálicos, no solamente en México, también en América Latina es básico destacar la relación perversa con los territorios, la naturaleza y las comunidades donde se asientan las grandes empresas mineras de cielo abierto. Son contadas las regiones del país donde las comunidades no han sido afectadas en su tranquilidad por los efectos de los residuos tóxicos de las minas sobre el aire, tierras de cultivo, pero sobre por los escurrimientos de agua contaminada, que desembocan en pozos y presas, cuyo consumo no sólo afecta a los consumidores de directos de pueblos, ejidos y rancherías, sino también a los habitantes de las ciudades, que no obstante, la potabilización del agua, en muchas de ellas, la presencia de metales pesados se ha salido de control.
Un ejemplo vigente que ejemplifica la realidad de la minería en México en su vínculo naturaleza-sociedad es el acontecido en la sierra del estado de Sonora en agosto de 2014. Hace ya más de un año, la vida cotidiana de siete municipios ubicados en la vera del río de Sonora —Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora y Ures—, pueblos que suman alrededor de 22 mil habitantes, se vio abruptamente alterada por la derrama de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado, proveniente de un represo de lixiviación de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea y propiedad del Grupo México.
La zona afectada conocida como la ruta del río de Sonora, vive de la pequeña agricultura, ganadería y turismo, actividades que han entrado en franco proceso recesivo desde hace 15 meses: a los campesinos y ganaderos no les compran sus productos, bajo el estigma de que están contaminados; los prestadores de servicios que atendían turistas del estado y del extranjero han visto caer sus ingresos porque bañarse en el río implica exponerse a enfermedades de la piel, y consumir la gastronomía típica de esos lugares sugiere contraer una enfermedad gastrointestinal. Ante estas circunstancias, los pueblos del río, conocidos también por su identidad histórica construida por misioneros españoles y por la relevancia política de antaño —Arizpe y Ures son dos ex capitales del estado de Sonora— corren el riesgo de convertirse en pueblos fantasmas, por la gran incertidumbre que genera consumir agua contaminada con metales pesados.
La contaminación del río Bacanuchi y Sonora, cuya separación del punto de inicio del derrame, hasta la presa El Molinito, ubicada a 30 kilómetros de la capital del estado, Hermosillo, es de 200 kilómetros, hizo que convergieran actores institucionales y sociales: Grupo México, gobierno del estado, Sagarpa, Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades municipales y comunidades afectadas. En principio, se creó un fideicomiso por 2 mil millones de pesos con cargo a la empresa, para emprender obras de remediación, además del cobro de una multa por cerca de 24 millones de pesos. Todas las fuerzas de la federación involucradas, para dar resultados cuestionables; el contraste entre los ingresos de esta empresa trasnacional mexicana y los egresos por sanciones, es ostensiblemente grotesco.
El déficit en materia de sustentabilidad de la industria minera que opera en el país no es privativo del norte de México. El territorio nacional está asentado en una macro-mina con filones y yacimientos de toda clase de metales. Según estadísticas de la Secretaría de Economía, para junio de 2014 el gobierno había otorgado 25 mil 566 concesiones mineras, en 25.7 millones de hectáreas, las cuales representan el 12. 85 de la superficie de México. Esto involucra el México del norte, centro y sur.
Grandes megaproyectos mineros se ubican en Oaxaca, en territorio de zapotecos, mixtecos, chatinos y triquis; igual en la sierra norte de Puebla, tierra de comunidades nahuas y totonacas; los hay también en Veracruz, Guerrero y otros estados del país.
Ante un poder económico de estas dimensiones, el reto es para la ciencia, las instituciones y las comunidades directa e indirectamente afectadas. Del problema cada vez se hace más conciencia social, los reclamos contra el neoextractivismo se escuchan en toda América Latina, pero por desgracia las soluciones no parecen estar a la vuelta de la esquina. Si llegan, ojalá, no sean demasiado tarde.
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