Referirnos a la primera década del siglo XXI significa puntualizar cambios importantes en la historia migratoria México-Estados Unidos. Una historia que data de más de 100 años y que en 2007, de acuerdo con el Centro PEW (2015:7), alcanzó su punto máximo con 12.8 millones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Este mismo centro también señala que, entre 2009 y 2014, cerca de un millón de mexicanos y sus familias salieron del país para retornar a México, en contraste con 870 mil mexicanos que emigraron a Estados Unidos durante este periodo (2015: 7). Observando los cambios en la política migratoria estadounidense, resulta necesario señalar el arribo a México de otros grupos de migrantes que fueron aprehendidos, retornados y removidos por autoridades estadounidenses y cuyo regreso estuvo ligado a condiciones forzadas y de deportación.
Fuente: elaboración propia con datos del PEF, 2009-2016
A partir de estos cambios en la direccionalidad de los flujos migratorios México-Estados Unidos, la migración del retorno adquiere mayor visibilidad en la agenda pública y política de México. Sobre todo si consideramos, como señala Durand, que la decisión del retorno implica el reinicio del proceso migratorio aunque en sentido inverso y, por ende, el inicio de una nueva fase de decisiones (2004, 104), que van desde el ámbito privado, individual y familiar a la esfera pública, política, económica, social y comunitaria. Particularmente, en el ámbito público, surge la preocupación de cómo (re)integrar a los migrantes de retorno y sus familias (incluyendo niños nacidos en Estados Unidos) a sus comunidades y, en algunos casos, el interés de establecer acciones que promuevan su (re)inserción económica y social.
De acuerdo con datos del Anuario Migración y Remesas, la edad de la mayoría de los migrantes retornados oscila entre los 18 y 39 años y de 40 a 59 años de edad, lo que significa que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, 60.5 por ciento son trabajadores subordinados y remunerados; alrededor de 37.7 por ciento se insertan en actividades agropecuarias, seguidas del sector servicios (19.4 por ciento) y la construcción (17.2 por ciento); cerca del 54 por ciento retornan a localidades rurales y 46 por ciento a localidades urbanas y 84.1 por ciento carece de servicios de salud, y más de dos terceras partes son hombres (BBVA y Conapo, 2015: 93- 99).
Estas características sociodemográficas de los retornados nos dejan entrever múltiples necesidades de atención en materia de política pública, que incluso pueden variar según el género y la edad. En el caso de retornados en edad productiva (hombres y mujeres), algunas de estas necesidades pueden estar relacionadas a su (re) inserción laboral y productiva, el acceso a empleos formales y prestaciones sociales, así como acceder a capacitaciones laborales, certificaciones de competencias o ser sujeto de créditos y apoyos monetarios para el financiamiento de proyectos productivos, etcétera. En el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes retornados está presente la necesidad de continuar sus estudios y con ello el reto de fomentar su (re)inserción educativa, facilitar la revalidación de estudios, promover apoyos en la enseñanza del inglés para los inmigrantes nacidos en Estados Unidos (hijos de mexicanos) o impulsar mecanismos que disminuyan y eviten prácticas de acoso escolar, discriminación o rechazo social. Otras problemáticas relacionadas con la migración de retorno están asociadas a la emisión y validación de documentos, la acreditación de identidad, el acceso a la salud, a otros servicios y programas sociales en México, la asistencia técnica y legal, el acompañamiento psicológico, así como fomentar la protección a los derechos humanos y la (re)integración sociocultural en las comunidades de retorno, etcétera.
Varias de estas necesidades fueron, continuamente expresadas y recopiladas, en foros de consulta realizados, entre el 22 de octubre y 14 de diciembre de 2013, por la Unidad de Política Migratoria (UPM) para elaborar el Programa Especial de Migración (PEM). El programa deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND), identifica 19 dependencias de ejecución y desglosa alrededor de 95 programas, proyectos y acciones enfocadas a la atención de la migración en sus cuatro dimensiones (emigración, inmigración, migración de retorno y de tránsito). El PEM, a pesar de casi cumplir dos años de su publicación (30 de abril de 2014) y tener una vigencia de cuatro años (2014-2018), en su portal de transparencia carece de información disponible relacionada a los 11 indicadores de seguimiento a su desempeño. Esto es uno de los retos más importantes del propio programa para alcanzar el objetivo de ser un programa de carácter transversal, intersectorial y programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y gestión migratoria (SEGOB, 2014)
Cabe resaltar que antes del PEM no existía una plena identificación del número de programas y actores públicos que participaban en la atención del fenómeno migratorio. En el Directorio de Programas Institucionales para la Población Migrante 2015 se provee la información de 100 programas, 23 programas más que en su directorio de 2013 (INMUJERES, 2013 y 2015). Esto da una clara evidencia de la falta de organización y sistematización que ha existido en materia de política pública con relación a la atención de la población migrante en México.
En el tema de retorno podemos ubicar entre estas políticas, programas y acciones públicas: la repatriación de connacionales enfermos, el tratamiento de migrantes en retorno con uso de drogas, el subprograma repatriados trabajando, la estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, y el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM). Este último se establece, por primera vez en 2009, en el artículo 56 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), acotando a 24 estados y 563 municipios mediante el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. El principal objetivo de este programa es apoyar a los migrantes de retorno y a las familias que reciben remesas a encontrar una ocupación en el mercado formal o autoemplearse; generar ingresos, mejorar su capital humano y vivienda, así como dar apoyo a la operación de albergues para retornados (SCPH, 2009).
Si bien el establecimiento del FAM apenas supera un lustro, el fondo ha sufrido múltiples cambios en la asignación de su presupuesto oscilando entre 100 millones de pesos y 300 millones de pesos. En 2014, los recursos del FAM representaron 0.4 por ciento del total del Ramo 23, y fueron menores al presupuesto asignado al ramo de infraestructura pública y a los fondos metropolitanos (SHCP, 2014: 2). No obstante lo limitado de su presupuesto, los recursos asignados al FAM han adquirido un valor esencial para los gobiernos locales al convertirse en un importante medio de financiamiento para la atención de los retornados, fundamentalmente en el fomento de proyectos productivos, de infraestructura y equipamiento. Esto, sin duda, se convierte en un importante reto no sólo en la administración de los recursos y la necesidad de dar un monitoreo a los resultados del FAM a siete años de su implementación, sino en la forma en cómo este tipo de acciones permiten, o no, el cumplimiento del objetivo para el que fue creado, así como de dar respuesta a las exigencias de múltiples actores gubernamentales (gobiernos locales, poder legislativo) y no gubernamentales (academia, sociedad civil, población retornada) para ampliar el fondo y consolidarlo como política pública.
Bibliografía
BBVA y Conapo. (2015). “Migración de Retorno a México.” Anuario Migración y Remesas, 2015.
Durand, J. (2004). “Ensayo Teórico sobre la migración de retorno, el principio del rendimiento decreciente.” Cuadernos Geográficos. 35. Pp. 103-116.
INMUJERES. (2015). Directorio de Programas Institucionales dirigidos a migrantes.
PEW, Research Center. (2015). “More Mexicans leaving than coming to the U.S.” Washington, D.C.
SHCP. (2009-2013). Presupuesto de Egresos de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
SHCP. (2014). “Ramo 23 mejora el desarrollo regional, ahora favorecido con mayor transparencia. Informe semanal del vocero.
SEGOB. (2014). Programa Especial de Migración, 2014-2018.
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