El pasado 29 de junio fue asesinada con tiro de gracia Meztli Sarabia Reyna, hija del dirigente de la Unión popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como “Simitrio”. Cuatro sicarios irrumpieron en las oficinas de la organización, preguntaron por ella y le dieron dos disparos: uno en el abdomen y otro en la nuca, e hirieron en la cabeza a Pablo Alfredo Barrientos, comerciante miembro de la organización citada.
Hace 45 años se formó la 28 de Octubre y desde entonces ha actuado al margen de los partidos políticos y de los gobiernos estatales y municipales, quienes reiteradamente han intentado coptarla y dividirla. Su dirigencia ha sido sistemáticamente reprimida y su cofundador y líder moral Simitrio ha estado en prisión durante 15 años; actualmente está bajo arresto domiciliario por un delito inexistente legalmente. Con el gobierno de Rafael Moreno Valle se intensificó la represión en la entidad poblana (hay 366 pesos políticos) y a partir de 2014 se hostigó cotidianamente a la 28 de Octubre: al negarse Simitrio a entregarle la organización al gobernador poblano, éste lo reencarceló y aprehendió a otros cuatro dirigentes de la acosada organización: Xihuel y Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna, hijos de Simitrio; Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas; otros cuatro miembros de la 28 de Octubre son perseguidos políticos: Rita Amador López, esposa de Simitrio; María de la Luz Gálvez Javier, “Julia”, esposa de Xihuel Sarabia así como los dirigentes Sergio León López y Silverio Montes Silva.
El asesinato de Meztli se dio en un contexto de combate frontal de las fuerzas armadas contra los huachicoleros poblanos, quienes durante la gestión de Rafael Moreno Valle fueron intocables y prósperos. El asesinato de Meztli es político, es una nueva agresión contra la 28 de Octubre, perpetrada por sicarios profesionales y solapada por omisión de la policía ministerial. El gobierno de la entidad está obligado no sólo a otorgarles seguridad pública a los ciudadanos, sino a investigar este artero crimen y castigar a los asesinos. Hay una indignación generalizada en el país por la indiferencia y pasividad del Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales para contener o combatir la inseguridad pública: han aumentado los robos, los asesinatos dolosos, los levantones, las desapariciones forzadas; los secuestros, los presos políticos; las ejecuciones sumarias; los feminicidios; también se ha incrementado el acoso, la represión y muerte de los defensores de los derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, y comunicadores, y no hay investigación ni castigo para los autores materiales e intelectuales de esos bochornosos hechos. La corrupción, la impunidad y la connivencia entre poderes fácticos y legales no es estrategia electoral opositora, en nuestra realidad cotidiana contra la cual estamos inconformes. Si los poderes legalmente establecidos no pueden proporcionar bienestar material para la población, ni la consolidación de espacios democráticos; al menos garanticen un poco de seguridad pública.
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