Las y los jóvenes canalizaron sus energías para auxiliar a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, como hace 32 años lo hicieron sus padres: hicieron acopio, traslado y entrega de víveres; participaron en reparto de alimentos y clasificación de medicamentos; retiraron escombros, rescataron cuerpos y sobrevivientes; recuperaron menaje y, en algunos casos, ofrecieron primeros auxilios y tareas de supervisión de inmuebles afectados. Lo hicieron generosamente, motivados por el deseo de colaborar desinteresadamente con los damnificados: el qué y el cómo ayudo eran preguntas retóricas expresadas ante el dolor por la tragedia.
La espontaneidad y masividad de la solidaridad enfrentó sucesivos desencantos: la concentración de perecederos en una misma localidad, triangulación y manipulación del donativo, acopio de medicamentos caducados, congestionamiento vial y negativas a la ayuda (“estorban, váyanse a otra parte”). La tragedia rebasó la capacidad para organizar y/o jerarquizar la ayuda: el qué y el dónde era necesaria la solidaridad no fue emitida oportunamente por alguna institución confiable, si es que acaso hay alguna que nos satisfaga. La solidaridad se expresó a través de agrupamientos sustentados en lazos consanguíneos y de amistad, ahí donde hay confianza e intereses comunes: familias, amigos, compañeros de actividades educativas, recreativas o que mantienen una identidad territorial. Con el neoliberalismo mermó la confianza transgeneracional que teníamos en instituciones como el ejército o la iglesia y es consensual la desconfianza que tenemos de las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; también están desacreditaos los partidos políticos y las organizaciones sociales y patronales. Las pocas instituciones que se mantienen erguidas son la familia, las amistades y las instituciones educativas, y fue precisamente a través de ellas como se canalizó la solidaridad.
La espontaneidad de la ayuda y la desconfianza institucional hace ineficiente en muchos casos la solidaridad: acopio de donativos entre las familias de los solidarios, entrega del mismo producto, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. La abundancia de ayuda temporal en ciertos lugares es concomitante al ayuno de damnificados de otras poblaciones, de las cuales los solidarios desconocen sus necesidades. La avidez por entregar de mano la ayuda se sustenta en la desconfianza que tenemos de los centros oficiales de acopio y de sus respectivos gobiernos, más que en el protagonismo o anarquismo de los solidarios. Restablecer un mínimo de confianza institucional es un imperativo social para cohesionarnos, pero la institucionalidad también puede generarse a partir de los grupos de ayuda, entre los solidarios, entre los damnificados y entre ambos; ese carácter participativo de la acción fue bloqueado al centralizar la ayuda en instancias oficiales y/o impedir la acción directa entre solidarios y damnificados. La solidaridad se enfoca a la alimentación y vestido; la vivienda (construcción por pérdida total, reparación por daño estructural o afectación menor) se atiende con fondos públicos, por lo general insuficiente dada la magnitud de los daños.
Los sismos se ensañan con los pauperizados, pero afectan también a quienes no lo están y para éstos la ayuda es insignificante o inexistente, lo que no quiere decir que sea abundante para los primeros. La vivienda ofrecida para reparar la pérdida no siempre corresponde a los usos y costumbres de los damnificados, y mucho menos es de la dimensión de la que se pretende sustituir; los damnificados no participan en su diseño y muchos menos en su edificación, ésta es para los compadres y socios de los funcionarios públicos. Garantizar la participación de los damnificados en el diseño y edificación de la vivienda puede ser un principio para restablecer el ya muy maltratado tejido social, transparentar el ejercicio del gasto público de dicha ayuda también abonaría en ese sentido. Sería grotesco y condenable que los fondos públicos se ejercieran como los de la cruzada nacional contra el hambre: condicionando la ayuda a la orientación del voto, desviándolos hacia paraísos fiscales y ejerciéndolos a través de empresas que privilegian la usura y la corrupción.
