En los últimos 20 años, en México se han puesto en práctica diversas políticas de gobierno abierto que se han traducido en la conformación de leyes e institutos de transparencia y acceso a la información, tanto a nivel federal como estatal. Tales medidas pretendieron en primera instancia, disminuir el secretismo gubernamental en materia de planeación, ejercicio del poder, control y evaluación del desempeño gubernamental. En una segunda instancia, la transparencia y acceso a la información pretendía que los ciudadanos se incorporaran como sujetos activos en los procesos de la política pública.
Sin embargo, el secretismo gubernamental y la baja participación política de los ciudadanos todavía forman parte de los graves problemas que el país enfrenta. Para ejemplificar lo anterior se retoman los resultados del índice de percepción de la corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional, con base en este índice, México ocupa el deshonroso lugar 135 entre los 180 países evaluados, el país peor valuado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La alta percepción de corrupción deja entrever que los ciudadanos mexicanos consideran que sus gobiernos actúan irresponsablemente y que la información oficial no es confiable. A pesar de esas limitaciones, los avances en transparencia y acceso a la información debe protegerse. De lo contrario, tanto la discrecionalidad como el abuso de poder persistirán como prácticas comunes. Así, la tarea pendiente requiere una reorientación y fortalecimiento de las instituciones ya creadas.
En particular, se invita a reflexionar sobre la política de información en materia de economía y finanzas públicas, las vías institucionales de comunicación pública y los retos en razón a su credibilidad. Los datos económicos se requieren para conocer las condiciones actuales sobre empleo, salarios, condiciones de pobreza, expansión o retraimiento de las actividades económicas, entre otras variables. En tanto, información confiable sobre finanzas públicas permite identificar las fuentes de ingreso y prioridades de gasto público.
Es más, cuando la información económica y financiera se analiza de manera conjunta, es posible identificar problemáticas y fortalezas que a través del ejercicio del gasto público se pueden atender. En otras palabras, el seguimiento de los indicadores económicos usualmente se emplea para evaluar los resultados de los gobiernos. Sea para describir o medir causas y efectos, la información económica y financiera es una útil herramienta para ciudadanos, funcionarios y autoridades.
En México, gran parte de los indicadores económicos (empleo, inflación, crecimiento económico, entre otros) son estimados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geogtrafía y Banco de México. Ambas instituciones gozan de autonomía técnica y de gestión, lo cual brinda cierta independencia del gobierno federal. Actualmente, estas instituciones son fuertemente reconocidas por ciudadanos, investigadores y organismos internacionales; es tal su credibilidad que los indicadores empleados para estudios oficiales y civiles a nivel estatal y municipal refieren, de manera obligada, a dichas fuentes.
En materia de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a nivel federal y la Secretaría de Finanzas a nivel estatal son las entidades encargadas de emitir la información oficial sobre ingresos, gasto y deuda pública. En este caso, las dos entidades responden ante el Ejecutivo federal, los titulares son designados por el presidente o el gobernador. Por tal situación, la información publicada por estas dependencias expresa un sesgo político en favor del Ejecutivo.
A nivel federal, existen dependencias públicas nacionales e internacionales que ejercen contrapeso político a la información financiera expuesta por la SHCP, estas son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y, a nivel internacional, Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Fondo Monetario Internacional. La ASF y CEFP son organismos auxiliares del Poder Legislativo y están obligados a publicar los resultados de sus estudios. La ASF auxilia durante el proceso de evaluación de las cuentas públicas y el CEFP aporta elementos de análisis, estudios, proyecciones, en materia de finanzas y economía que enriquecen el debate parlamentario.
Por su parte, los organismos internacionales presionan al gobierno federal para que la información sobre finanzas públicas se apegue a las mejores prácticas internacionales. Así, los organismos internacionales al perseguir sus propios intereses (proteger las inversiones efectuadas en México) exigen una mayor disciplina a la SHCP. En consecuencia, los contrapesos internos y externos motivan que la información publicada por la SHCP enfrente debate e inspección. A pesar de esos múltiples ojos, los procesos de sanción a los funcionarios y/o autoridades que ejercieron irresponsablemente los recursos públicos siguen siendo sumamente ineficientes.
A nivel estatal, en Puebla como el resto de los estados del país, los contrapesos a la información expuesta por las Secretarías de Finanzas son menores y por ello la credibilidad es menor. Los organismos internacionales no inspeccionan la información expuesta por los gobiernos estatales o municipales. Y en materia de fiscalización, la Secretaría de Finanzas debe rendir cuentas ante la Auditoría federal y estatal; sin embrago, a la fecha, los más duros señalamientos sobre irregularidades sobre el ejercicio del gasto público estatal provienen de la ASF, la cual sólo fiscaliza los recursos federales transferidos a los estados.
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) enfrenta diversos problemas para garantizar su autonomía del Ejecutivo. Los gobernadores y el partido dominante en el Congreso local han capturado la designación del titular de la Auditoría y limitado sus facultades de inspección y sanción. Por tal situación, la auditoría se ha manipulado y se ha utilizado como instrumento de castigo político a los enemigos del partido gobernante, en lugar de representar una herramienta de contrapeso legislativo.
Para reducir el sesgo en favor del Ejecutivo, la ASEP debería diseñar un plan de auditorías anual, en la cual se justifique públicamente las auditorías y la metodología que emplearán para ejecutar la tarea, es decir, la mayor parte de las auditorías deben ser resultado de la planificación y no del contexto político. Posteriormente, los resultados de cada una de las auditorías deben publicarse en medios electrónicos para el conocimiento público, en ellas deberá indicarse los resultados de la auditoría, las observaciones y sanciones administrativas asignadas; también deberá indicarse las recomendaciones. Para que la ASEP pueda fungir como contrapeso, la designación del titular y los auditores principales deberá ser resultados de una negociación legislativa, no de la imposición del partido gobernante. Finalmente, la ASEP debe contar con mayores instrumentos de sanción que le permitan castigar la irresponsabilidad pública.
Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Legislativas (IIL) del Estado de Puebla es un organismo público que responde a los intereses del Legislativo local. En materia de finanzas públicas, su función principal es apoyar al Legislativo a través de estudios y análisis. En la actualidad este organismo se maneja en completa opacidad, pues no informa públicamente sobre sus actividades y los resultados obtenidos. Por tanto, no es posible valorar su aportación como instrumento de contrapeso político para el Legislativo. Para lograr su independencia y credibilidad pública, esta dependencia debe ejercer su autonomía, la designación de los funcionarios deberá acreditarse a través de méritos académicos y de investigación. Además, se le debe dotar de mayores recursos, los cuales deberá defender a través de los resultados de investigación serios, los cuales apoyarán el proceso legislativo y, a la vez, informar a la sociedad. Este instituto es de gran importancia, pues debe desarrollar investigación técnica y educar a legisladores y ciudadanos.
En el estado de Puebla cuenta con dos organismos que pueden influir en el debate económico y financiero, la ASEP y el IIL. Sin embargo, estas instituciones enfrentan peligros que limitan su autonomía del Ejecutivo. En el corto plazo, urge dotar de mayor autonomía a esos dos organismos, conferirles los recursos humanos y financieros que garanticen su desempeño extenso y juicioso. Asimismo, la responsabilidad de esas dependencias debe cubrir dos objetivos principales, dotar de información al Poder Legislativo y a los ciudadanos. En Puebla se debe crear y fomentar los debates democráticos, donde las ideas y la evidencia sean el punto central de la argumentación de los problemas públicos y sus soluciones.
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