Propuesta de política económica (2018-2024) para un ejercicio democrático de gobierno en el estado de Puebla

El desarrollo capitalista en Puebla muestra los mismos rasgos distintivos del  capitalismo en México: una profunda desigualdad social donde coexisten sectores minoritarios de la población que acumulan la mayor parte de la riqueza y el ingreso, frente a millones de personas en situación de pobreza y en una muy vulnerable situación social; al mismo tiempo, existen regiones en las cuales se concentra la población, la inversión y las actividades económicas de mayor desarrollo de las fuerzas productivas y de elevada productividad, frente a otras donde predomina la pobreza y la carencia absoluta de bienestar social, escaso empleo formal y en las que buena parte de la población vive en situación de pobreza extrema.

Estas condiciones exigen, para el estado de Puebla, un proyecto de desarrollo que recupere la vocación social y democrática del gobierno, y lo separe de los poderes fácticos, a fin de impulsar una política deliberada para alcanzar los objetivos de bienestar social generalizado.

Esto significa superar el concepto tradicional de desarrollo comprendido solo como crecimiento económico, pues esta visión estrecha y limitada es incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Por el contrario, un proyecto alternativo debe reconocer al ser humano como sujeto y fin del proceso económico, lo que significa privilegiar al trabajo y abandonar el objetivo del crecimiento y la ganancia como los fines únicos de la actividad económica; se trata, en cambio, de establecer una nueva y equilibrada relación entre sociedad, gobierno y mercado, en armonía con la naturaleza, relación que tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten mejorar las condiciones de vida de la población.

Con este propósito, el sistema económico habrá de integrarse por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. No se trata de segmentar la economía, por el contrario, el sistema económico debe comprender todas las formas de organización económica existentes y las que puedan surgir en el futuro. Se trata, en fin, de construir un sistema armónico, solidario y social, como constituyentes de un todo.

Al mismo tiempo, habrá que hacer un esfuerzo por superar el divorcio entre “lo económico” y “lo social”, entre “lo productivo” y “lo solidario” y, a diferencia de las visiones tradicionales del desarrollo, deberá considerarse la solidaridad como el valor básico de la economía.

Como parte esencial de este proyecto, conviene recuperar el concepto del Buen Vivir, que no es una propuesta de desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento, la productividad y el trabajo alienante. En otras palabras, el Buen Vivir surge de la necesidad de superar las limitaciones del crecimiento y la ganancia como propósitos únicos de la actividad económica y, además, cuestiona las bases fundamentales del desarrollo ancladas en la idea de progreso y su visión productivista.

El Buen Vivir ofrece la oportunidad de construir una sociedad basada en la convivencia del ser humano, y sus diferencias, en armonía con la Naturaleza, reconociendo la diversidad de valores culturales existentes en las distintas regiones que integran el estado de Puebla.

Las siguientes líneas ofrecen algunas propuestas de política económica para un ejercicio democrático de gobierno.

Es de fundamental importancia recuperar la racionalidad pública que permitan llevar a cabo políticas de desarrollo regional, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, cuyo objetivo central sea disminuir las desigualdades existentes entre las regiones del estado y regular el crecimiento urbano, estableciendo una relación armoniosa entre la ciudad y el campo.

Para avanzar en el desarrollo solidario, el próximo gobierno estatal debe cubrir la deuda social que se tiene con los campesinos y los trabajadores del campo, a quienes se debe apoyar con crédito, riego, precios de garantía y asistencia técnica e infraestructura para la producción y comercialización de sus productos. Con este propósito, es necesario constituir circuitos regionales de producción, circulación, distribución y consumo de los satisfactores básicos en las regiones mismas, más que pensar en el mercado urbano y el lucro. Estos circuitos estarán basados en la economía solidaria constituida por pequeños y medianos productores vinculados a cooperativas de producción y consumo. Se trata de un sistema endógeno que aproveche el potencial local para dinamizar la actividad económica. Al mismo tiempo, se deberá impulsar la creación de cooperativas y cadenas productivas con productores regionales, centros de comercialización sin intermediarios y terminar con los cacicazgos.

La agricultura, para nuestros pueblos, representa no solo la administración de sus bienes naturales, sino también una cultura profundamente arraigada de respeto a los derechos de la naturaleza, derechos que deben ser incorporados a la Constitución Política del estado.

Los campesinos y los pueblos originarios deben ser reconocidos como sujetos de derecho y se les debe garantizar la certeza jurídica en la propiedad común de sus territorios y la protección de sus bienes naturales. En consecuencia, se prohibirán los “proyectos de muerte” que despojan de territorio y recursos naturales a sus legítimos propietarios y son causantes de la depredación y destrucción de la naturaleza.

Por su parte, el gasto público habrá de orientarse a impulsar proyectos sustentables y con impacto regional inmediato en sectores de productores pequeños y marginados, además de apoyar una agricultura de hortalizas y otros alimentos básicos para el consumo local, lo que hace indispensable recuperar las técnicas y prácticas campesinas, que se han desarrollado bajo los principios de cooperación, integración y respeto a los derechos de la naturaleza, e impulsar la agroecología y, al mismo tiempo, declarar a Puebla “estado libre de semillas transgénicas”. Como parte del apoyo a la agricultura campesina, debe explorarse la idea de un mercado institucional, que significa compras del gobierno a la agricultura campesina para abastecer a sus instituciones. De la misma manera, se deberá establecer un sistema de precios de garantía en apoyo a los pequeños y medianos productores, que son víctimas permanentes de intermediarios, especuladores y caciques.

La orientación de la política de apoyo a la agricultura se sustentará en la soberanía alimentaria, como un derecho de los pueblos opuesto al modelo neoliberal basado en las agroexportaciones, la especulación y el acaparamiento de productos por parte de empresas monopólicas y en el monocultivo de agricultura industrial.

Paralelamente, debe diseñarse un plan de impulso a las pequeñas y medianas empresas, acompañado de un programa de desarrollo social que recupere la vocación de servicio del gobierno estatal, que no debe sucumbir ante el mercado, ni a los criterios de rentabilidad, sino que ha de procurar asegurar que se amplíe el empleo y que ningún poblano quede sin acceso a la educación, la salud, el agua, la vivienda digna, todos derechos humanos inconculcables. Para lograr este propósito es indispensable coordinar este proyecto con los tres niveles de gobierno.

El impuesto sobre la nómina debe mantenerse para emplearse en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; además, destinarse a establecer la pensión universal a los adultos mayores, los discapacitados y madres solteras.

Con estas propuestas, incorporadas al plan estatal de desarrollo, es posible que un gobierno democrático cumpla con el propósito fundamental de crecer, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, crear empleo y apoyar al campo a fin de alcanzar una sociedad basada en el Buen Vivir.

 

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