El reconocimiento constitucional de la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior replantea la autonomía de las universidades a quienes los congresos se la han conferido, y la reciente promulgación de la Ley General de Educación Superior (LGES) agrega nuevas tensiones a las ya conflictivas relaciones de esas universidades con los congresos en torno a su autogestión de gobierno y de administración patrimonial. Pocas instituciones de educación superior (IES) son financiadas solamente por la Federación (UNAM, UAM, UACh, entre otras); en cambio, 36 IES estatales —las de mayor matrícula escolar— son cofinanciadas tanto por la Federación como por las entidades federativas; tanto a unas como a otras les es insuficiente el subsidio para cubrir sus actuales compromisos contractuales, y mucho menos, para expandir matrícula y renunciar al cobro por ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.
La expansión de la matrícula escolar de educación superior (ES) suele darse con incrementos del subsidio público, tanto de los ordinarios como de los extraordinarios, incluso en los sexenios presidenciales de Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Calderón, el crecimiento del gasto federal en ES superó al crecimiento de la matrícula, no sucedió así en la gestión de Enrique Peña Nieto, donde el gasto federal prácticamente no creció y la matrícula escolar de ES aumentó en 28 por ciento*; en la primera mitad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador sucedió algo similar, no hay incremento real del gasto educativo en general ni del correspondiente a la educación superior y hay metas programáticas que se esperan cumplir en 2024: una tasa bruta de matriculación de educación superior del 50 por ciento y para lograrlo, el incremento deseado es de 554 mil alumnos en cuatro años, para ello es necesario un aumento del subsidio público ordinario de por lo menos 10 mil millones de pesos por año y no existe tal situación: en 2018 el gasto federal por alumno de educación superior en términos reales (a pesos de 2019) fue de 52 mil 423 pesos y para el año en curso se estima en 50 mil 54 pesos.**
El congelamiento del subsidio federal a las IES públicas estatales puede generar tensiones en las entidades federativas para que los gobiernos locales aporten la misma cantidad que la Federación, como es de esperarse, ya que son los congresos locales los que le otorgaron su autonomía y los gobiernos estatales se comprometieron a cofinanciarla en los mismos porcentajes que la Federación, lo que solo ocurre en Veracruz, estado de México y Sonora y han aceptado cumplirlo gradualmente en Michoacán, Morelos y Zacatecas (AMLO. (2021). Tercer Informe de Gobierno, p 249); en promedio, la Federación aporta dos tercios del subsidio ordinario y los gobiernos locales, un tercio. Cuando las IES estatales autónomas exigen mayores aportaciones de los gobiernos estatales, así como la entrega oportuna de esos recursos, los ejecutivos estatales suelen argumentar opacidad, mal manejo de los recursos públicos, presunción de actos reiterados de corrupción y amagan con nombrar a contralores externos para garantizar un manejo probo y eficiente de los recursos públicos, lo que vulneraría la autonomía de esas IES. La mística del servicio público, la justa medianía, la eficiencia y probidad no son valores plenamente compartidos por muchas burocracias universitarias, quienes ante la astringencia financiera recortan gastos de operación para las actividades académicas e incrementan cuotas y colegiaturas, lo que puede catalizar resistencias intramuros por ser acciones anticonstitucionales.
La ES impartida por el Estado será gratuita y obligatoria se consigna en el artículo 3º constitucional. La gratuidad será gradual y estará condicionada por la capacidad presupuestaria, se dice en los artículos 62 y 66 de la LGES; la obligatoriedad está en función de los requerimientos de las IES públicas (fracción X del artículo 3º constitucional), que por lo general ajustan el ingreso al ofrecimiento de matrícula, la cual está determinada, en la mayoría de los casos, por su presupuesto. El crecimiento de la matrícula de ES será gradual (artículos 62, 63 y 64 de la LGES) y estará condicionada por la disponibilidad de recursos públicos. Si el gasto público en educación superior, incluido ciencia y tecnología, sigue siendo menor al 1 por ciento del PIB, la meta de alcanzar una cobertura bruta del 50 por ciento en la matriculación de educación superior y la gratuidad en la ES pública parece complicada. Se estima en 12 mil millones de pesos los ingresos propios de la IES pública procedentes del cobro de derechos y no hay atisbo de que habrá recursos públicos para tal fin. El plausible incumplimiento de gratuidad y obligatoriedad de la ES puede ser fuente de conflictos sociales en las IES públicas.
Una de las modificaciones al artículo 3º constitucional realizada el 15 de mayo de 2019 establece que la rectoría de la educación le corresponde al Estado y en el artículo 20 de la LGES se consigna que la ES pertenece al Sistema Educativo Nacional. El Sistema Nacional de Educación Superior lo integran todos “los actores, instituciones y procesos educativos”, es decir, todo lo referente a educación superior: IES públicas y privadas; desconcentradas, descentralizadas o autónomas; universitarias, tecnológicas o normales; programas, normas jurídicas, políticas; estrategias; sistemas de evaluación y certificación; alumnos matriculados, trabajadores académicos y administrativos; autoridades unipersonales de las IES, funcionarios de educación de los tres niveles de gobierno; consejos colegiados de vinculación y de consulta; comisiones estatales así como el Consejo Nacional de Coordinación de Educación Superior (Conaces). Las autonomías de las IES federales y estatales se subsumen en el Sistema Nacional de Educación Superior, coordinado por la SEP.
El Conaces es el órgano colegiado facultado para acordar acciones y estrategias para impulsar la educación superior (artículo 42 de la LGES), lo coordina la titular de la SEP y en su integración los alumnos y docentes solo tienen 18 representantes en total; 35 escaños corresponden a funcionarios públicos; 18 representaciones le corresponden a las universidades públicas federales y estatales (autónomas, desconcentradas y descentralizadas); 18 representaciones a las universidades e institutos tecnológicos o politécnicos federales y estatales (desconcentrados o descentralizados);18 representaciones a las escuelas normales o escuelas formadores de docentes; cuatro lugares para la UNAM, UAM, UPN y Tecnológico Nacional de México; seis lugares para IES privadas y siete representaciones para Asociaciones de IES públicas y privadas. Las representaciones gremiales o sindicales están ausentes.
Entre otras funciones, al Conaces le compete formular propuestas para el diseño y contenido de los programas de educación superior nacionales y locales y formular propuestas para la investigación humanística, científica y tecnológica de las IES; cabe la posibilidad de que las IES autónomas definan líneas de investigación o programas de docencia que no correspondan a los sugeridas o priorizadas por el Conaces y que el subsidio público pueda limitarse o condicionarse, vulnerando la autonomía de las IES para definir programas y contenidos. Una representación unipersonal de las IES autónomas que goce de liderazgo académico, moral, político y legal estará en mejores condiciones de defender la autonomía que aquellas que adolecen de ellas. En nuestro particular caso, el nombramiento de rector de la BUAP para el periodo 2021-2025 vulnera los artículos 40 (paridad de representantes académicos y estudiantil), 42 (periodo bianual de la representación de académicos, administrativos y estudiantes), 49 (sesión extraordinaria para modificación de estatutos y 56 (proceso para modificaciones estatutarias) del Estatuto Orgánico de la BUAP y hace ilegal a una representación que puede no ser solo legal, sino también legítima y con fuerza moral para defender la autonomía universitaria.
*Mendoza Rojas, Javier. (2019). Presupuesto federal de la educación superior en el primer año de gobierno de AMLO: negociación y retos. México:ANUIES. Revista de la Educación Superior, 48:19.
** Mendoza Rojas. Javier (2021) Financiamiento de la educación pública superior. Conferencia a distancia en la FE.BUAP, 27 de agosto.
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