El gobierno de AMLO llegó a las dos terceras partes de su recorrido con expresiones masivas de la polarización política existente. El tema de una de las movilizaciones fue “defender al INE, consigna con la que se expresa el rechazo de quienes se han opuesto a las medidas que en diversos ámbitos ha instrumentado el gobierno. La otra movilización, indudablemente mayor, fue en respaldo al gobierno de la 4T.
Estas expresiones contrapuestas dan cuenta de un ambiente político, en el que casi resulta ocioso intentar hacer un balance equilibrado del desempeño económico en estos cuatro años, de lo que no se ha logrado, de indudables aciertos y de fallos también indudables. Este balance, en la medida en la que reconoce virtudes y defectos de la administración federal del país, puede resultar inaceptable, ya que se desmarca de los polos políticos existentes. Pese a este riesgo, en este texto se busca ofrecer una valoración ponderada de los resultados económicos de estos cuatro años, seguida de un breve comentario sobre algunos asuntos políticos controvertidos impulsados por la 4T.
La política económica de la 4T y la marcha de la economía nacional
Los resultados económicos de los cuatro años de gobierno de AMLO deben analizarse considerando, primero, resultados en diversos indicadores y, luego, ofreciendo explicaciones sobre el desempeño observado. En cuanto a los indicadores nos concentramos en tres: PIB, salarios e inflación, en los que se expresan con claridad decisiones políticas y de política económica. En relación con el crecimiento del PIB la información anual es: 2019: -0.1 por ciento; 2020: -8.2; 2021: 4.8; y 2022 se estima que será de 3 por ciento. El dato promedio para los cuatro años del gobierno de la 4T es de -0.125. Evidentemente el PIB por habitante es malo, ya que con un ritmo de crecimiento anual de la población de 1.2 por ciento decreció 5.3 por ciento.
En este resultado pesa significativamente la pandemia que paralizó al mundo y que detuvo todas las economías. Sin embargo, cada país respondió diferenciadamente dependiendo de las políticas diseñadas por su gobierno para amortiguar los efectos recesivos de la pandemia. En nuestro caso indudablemente fueron insuficientes, por eso en 2020 el producto tuvo una contracción severa. La decisión gubernamental de no tomar deuda adicional, ni utilizar el gasto público como estabilizador llevó a que pequeños y medianos productores tuvieran que defenderse por sí solos. Una ayuda inesperada provino de las remesas recibidas, que en los peores momentos de la crisis pandémica se mantuvieron en niveles importantes y sirvieron para que 11 millones de familias pudieran defenderse.
Superada la pandemia las decisiones gubernamentales durante la crisis, incapaces de contribuir a amortiguar la recesión, se convirtieron en decisiones virtuosas, ya que nuestra posición crediticia no se comprometió, al tiempo que la disciplina fiscal mantuvo una situación en las finanzas públicas cómoda. Este cambio, mucho se benefició de ingresos por remesas que promediaron 3 mil 430 millones de dólares mensuales desde marzo de 2020 hasta diciembre y 4 mil 298 millones en 2021. El segundo indicador son los salarios mínimos (SM) que han crecido significativamente en el cuatrienio. Entre 2019 y 2023 el SM aumentó nominalmente 102 por ciento, al pasar de $102.68 diarios a 207.44. Pero lo importante es el incremento real, es decir, el aumento de la capacidad adquisitiva de los SM: este aumento real es de 66.6 por ciento. En este resultado no sólo ha habido no solo una firme decisión gubernamental para recuperar la capacidad adquisitiva del SM, sino también capacidad para acordar estos incrementos con las cámaras patronales. La meta presidencial es que el SM permita adquirir cuatro canastas básicas es posible alcanzarla al término del sexenio, lo que constituye un logro muy importante.
En relación con la inflación de diciembre de 2018 a noviembre de 2022 los precios crecieron 22.3 por ciento. El ritmo anual fue el siguiente: 2019: 2.83; 2020: 3.15; 2021: 7.36; y 2022 (noviembre): 7.41. Como se aprecia, en 2021 y 2022 los precios aceleraron su crecimiento anual alejándose de la meta de 3 +/- 1 por ciento definida por Banco de México. Se trata de un fenómeno global. Los bancos centrales, luego de que la caracterizaron como temporal, respondieron elevando rápidamente sus tasas. La Junta Directiva de Banxico, con cuatro de cinco miembros nominados por AMLO y ratificados por el Senado, actuó exactamente como lo hubiera hecho en tiempos de Peña Nieto o Calderón. Esta persistencia en una visión monetaria ortodoxa da cuenta de que el nombramiento de los nuevos miembros no consideró que, como en todas las cosas, hay puntos de vista diferentes, de los que derivan propuestas de política monetaria también diferentes. Consecuentemente el Banco de México ha actuado contra la producción y el empleo y no ha detenido el crecimiento de precios.
Visto en conjunto, es claro que la política económica que buscó ayudar a que productores y consumidores enfrentaran la crisis fue notoriamente insuficiente: Los daños sociales fueron menores por las remesas que recibieron mensualmente 11 millones de familias. En la lucha contra la inflación la ortodoxia monetaria sigue vigente, aunque la 4T tenga mayoría en la Junta Directiva de Banxico.
La política de la 4T: mayorías y consensos
Políticamente, el gobierno de la 4T ha actuado como si estuviera en la oposición. Se ha confrontado en casi todos los temas posibles con sus contendientes políticos. En este peculiar desempeño han puesto por delante el interés por conservar su fuerza electoral, dándole a sus electores diariamente elementos para distinguir discursivamente este gobierno de los anteriores gobiernos conservadores y neoliberales. En función de este propósito, AMLO se propuso y logró que la oposición se acuerpara unitariamente bajo el mando de un sector empresarial. En esta tesitura, las elecciones intermedias y las de los gobernadores que se han dado funcionaron como un referéndum en el que se optaba entre ratificar el apoyo a AMLO, o votar contra él.
El resultado mostró que esta táctica fue relativamente exitosa. La alianza Morena-PT-PVEM mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque disminuyó su grupo al pasar de 291 a 276 diputados. La bancada de mayor tamaño siguió siendo la de Morena, que en 2018 contaba con 247 diputados y en 2021 se redujo a 2002. En la Ciudad de México, los resultados evidenciaron que Morena se debilitó sensiblemente: perdieron nueve de 16 alcaldías y su mayoría parlamentaria también se redujo.
En contraste, en las 15 contiendas de 2021 por gubernaturas Morena se llevó 11, dejando el mapa político con la siguiente distribución: Morena 17 gobiernos locales, PAN 8, PRI 4, MC 2 y PVEM 1. Si incorporamos los resultados de las contiendas de 2022 el mapa electoral nacional se ha cargado hacia Morena, que gobierna 21 entidades, el PAN 5, PRI 3, MC 2 y PVEM 1. De modo que la presencia de la 4T se ha expandido y es hegemónica.
Pese a este contundente resultado, que pudiera conducir a atemperar el conflicto político, AMLO decidió enviar al Congreso de la Unión modificaciones constitucionales, que requerían ser aprobadas por mayoría calificada. Con un grupo parlamentario que representa el 55 por ciento de la Cámara de Diputados, para lograr que esas iniciativas se aprobaran requería sumar 54 diputados, prácticamente la bancada del PRI completa. Sus tres modificaciones constitucionales fueron la eléctrica, la Guardia Civil y la ley electoral. Solo lograron aprobar la permanencia temporal del control militar sobre la Guardia Civil con el apoyo de una parte de la bancada del PRI. En las otras dos no pudo romper la alianza opositora.
La modificación que sí logró difícilmente puede considerarse un avance en la consolidación de su propuesta de transformación del país. En esta propuesta no se incluía que el ejército y la armada crecieran en significación política y económica. El terreno que el gobierno de la 4T le ha permitido ganar es algo que el país lamentará.
En resumen: el gobierno de la 4T ha consolidado su fuerza política hasta hacerla hegemónica, aunque sus resultados económicos y, sobre todo, sus decisiones económicas en política económica y monetaria hayan sido insuficientes e incorrectas. El riesgo político de empoderar al ejército, no se compensa con los aportes que pudieran haber hecho las fuerzas armadas a la lucha contra la delincuencia. El balance señala aciertos trascendentes, pero la apertura de riesgos enormes.
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