No obstante los magros resultados del crecimiento económico durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el número de personas ocupadas en su gestión creció 5.7 millones (10.6 por ciento), superior a los registros de Enrique Peña Nieto (EPN), donde aumentó 4.2 millones (8.8 por ciento) y de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), con una variación de 3.2 millones (7.2 por ciento) en un lustro. Cinco de cada seis plazas de trabajo generadas con AMLO correspondieron al sector terciario, una al sector secundario y el primario tuvo contracción de 270 mil ocupados. La generación de plazas mencionada describe la actividad económica sectorial, de privilegio en el comercio y servicios, de lento crecimiento en construcción y manufacturas y comportamientos asimétricos entre la producción primaria y el empleo.
A diferencia de cualquier gobierno neoliberal, en el lustro que AMLO se ha desempeñado, el salario mínimo general a pesos constantes aumentó 90 por ciento (con EPN el incremento fue de 14.5 por ciento); la masa salarial en pesos constantes se incrementó en 29.3 por ciento (11.3 por ciento con EPN) y los salarios contractuales también aumentaron. La pobreza y la pobreza alimentaria tanto en términos absolutos como relativos ha disminuido con AMLO, pero es susceptible de mejorarse aun más; ya sea por incrementos reales al salario (mínimo y contractuales) de dos dígitos; por transferencias públicas vía programas sociales; por un sistema nacional de abasto púbico, y/o reformas fiscales que aumenten la capacidad de compa de los que perciben hasta dos salarios mínimos generales.
La mayor parte del empleo es todavía informal y las personas ocupadas sin acceso al sistema de salud, aunque han disminuido, fueron 60 por ciento al concluir el quinto año de gestión de AMLO. Desvincular la salud del proceso de trabajo, excluirlo como un derecho laboral es sumamente oneroso para el erario y letal para el trabajador, queda sujeto a la vigencia y cobertura de programas de salud que no siempre existen y, cuando están operando, no hay capacidad para atender nuevos pacientes, tampoco fármacos ni médicos. El acceso del trabajador al sistema de salud como derecho conlleva servicio de sanidad, maternidad, lactancia, pago de lesiones e incapacidades, indemnización por accidentes de trabajo, jubilación y pensión por vejez o incapacidad, las cuales se pierden con los programas asistenciales de salud.
La población que buscó empleo y no lo encontró (desocupados) y aquellos que ya no lo buscan pero están listos para trabajar si son requeridos (disponibles) disminuyeron durante la gestión de AMLO, aun así, la tasa de desempleo abierto (desocupados y disponibles respecto a la población económicamente activa) fue de 11.1 por ciento, muy buena si la comparamos con las de FCH (16.9 por ciento) y EPN (13.6 por ciento), pero aun alta. No siempre el salario permite a los trabajadores solventar sus gastos, hay quien teniendo trabajo manifiesta disposición y necesidad de trabajar unas horas más a la semana (subocupados), estos subieron 1 millón 50 mil durante la gestión de AMLO (29.2 por ciento).
Muchos trabajos se han precarizado: siendo la jornada de la misma duración, se generan más productos por unidad de tiempo y la remuneración no varía en esa proporción; se acotan las prestaciones o se nivelen al mínimo establecido en la ley laboral; se niega la seguridad social, lo que merma el poder adquisitivo del salario; la relación laboral no está regulada por contrato; no existe sindicación; los empleos son inestables y la movilidad laboral es exigua. Formalizar los empleos, garantizar su sindicación y vincular la seguridad social al empleo dignificará nuestro quehacer laboral.