Por decisión de seis de cada diez votantes, Claudia Sheinbaum es la presidenta electa de México y fue mayoría (absoluta o relativa) en 31 estados, de 32 posible. Los partidos coaligados que la propusieron (Morena, PT y PVEM) fueron mayoría relativa en la elección de senadores en 31 de 32 estados; ganaron 256 diputaciones federales de mayoría relativa, de 300 posibles y gobernarán en 24 entidades donde reside 74 por ciento de la población.
La elección del presidente de la República, en el caso de Morena, estuvo asociada a tener mayoría calificada (dos tercios) en la Cámara de Diputados y también en la de Senadores para aprobar un paquete de reformas enviadas ya por el Ejecutivo, que no fueron discutidas por la negativa de la oposición legislativa, que detentaba más de un tercio de los votos; otras iniciativas fueron aprobadas por mayoría absoluta por los congresistas pero fueron vetadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante tal situación, el presidente de la República y su partido Morena impulsaron el llamado Plan C, ganar la mayoría calificada en ambas cámaras; ganó la de diputados pero les faltó un voto para tener mayoría calificada en la Cámara de Senadores.
Las reformas enviadas por Andrés Manuel López Obrador —y pendientes de discusión— tienen diferentes propósitos: unas son de carácter administrativo (austeridad, nadie puede ganar más que el presidente); otras son de procuración de justicia (reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y originarios, propiedad de la vivienda, el incremento anual al salario mínimo general debe ser superior a la inflación, el salario de la policía debe ser al menos el equivalente al salario promedio de la población asegurada en el IMSS, prohibir el maltrato a los animales, beca universal a los alumnos de primaria, modificación al régimen de pensiones de 1997 y 2007, ayuda directa a los campesinos, ayuda a las personas a partir de 65 años); otras son sobre salud (servicio universal y gratuito a la salud y prohibir el comercio de vapeadores); otros atienden problemas ambientales (fracking, escasez de agua) y de seguridad (adscribir la Guardia Nacional a Sedena).
Hay tres reformas que confrontan a las instituciones políticas y a los poderes fácticos, los cuales controlan al Poder Judicial y a los organismos autónomos y desde esos entes subordinan a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esas reformas han sido satanizadas por los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos y los partidos que privilegian el usufructo privado del patrimonio nacional: la reforma energética, la electoral y la reforma al Poder Judicial. Desde hace al menos dos decenios se ha discutido la necesidad de reducir el gasto electoral, la dieta de los legisladores, bajar de 500 a 300 las diputaciones federales y las de senador de 128 a 64; los partidos políticos se han opuesto sistemáticamente a ello. La reforma energética ya fue presentada, discutida y aprobada, pero fue frenada por el Poder Judicial, los partidos opositores (PAN, PRI y PRD) y las empresas trasnacionales de energía. Las reformas a los entes autónomos y al Poder Judicial concita unidad de fuerzas opositoras a las que se une el capital financiero, el sector que ha sido uno de los más beneficiados durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
El tipo de cambio para cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo (FIX) fue de 17.01 pesos por dólar el viernes 31 de mayo; dos días después de la elección, el martes 4 de junio fue de 17.86, la variación fue de 5 por ciento. Las reiteradas declaraciones de la presidenta electa, del presidente en funciones y del propio Secretario de Hacienda de que continuaría en el cargo la próxima gestión presidencial y que la política hacendaria se mantendría sin cambio, bajó el tipo de cambio FIX a 17.53 pesos por dólar el jueves 4 de junio; cuando ambos presidentes ratificaron que las reformas se efectuarían, incluida la del Poder Judicial, el peso volvió a subir a 18.26 el viernes 7 de junio, desde el mercado de mayorista de divisas, el capital financiero volvió a enviar su mensaje: la reforma al Poder Judicial no va, o por lo menos, no será de las primeras. La voluntad popular ya fue expresada en urnas a favor de las reformas; puede haber mesas de análisis, foros de discusión, hacerse una consulta plebiscitaria al respecto, pero un ente que privilegie el interés de los grupos mayoritarios no puede gobernar con el Poder Judicial que hoy existe, algún tipo de reforma a dicho poder debe darse.
