Durante años, el acceso al agua en el valle de Tehuacán ha sido una de las principales preocupaciones y al mismo tiempo motivo de conflictos entre concesionarios, socios de galerías y empresas agroindustriales, por lo que para esta zona la reciente entrada en vigor de la Ley General de Aguas Nacionales, publicada el pasado 11 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación, genera expectativas y dudas entre los pobladores de esta región donde el recurso hídrico no solamente es escaso, sino también tiene una distribución que resulta profundamente desigual.
La nueva legislación aprobada por los diputados y senadores reglamenta el artículo 4º constitucional estableciendo como eje central el reconocimiento del agua como un derecho humano, con lo cual se obliga al Estado a garantizar el acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible para uso personal y doméstico; principio, contenido en los artículos 1, 3 y 4 de la ley, que indica que ese derecho debe prevalecer sobre cualquier otro aprovechamiento que se le pueda dar a ese recurso.
Junto con ese reconocimiento, la Ley refuerza las facultades que ya tenía la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será el órgano encargado de revisar, modificar, reasignar o cancelar concesiones cuando estas sean utilizados de manera contraria a su finalidad o lleguen a afectar el acceso equitativo, especialmente en zonas donde se sufra un estrés hídrico.
Para organizaciones campesinas e indígenas de la región, estos cambios representan una oportunidad largamente esperada, pero al mismo tiempo prevalecen muchas dudas sobre su aplicación oportuna y adecuada, debido a circunstancias y vicios que prevalecen desde hace mucho tiempo y que podrían generar que sea una ley que solo se quede en el papel, sin conseguir trascender en la medida que las autoridades proyectan, lo que podría ser una gran decepción para los pueblos indígenas y hasta en su perjuicio, así lo considera José Luis Leyva Machuca, dirigente del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP), quien afirmó que la nueva ley retoma demandas que han sido planteadas durante más de una década ante autoridades federales y por lo tanto es necesario aplicarla de inmediato, pero con una directriz específica que no genere más problemas a los productores agrícolas ni a las comunidades y colonias que esperan por una distribución real y equitativa del agua.
Leyva Machuca señaló que uno de los principales problemas en municipios como Chilac, Altepexi, Zinacatepec y Ajalpan es el acaparamiento del agua, derivado de concesiones que originalmente fueron otorgadas para riego agrícola, pero que con el paso del tiempo se concentraron en manos de particulares que dejaron de sembrar y optaron por vender el recurso, lo cual se ha convertido en una práctica verdaderamente dañina para esas zonas donde el agua se comercializa de forma indiscriminada.
En Chilac, explicó, el agua de riego se vende bajo el esquema de oferta y demanda, al grado de que, durante la temporada de siembra de ajo, una hora de líquido puede costar hasta 800 pesos, cuando una hectárea requiere al menos 12 horas por riego y ese cultivo junto con el de elote necesita hasta seis riegos por ciclo, lo cual eleva los costos a niveles inalcanzables para los pequeños productores.
Con este tipo de mecanismos desiguales y ventajosos para unos cuantos se ha provocado que muchos campesinos abandonen sus tierras o migren hacia otras zonas donde el acceso al agua es más económico; algunos se han trasladado a Magdalena Cuayucatepec, junta auxiliar de Tehuacán, donde aseguran que pueden mantener la producción con menores gastos, pues el agua es más barata.
La Ley General de Aguas contempla este tipo de escenarios al establecer que las concesiones pueden ser reducidas o canceladas cuando no se utilicen conforme a su objeto o cuando afecten el derecho humano al agua, facultad prevista en el artículo 4 y en el artículo 9, fracción L. Para el MASCIP, esta disposición coincide con su exigencia de que el agua se reasigne a productores activos y a comunidades sin acceso al servicio.
Otro eje de la nueva ley es el combate a la distribución inequitativa del agua, dentro del artículo 31, fracción XIII, a lo que se suma el principio in dubio pro aqua, que establece que, ante cualquier duda en la gestión del recurso, debe privilegiarse el derecho humano al agua.
Ambas disposiciones toman gran relevancia en el caso de localidades como San Juan Atzingo, junta auxiliar de Chilac, donde carecen de agua potable, por lo cual para Leyva Machuca es fundamental el reconocimiento legal del derecho humano al agua porque de ese modo se obliga a las autoridades a garantizar el suministro y la Conagua tendría que autorizar la perforación de un pozo para esa población, lo que durante mucho tiempo se ha negado a hacer.
En los artículos 40 y 41 se reconoce legalmente a los sistemas comunitarios de agua, siempre que operen sin fines de lucro y con participación social organizada, lo que garantiza el sistema que se aplica en Chilac donde aun cuando la concesión de agua potable está a nombre del ayuntamiento, su operación recae en el Comité Central del Agua Potable, una organización comunitaria que asumió la administración ante la falta de recursos municipales para mantener una red sin generar una carga a las finanzas municipales.
José Luis Leyva, sin embargo, advirtió que la aplicación de la ley enfrenta obstáculos estructurales, siendo uno de ellos la concentración de pozos en manos de grandes empresas, en esta región son las avícolas, porcinas e invernaderos, que, aseguró, cuentan con más infraestructura de extracción que varios municipios, sin que se aplique una supervisión de sus aforos.
Si bien la ley incorpora el concepto de responsabilidad hídrica, para obligar a los concesionarios a no causar afectaciones al equilibrio de los acuíferos ni el acceso de las comunidades, lo que permitiría reducir aforos o cancelar concesiones empresariales, uno de los grandes problemas, por lo menos para Puebla, es que la Conagua solo cuenta con un visitador para supervisar cientos de concesiones, lo que dificulta la aplicación equitativa de la ley.
El propio ordenamiento reconoce esta problemática al obligar, en su artículo 25, a la Federación a destinar recursos humanos y financieros suficientes para la política hídrica, lo que en la letra se ve muy atinado, pero que difícilmente se podrá llevar a la práctica, a no ser que exista verdadera conciencia y voluntad del gobierno para ese fin, aseveró el activista.
La mayor preocupación es que para tratar de demostrar que se aplica la nueva ley, se enfoquen las supervisiones en contra de las sociedades de pozos, galerías y manantiales de las comunidades rurales y dejen en el olvido a los verdaderos acaparadores de agua que son las grandes empresas donde la extracción es incontrolada y es por donde se debería empezar si realmente se quiere cumplir con lo que marca la nueva legislación, aseveró Leyva Machuca.
De igual manera se pronunció por aplicar una depuración del personal de Conagua, señalando directamente a la directora de esa dependencia en la entidad, quien por años ha evadido cumplir con la ley para frenar la sobre explotación del agua en las empresas, lo que hace temer que hay una protección hacia los empresarios, pues se le ha pedido en repetidas ocasiones aplicar revisiones a las granjas avícolas y porcícolas, así como a los invernaderos para saber cuántos pozos tienen, si cuentan con los permisos y bajo qué criterios se les otorgaron, dado que hay colonias y comunidades que llevan años solicitando licencias para perforaciones de pozos y siguen sin concederlas.
Que no sea solo una ley de papel ni se convierta en letra muerta y que no haya simulaciones para su aplicación, para combatir a los verdaderos caciques del agua, es la exigencia de los campesinos y de los pueblos indígenas de la región de Tehuacán, quienes ven con buenos ojos la ley, pero no dejan de tener sus reservas por todo lo que han enfrentado sin ser atendidos por las autoridades. Pese a ello MASCIP le da su voto de confianza a la espera de que lleve a mejores condiciones tanto al campo y dote del líquido a las poblaciones donde los habitantes siguen esperando por tener el servicio de agua en sus hogares.
