El 7 de mayo del año en curso el gobernador del estado de Puebla envió a los diputados de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla una iniciativa para “Proteger los Derechos Humanos y regular el uso de la fuerza pública”; dicha propuesta fue aprobada por el legislativo el 19 del mismo mes y año. En la exposición de motivos la ley refiere que el objetivo de la misma es salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, la preservación del orden público y de las libertades. Por el título y propósito de dicho documento (Derechos Humanos) se esperarían compromisos y acciones de Rafael Moreno Valle para garantizar el usufructo de los derechos a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social de los trabajadores, niños, mujeres, pueblos indígenas; a un medio ambiente adecuado, al trabajo, al libre tránsito, el derecho al debido proceso, a la garantía de audiencia, el derecho de petición, no retroactividad de las leyes; o por lo menos garantías para el usufructo del derecho de expresión, asociación, manifestación, información, culto, imprenta, inviolabilidad del domicilio, seguridad jurídica ante detenciones o aprehensiones o de igualdad ante la ley. En su lugar, nos propone 53 artículos para criminalizar la protesta social y amenazar a todos aquellos que visibilicen sus demandas, opiniones o simplemente ejerzan sus derechos constitucionales.
La ley mencionada concibe que los manifestantes no son personas, y en consecuencia no tienen derechos ni patrimonio que salvaguardar; también supone que toda persona que no avale o acate las acciones del Ejecutivo estatal es un vándalo que atenta contra el orden establecido y, ante la eventualidad de tal comportamiento, las fuerzas de seguridad pública deben “prevenir la comisión de conductas ilícitas” (Artículo 6) y para tal efecto se les “suministrará a los elementos policiales de armamentos, municiones y equipo adecuado para desplegar el uso de la fuerza en los términos de la presente ley” (Artículo 12, VII). La acción represiva no es por la comisión de actos ilícitos, sino por la probabilidad de que puedan ocurrir (en la versión final se omitió el uso de armas letales). La estrategia de Moreno Valle es explícita: me vendes o te expropio en 24 horas por causa inmediata y urgente y no hay notificación por escrito (Reforma a la Ley de Expropiaciones del 13 de marzo 2014) y si protestas, te mato (#LeyBala). Quizá las próximas iniciativas de Moreno Valle sean el toque de queda o la censura a los medios de comunicación.
Moreno Valle considera que la senda del progreso es atentar contra la biodiversidad, la cultura y patrimonio de comunidades agrarias; es aumentar la pauperización y degradar las condiciones de vida de la población; edificar distribuidores viales y centros de diversiones sobre el patrimonio cultural; conculcar los derechos humanos, criminalizar la protesta social y confrontar los disensos con armas letales. Hay otras formas de gobierno más civilizadas y democráticas: el diálogo, el respeto al prójimo y la vigencia del Estado de Derecho. Que las armas y elementos de seguridad los canalice el gobernador a combatir al crimen organizado y salvaguardar nuestra integridad física y patrimonial, no a resolver con balas lo que no ha podido hacer con argumentos.
