El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social de un país. Tan sólo en México, según el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, 4 millones de mexicanos consumen algún tipo de droga ilegal, llámese cocaína, marihuana, opiáceos, LSD, éxtasis, inhalables y esteroides anabólicos; el 50 por ciento de la población son bebedores de alcohol; y cada año mueren alrededor de 53 mil personas a consecuencia del tabaco.
Por tal razón, el neorucientífico poblano Óscar Diez Martínez propuso la creación de una Secretaría Nacional de Drogas, o Secretaría Nacional de Química Biológica en este país, que tenga por objetivo analizar y solucionar los problemas que resultan de la interacción de las sustancias químicas y los seres vivos.
Diez Martínez es médico cirujano por la UNAM, doctorado en filosofía de la anatomía en la UCLA, profesor de tiempo completo en el departamento de psicología de la UDLAP, donde imparte cursos de neurociencias y psicopatología; y autor del libro Drogas y conducta. Propiedades, efectos, usos médicos y riesgos potenciales de las drogas psicotrópicas.
Sobre la propuesta de la nueva dependencia dijo que deberá integrar, en su estructura, las atribuciones de la actual Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias tóxicas (Cicoplafest), que se encarga de la regulación y el control de riesgos químicos.
De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones, la principal actividad de la Cicoplafest es la atención al usuario en lo relativo a la emisión de registros y autorizaciones de importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
“Por lo tanto, su papel es limitado y su campo de acción está restringido a la regulación de sustancias químicas específicas de indudable importancia, pero que constituyen sólo un espectro restringido del total que afecta la salud humana y ambiental”, explicó el investigador.
En contraste, comparó que el ámbito de competencia de la Secretaría propuesta incluiría además a todas aquellas cuestiones asociadas al uso de alimentos, solventes industriales, medicamentos, psicotrópicos legales, etcétera.
La misión de esta nueva dependencia –dijo– sería aplicar las leyes sanitarias relacionadas con la regulación de la producción, manufactura, distribución, comercio y utilización de todas las sustancias químicas.
La propuesta fue presentada en el Congreso República Amorosa, espacio para el debate público, análisis y reflexión sobre los principios éticos para una república justa, democrática y solidaria, que impulsa el candidato presidencial por las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Diez Martínez expuso que a nivel nacional son múltiples las cuestiones relevantes relacionadas con el empleo inapropiado de sustancias químicas, por lo que su importancia no debe soslayarse, pues sus consecuencias afectan la salud de un número de personas mucho mayor que el de aquellos que tienen complicaciones debido al uso de drogas ilegales.
Por ello, señaló que el esfuerzo y los recursos destinados a la prevención y solución de tales situaciones deben utilizarse en forma más equilibrada y eficaz.
Esta nueva secretaría haría recomendaciones y coordinaría las acciones de otras dependencias que desarrollan actividades relacionadas; por ejemplo, citó, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Asimismo, adelantó que la política primordial de la secretaría propuesta, en cuanto al uso de drogas ilegales, se basaría en la filosofía de “reducción del daño”. El principio esencial de ésta es tratar de disminuir los perjuicios asociados tanto al abuso de drogas como a las políticas oficiales ineficaces que se han utilizado para lograr su control.
La “reducción del daño” implica reconocer que nunca habrá una sociedad totalmente libre del uso de drogas, y promueve la educación de la sociedad acerca de los riesgos asociados al uso y abuso de las drogas psicotrópicas (que actúan en el sistema nervioso central). Para ello, se basa en principios científicos objetivos, y no en cuestiones morales o políticas.
“En mi opinión, debe considerarse cualquier propuesta que tenga el potencial de promover la salud pública y mitigar el daño individual, familiar y social. Esto incluye contemplar cambios radicales en las leyes relacionadas, e inclusive la despenalización o legalización del uso de algunas drogas actualmente consideradas ilícitas”, declaró el especialista en el tema.
Las drogas: uso y abuso
Actualmente, la farmacodependencia es una enfermedad crónica prevenible, un problema de salud pública y seguridad en México.
En las últimas décadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la magnitud del abuso de drogas se ha incrementado considerablemente en todo el mundo. Alrededor del 5 por ciento de la población mundial, entre 15 y 64 años de edad, ha consumido drogas ilícitas.
En México, según datos del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, por lo menos 4 millones de mexicanos han probado una vez en su vida, algún tipo de droga ilegal.
El 46 por ciento de la población entre 12 y 65 años, es decir unos 50 millones de mexicanos, son bebedores de alcohol; y cada año mueren aproximadamente 53 mil personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.
Por su parte, el Instituto Carlos Slim reportó que la marihuana y la cocaína son las sustancias más consumidas por la población mexicana, seguidas de los inhalables, el crack y las anfetaminas. El consumo de la mariguana aumentó en los últimos años del 3.5 al 4.2 por ciento.
El estudio, realizado en 2011, arrojó que el uso de la cocaína se elevó de 1.2 al 2.4 por ciento, es decir, se duplicó.
Desde el punto de vista del género, por cada mujer hay 4.6 hombres que consumen drogas.
Los estados con mayor índice de consumo son: Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Querétaro, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.
La Secretaría de Salud federal reportó que las drogas son consumidas para aliviar el dolor, para el tratamiento de una enfermedad, para cambiar el estado de ánimo, para una búsqueda o abandono de la identidad, como un escape, para olvidar o para explorar estados de conciencia y sensaciones.
La legalización de las drogas
Según los investigadores Ingrid Serrano Flyckt y Óscar Diez Martínez, en su libro Drogas y Conducta. Propiedades, efectos, usos médicos y riesgos potenciales de las drogas psicotrópicas, desde la era primitiva, las sociedades usaban sustancias psicoactivas como parte de su cultura mágica y religiosa.
El uso de estas sustancias psicoactivas –como dice en el libro– era regulado por medio de normas morales que determinaban en qué situaciones, y con qué propósito, se debían usar. El control ejercido por dichas normas morales, además del conocimiento público del efecto de las sustancias, parece haber sido suficiente para regular su utilización.
A partir de esta investigación, se concluyó que las drogas son consideradas un problema por tres razones fundamentales: 1) Por las consecuencias adversas que su abuso puede causar en la salud de quienes las consumen. 2) Por los agravios que los usuarios pueden causar al estar bajo su influencia o al tratar de obtenerlas. 3) Por los daños, tales como la corrupción y la incitación al consumo, que causan las organizaciones que se dedican a producirlas y venderlas.
Además, los males que genera el abuso de las drogas son muy diversos, y van desde problemas de salud hasta amenazas a la seguridad pública e inestabilidad política. Son precisamente estos males los que intentan combatir los gobiernos y las organizaciones internacionales.
Para Flyckt y Diez Martínez, el combate de las drogas es realizado mediante legislaciones que se apoyan en la premisa de que el uso indebido de las sustancias psicoactivas constituye un “mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad”.
Asimismo, refirieron que el peligro de las drogas radica en su prohibición, pues se argumenta que la estrategia ha generado otros problemas además de los señalados. Éstos incluyen, entre otros, la adulteración, la falta de información, las organizaciones de traficantes, y los mercados negros.
Por lo tanto, señalaron que solucionar el “problema de las drogas” tiene dos caras, para las cuales pueden usarse diversas estrategias. Por un lado, está la producción y el comercio y, por el otro, la del consumo.
Coincidieron en que la solución en ambos aspectos es la prohibición de la producción y comercio, y en el consumo, educación y tratamiento médico y psicológico.
No obstante, el estudio contempla como una última estrategia la legalización de las drogas, la cual implicaría la regulación de la producción y el comercio, así como la educación y el tratamiento, en caso de consumo excesivo. Dicha estrategia ya ha sido puesta en práctica con el alcohol.
El combate al narcotráfico
El libro Drogas y Conducta, de Serrano Flyckt y Diez Martínez, arguye que el consumo de drogas puede considerarse un delito o “enfermedad”. Sin embargo, a pesar de ser importantes las estrategias para combatir el narcotráfico mediante el sistema policiaco y de seguridad pública, la mejor forma de afrontar la farmacodependencia es la prevención.
Los autores consideraron que las diversas estrategias también deberían incluir el tratamiento de los farmacodependientes, la consejería social para los usuarios ocasionales y las campañas preventivas que intentan disuadir a los jóvenes de probar las drogas.
En México, señaló Diez, las autoridades mexicanas han sido incapaces de contrarrestar la producción, distribución y abuso de las drogas. Esta situación pone en riesgo la estabilidad del Estado; los resultados de este combate no son más alentadores que los problemas mismos que intenta combatir, es decir, aquellos que genera el consumo de drogas.
“El narcotráfico ha infiltrado a las instituciones perturbando, en todos sus niveles, la seguridad pública del país. El narco corrompe y, al corromper, debilita el propósito fundamental del Estado, que es dar seguridad. La gobernabilidad de muchos estados del país se encuentra amenazada por los narcotraficantes, quienes, a partir de la ilegalidad de la producción y tráfico de drogas, han estructurado negocios sumamente rentables”, expuso el neurocientífico.
Señaló que el combate al narcotráfico ha generado violencia entre el gobierno y los traficantes, y la sociedad es la que sufre los estragos, pues de acuerdo con versiones periodísticas, en México han muerto violentamente más de 50 mil personas, en la “guerra contra el narcotráfico”, que emprendió el gobierno federal desde hace seis años.
“La lucha ha generado corrupción y elevados gastos económicos. Mientras el Estado se desgasta en una guerra que no puede ni ganar ni perder, la ilegalidad del negocio del narcotráfico permite a quienes lo manejan elevar el margen de sus ganancias. Y en la medida en que hay prohibiciones en el uso y la comercialización de las drogas aparece la delincuencia organizada que se aprovecha de esta situación de ilegalidad”, opinó Diez.
Criticó que esta dimensión social se liga con los fenómenos de la organización de las mafias, la corrupción de los sistemas políticos, del gobierno, las empresas, etcétera.
El trabajo de la autoridad sanitaria
Diversas críticas de expertos en la materia señalan que los programas de la Ssa no son capaces de solucionar los padecimientos que afrontan personas con una adicción a las drogas, la utilización inapropiada de medicamentos, el abuso de solventes e insecticidas, la adulteración deliberada de productos de consumo humano o animal, el abuso en la utilización de tabaco y alcohol, etcétera.
Al respecto, el Programa de Prevención y Control de Adicciones tiene un reto complejo, por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto social y legal en que se encuentran.
Hasta el momento, no hay un resultado claro de dicho programa de la Ssa, que también atiende, sin solucionar, el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos como los analgésicos, tranquilizantes y sedantes, ni la inhalación con fines de intoxicación de ciertos productos de uso industrial, por citar casos.
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