Los sistemas de representación política están obligados a cumplir las normas consignadas en su Carta Magna y en los poderes establecidos de la República constituyente. Consensuar acuerdos a través del diálogo y los procedimientos que para ello hemos establecido, debe ser obligación de quien promulga la ley, de quien la debe hacer cumplir y quien la ejecuta, y no sólo de los sujetos de derecho que son la única fuente del poder público y a quienes en los hechos, se les excluye y traiciona.
Delincuente no es quien ejerce el derecho de legitimar las instituciones, sino aquellos que trasgreden la norma para ganar en Soriana lo que no pueden ganar en las urnas. La investidura presidencial debe estar libre de toda sospecha; el “haiga sido como haya sido” (sic) y su variante Soriana-Monex deslegitiman no sólo al Poder Ejecutivo, sino a todas las instituciones de la sociedad política.
La elección presidencial recién concluida estuvo viciada de origen: hay evidencias de uso indebido de recursos públicos de por lo menos tres mil millones de pesos (10 veces por arriba del tope de campaña) para beneficio de Enrique Peña Nieto; hay aportaciones particulares a esa campaña que trasgreden el tope permitido para tal fin; el gasto de campaña de ese candidato fue superior, según denuncias documentadas realizadas ante el IFE, al permitido por ley; hay evidencia de compra de votos y de inequidad en el acceso a los medios de comunicación de masas: la barra noticiosa de la empresa Televisa se puso al servicio de uno de los candidatos. La equidad, principio básico para la construcción de consensos, fue inobservada por los poderes constituyentes de la República y por los poderes fácticos que pretenden imponer una candidatura a través de la compra de votos y al margen del estado de derecho.
Convalidar la imposición de una candidatura sin valorar las evidencias aportadas por cuatro partidos políticos (PRD,PAN,PT y MC), deslegitimando el derecho de impugnación y minimizando los alcances del cohecho, es sentar las bases del imperio de la ley de la selva, que cada quién resuelva como pueda porque las normas y las instituciones no tienen como propósito preservar el estado de derecho sino el de velar por el beneficio de los poderes fácticos. La exigencia social en estos momentos es garantizar la legitimidad del proceso electoral, que no la hubo; no el de subvertir el orden, sino el de preservarlo.
