1. San José del Progreso, Oaxaca
y Fortuna Silver Mines Inc.
Asesinatos de activistas antimineros
La empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc. recibió del gobierno federal la concesión de 702 hectáreas de tierra en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca, para la explotación de oro y plata que incluye parte del poblado, zona habitada por una tercera parte de la comunidad; la presa de riego de los campesinos, la única fuente de abastecimiento de agua para las tierras de cultivo.
La concesión y los permisos municipales para la operación del proyecto minero se realizaron sin la consulta previa a la comunidad indígena zapoteca, catalogada como de alta marginación, según la Secretaría de Desarrollo Social.
La presencia de la mina ha dividido a los habitantes del poblado. Quienes apoyan la presencia de la empresa están agrupados en la Asociación Civil “San José defendiendo sus derechos”, y los inconformes en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes acusan complicidad entre autoridades municipales y la empresa minera.
Cronología
20 de marzo de 2009. Pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán bloquearon la entrada de la mina Cuzcatlán y permanecieron en ella por 51 días. Demandaban a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cancelación del proyecto por la contaminación ambiental y daños a recursos naturales, haciendo hincapié en la contaminación por arsénico y cianuro en los ríos de la zona.
6 de mayo 2009. La policía estatal desalojó con lujo de violencia a los habitantes del municipio que mantenían bloqueada la mina y resultaron detenidas 23 personas.
19 de junio 2010. El presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera y un regidor murieron durante un enfrentamiento entre sus seguidores y pobladores de El Cuajilote y Maguey Largo, quienes regresaban de un mitin político a sus comunidades y se les fue negado el paso por la autoridad municipal. En el enfrentamiento resultaron heridas cuatro personas más.
Ese mismo día el párroco de San José del Progreso, Martín Octavio García Ortiz, quien se manifestó abiertamente en contra de la minera, fue golpeado y secuestrado, según su testimonio, por Ángel Arango líder de la organización “San José defendiendo sus derechos”. El sacerdote consensuó con sus autoridades clericales y decidió abandonar la comunidad para salvaguardar su integridad física.
18 de enero de 2012. Enfrentamiento entre pobladores, Policía Municipal y supuestos pistoleros del presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, quienes dispararon a quemarropa en contra de los habitantes que se manifestaban por la colocación en sus terrenos de tubería para permitir la transportación de agua a la minera, líquido vital escaso en la comunidad. Durante el enfrentamiento resultó herida Abigail Vásquez Sánchez y fue asesinado Bernardo Méndez Vázquez, ambos miembros de la CPUVO.
15 de marzo de 2012. Bernardo Vázquez, dirigente de la CPUVO, fue asesinado a quemarropa a las afueras de San José del Progreso. También resultaron heridos Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, también miembros de la organización. Unos días antes había aparecido una pinta con amenaza de muerte.
Del 19 al 21 de noviembre 2012. Con la participación de 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales, se realizó la misión civil de observación “Justicia para San José del Progreso”; su propósito fue constatar la violación a los derechos humanos cometidos contra la población y contra los defensores que luchan en contra de la actividad minera y en defensa legítima de su territorio. En su informe previo la comisión detalla el clima de inseguridad, temor y fuerte división al interior de la comunidad a causa de la actividad minera y demanda la cancelación del proyecto minero, la preparación de los daños ambientales, culturales y sociales causados por la empresa y que se inicie un procedimiento de reconciliación entre los habitantes de San José del Progreso, entre otras exigencias.
2. Chicomuselo, Chiapas y Black Fire.
La muerte de Mariano Abarca.
Desde 2005 la empresa canadiense Black Fire explotó minas de barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, y se instaló en contra de la voluntad de los ejidos que se ubican en esa zona montañosa del estado.
La empresa prometió arreglar carreteras, instalar tanques de agua potable y dar fuentes de empleo; además el gobierno estatal ofreció apoyo para la agricultura y ganadería; las promesas se cumplieron parcialmente y provocaron el enojo de los pobladores.
Las afectaciones a las comunidades de Grecia y Nueva Morelia, enfermedades en personas y animales a causa de la contaminación del agua, fueron las denuncias contantes de los pobladores en contra de la minera.
Los habitantes y activistas ambientalistas acusaron que los arroyos fueron sepultados y la severa tala de árboles pone en riesgo a la población por posibles derrumbes, además de las afectaciones a la calidad del agua.
En 2008 sucedieron casos de envenenamiento masivo de animales y personas con enfermedades gastrointestinales por el agua sucia provocada por la actividad minera y de la cual la empresa se ha negado a responsabilizarse.
Desde la instalación de Black Fire en el municipio el campesino Mariano Abarca, líder de la Red Nacional de Afectados por la Minería (Rema) se manifestó en contra de la empresa y en 2008 su hijo y él fueron golpeados por empleados de la compañía minera. La demanda interpuesta por los Abarca no tuvo seguimiento por supuesta complicidad de las autoridades municipales con la empresa.
El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue detenido ilegalmente por personas encapuchadas y con lujo de violencia, sin presentar orden de aprehensión u orden de presentación por alguna autoridad judicial. Fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas y puesto en arraigo judicial hasta el 25 de ese mismo mes bajo la averiguación previa 033/FS10/2009 por la denuncia penal interpuesta por Black Fire.
El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue ultimado a las afueras de su domicilio por supuestos desconocidos, el líder antiminero recibió tres impactos de arma de fuego que le quitaron la vida.
El 7 de diciembre de 2009 la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Chiapas clausuró temporalmente la mina de la empresa Black Fire por las violaciones ambientales generadas por la actividad minera.
La empresa interpuso una demanda en contra del gobierno del estado de Chiapas y exige una indemnización por 800 millones de dólares como compensación por la cancelación de sus actividades extractivas.
En ese mismo mes Artemio Ávila Cervera, director de Black Fire Canadá, difundió que el entonces presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, extorsionó a la empresa, que obtuvo pagos por 10 mil pesos mensuales y 200 mil para la fiesta del pueblo, y que en el momento en que la empresa se negó a seguir efectuando los pagos fue cuando el municipio empezó a manifestarse en contra de la actividad minera.
Del 20 al 27 de marzo de 2010 a petición de la Rema, organizaciones no gubernamentales canadienses realizaron un misión de observación en Chicomuselo, en su informe las organizaciones manifestaron:
Investigar los acuerdos realizados por la empresa de carácter secreto y dudoso con autoridades municipales y ejidales para obtener los derechos de la superficie que dejaron desprotegidos a los habitantes de las comunidades y con muy pocos beneficios de la explotación de la mina.
Preocupación por la grietas de muros de casas por tránsito de camiones con material pétreo que circulaban por las calles del pueblo.
Exigen una disculpa pública por actos de intimidación por parte de la empresa en contra de los pobladores y por la muerte del activista Mariano Abarca.
Las organizaciones civiles impulsaron iniciativas de ley en Canadá con la finalidad de que el gobierno condicione su apoyo a empresas como Black Fire para que cumplan con la legislación internacional de derechos humanos y las normatividades internacionales medioambientales, además que se permita que personas que no sean ciudadanos canadienses puedan demandar por la violación de derechos humanos, ambientales y laborales por hechos ocurridos fuera de Canadá.
En enero de 2012 pobladores de Siltepec, Chiapas, municipio cercano a Chicomuselo, colocaron cadenas y letreros en la entrada de los ejidos pues aseguraron que “la empresa minera Black Fire ha estado entrando por las noches y a escondidas ya sacaron ocho camiones de minerales…; advertimos que esto ya no lo vamos a permitir en ningún lugar de la Sierra. (La Jornada, 14 de enero de 2012).
3. Temascaltepec y Genco Resourse Ltd.
Asesinato y tortura de funcionarios de Profepa
La empresa canadiense Genco Resourse inició operaciones en 2005 según el Instituto de Fomento a la minería del Estado de México en la zona de La Guitarra Mina de Temascaltepec, estado de México. Realizó la explotación de oro y plata por la concesión obtenida del gobierno federal de 39 mil hectáreas.
En diciembre de 2008 algunos empleados realizaron un paro de labores por el vencimiento de contratos individuales, la empresa dijo que no podía atender las exigencias del pliego petitorio de los trabajadores por considerarlo “exagerado y muy amplio”, las condiciones fueron muy elevadas y que la empresa no estaba dispuesta a aceptarlas.
La empresa reanudó sus actividades en 2010 después de 12 meses sin actividad ocasionada por la huelga, según el portal electrónico Business News Americas, los trabajadores que participaron en el paro fueron despedidos legalmente por la empresa.
El 21 de mayo de 2010 fueron hallados los cuerpos de Juan García Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa); Valentín Reyes García, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y del guía Isidro Luna Alonso oriundo de Temascaltepec, quienes realizaban una inspección por operaciones mineras de vertimientos de químicos y cambios de usos de suelo en la zona de Temascaltepec presuntamente a cargo de la compañía canadiense.
24 de mayo de 2010. El titular de la Profepa en entrevista con la periodista Denise Maerker mencionó que la Semarnat había dado permiso a la empresa canadiense para hacer trabajos de relleno pero no para operar la mina.
En diciembre de 2010 la Profepa aseguró que los trabajadores de la dependencia asesinados y con huellas de tortura fueron confundidos por el crimen organizado.
