Los ciudadanos del municipio de Puebla refrendan la preservación del monopolio de Estado en materia energética y rechazan cualquier eufemismo que pretenda privatizar la extracción de hidrocarburos, la petroquímica básica o la generación de energía eléctrica. En los años 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008 realizamos varias encuestas sobre la privatización del sector eléctrico y la mayoría de ciudadanos desaprobó la privatización de ese sector, así como su apertura a la inversión privada; refrendaron que el Estado fuera el único generador de electricidad y que era positivo que fuera solamente el Estado quien la generara y la distribuyera; estaban convencidos de que sí había apertura los precios de la electricidad aumentarían. En 2008 aplicamos cinco encuestas sobre reforma energética y cuatro de cada cinco ciudadanosdijeron que era positiva la expropiación del petróleo que hiciera Lázaro Cárdenas en 1938 y no le creían aFelipe Calderón cuando decía que no pretendía privatizar Pemex; tres de cada cinco ciudadanos rechazaron la asociación de Pemex con el capital extranjero para extraer petróleo de aguas profundas, siete de cada 10 ciudadanos mandaron a los diputados federales de Puebla a que votaran en contra de la reforma privatizadora del entonces ocupante de Los Pinos, y 84 por ciento de los ciudadanos que disponen de teléfono en casa estaban convencidos de que Pemex debería ser el único productor de gasolina, el que controlara los oleoductos, el que invirtiera en refinerías, extrajera el petróleo, se modernizara y reinvirtiera utilidades. El año pasado los resultados a la encuesta sobre reforma energética fueron similares a los de 2008.
Este año aplicamos el mismo cuestionario sobre reforma energética en los meses de junio y agosto; en ambos casos, 82 por ciento de los ciudadanos seguía convencido de que en materia de hidrocarburos no hubiera capital privado y que el único oferente sea el Estado, como lo consigna la Constitución Política de México. Incluso aumentaron los ciudadanos que valoran positivamente la expropiación petrolera de 1938 y están en desacuerdo con que Pemex se asocie a empresas extranjeras en la extracción de petróleo y gas, así como en petroquímica básica. En el pasado mes de junio, 78 por ciento no le creía a Enrique Peña Nieto cuando decía que no piensa privatizar Pemex; en agosto fue 87 por ciento quien así lo afirmó. En estos momentos 54 por ciento de los ciudadanos estima que paga mucho por el consumo doméstico de gas y electricidad y que, de proceder la reforma privatizadora promovida por Peña Nieto, pagarán más, motivo por el cual no quieren cambios en los artículos 27 y 28 Constitucionales y refrenda el monopolio de Estado en la extracción y procesamiento de petróleo, en petroquímica básica, rechazan la participación del capital privado en la cadena de valor de los hidrocarburos y exigen que sólo Pemex produzca en petroquímica básica. El mandato de los ciudadanos es claro: no avalan los cambios constitucionales promovidos por Peña Nieto y exigen que los diputados federales voten en contra de la reforma privatizadora del Ejecutivo federal, tanto en su versión de asociación de Pemex con el capital extranjero como en la de compartir utilidades y permitirles participar en áreas exclusivas del Estado donde no hay concesiones ni contratos.
Las dos últimas semanas de agosto replicamos, de manera telefónica, las tres preguntas sobre reforma energética promovida por Alianza Cívica y el PRD en su consulta nacional. Tres de cada cinco ciudadanos del municipio de Puebla están en desacuerdo en que se modifique la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas; tres de cada cuatro ciudadanos están de acuerdo en que sólo Pemex construya refinerías y plantas productoras de fertilizantes, y nueve de cada 10 avalan que las utilidades de Pemex —una vez cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo— se utilicen en inversión pública para construir escuelas, hospitales y ferrocarriles. Por cada ciudadano que avala la reforma energética del Ejecutivo federal hay dos que la rechazan; quizá por ello, entre otros agravios, dos de cada tres ciudadanos del municipio de Puebla desaprueban la gestión de Enrique Peña y valoran de ineficiente o muy ineficiente dicha gestión; tres de cada cuatro afirman que no ha apoyado a los grupos vulnerables y a cuatro de cada cinco no les inspira ninguna confianza el Ejecutivo federal. La reforma energética de Peña ni obedece a nuestras necesidades ni es para mejorar niveles de calidad de vida de la población, sino sólo para beneficio del capital extranjero, precisamente de aquellos a los que se les expropió porque hacían uso inapropiado de los recursos no renovables, además de robarnos.
