Nuestra Carta Magna obedece a un pacto social consensuado entre los diferentes sujetos, cuya finalidad es mejorar las condiciones materiales y espirituales de la mayoría de la población; presupone desarrollos plenos con justicia, equidad y democracia. El artículo 27 de nuestra Constitución, en su tercer párrafo, establece claramente que el interés público impone la modalidad de la propiedad privada, así como el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el supremo principio de mejorar las condiciones de vida de la población y de conservar los recursos naturales. La propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto al 27 y 28 constitucional violenta estos principios al excluir el monopolio del Estado sobre el petróleo y otros hidrocarburos a la petroquímica básica y a la generación, conducción y transformación de energía eléctrica. Privatiza los excedentes petroleros otorga concesiones a particulares en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, propicia el agotamiento de los recursos naturales no renovables y fomenta la extracción no convencional de hidrocarburos que, por sus nocivos efectos sobre el ambiente, han sido prohibidos en otros países (gas y petróleo de lutitas).
La tercera parte de la carga tributaria procede del petróleo y derivados: por cada 100 pesos facturado por Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le confisca 69 pesos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, dejándola sin capacidad de reinvertir y con saldo rojo en su contabilidad. La modernización del sector energético y el cambio de régimen fiscal son imperativos para hacer a esa empresa más eficiente, productiva y pilar del desarrollo, pero ello no necesariamente implica renunciar a las áreas estratégicas signadas en la Constitución ni modificar los artículos 27 y 28. Pemex requiere de muchos cambios, entre otros, de autonomía de gestión y de presupuesto y de un nuevo régimen fiscal; para ello no es necesario cambiar la Constitución, sino las leyes secundarias que reglamentan la exclusividad de la nación en materia de explotación de hidrocarburos, petroquímica básica y generación de energía eléctrica. Enrique Peña Nieto adelanta, en su proyecto de privatización de Petróleos Mexicanos, que los costos unitarios por extracción de petróleo y gas aumentarán al explotar yacimientos no convencionales, que los rendimientos futuros (ya privatizado el sector) serán menores y los riesgos, mayores, lo cual reducirá la utilidad antes del pago de impuestos, derechos y aprovechamiento; esa cantidad disminuida de utilidad se repartirá, hasta partes iguales, con las empresas extranjeras, reduciendo hasta en cuatro puntos del PIB la recaudación procedente de Pemex: se privatiza la renta petrolera.
El aprovechamiento de los recursos naturales, en especial de los no renovables, exige un uso moderado en función de las necesidades del país. Conservar los recursos no renovables y transitar hacia otras fuentes de energía menos contaminantes son tareas estratégicas que el Estado debe conservar y para las cuales no debe haber concesiones ni contratos con particulares. Actualmente producimos 2.5 millones de barriles diarios de petróleo y nuestras necesidades se satisfacen con 2 millones de barriles al día; la tarea es procesar hidrocarburos para lograr autosuficiencia en gas, gasolina y petroquímicos y suprimir los 30 mil millones de dólares que anualmente gastamos en importarlos. Nuestras necesidades no son agotar las reservas probadas de petróleo ni alcanzar una producción de 3.5 millones de barriles al día y contribuir así a una mayor contaminación del planeta. Impulsar la investigación y desarrollo científico en energéticos es, a largo plazo, una solución plausible que nos permite conservar la rectoría del Estado en materia energética, la propiedad de la renta y un crecimiento endógeno con justicia y equidad, y para ello se utilizarían los excedentes petroleros. La renta petrolera se puede compartir con los desempleados, los grupos vulnerables, con los pobres, para impulsar la autosuficiencia en granos básicos, para una mejor distribución del ingreso, mejores condiciones de salud y mayores niveles educativos y no para beneficio del capital extranjero, como es la propuesta de Enrique Peña Nieto.
