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Los ciudadanos del municipio de Puebla refrendan el monopolio estatal en la extracción, refinamiento y transporte de hidrocarburos y exigen que los artículos 27 y 28 constitucionales no se modifiquen: nueve de cada diez personas de 18 años o más que radican en dicho municipio y tienen teléfono en sus viviendas se manifestaron porque Pemex debe extraer petróleo, producir gasolina, controlar oleoductos, invertir en refinerías, modernizarse y reinvertir utilidades: consideran positivo que Lázaro Cárdenas haya nacionalizado el petróleo y no le creen a Enrique Peña Nieto cuando dice que no piensa privatizar Pemex.
La campaña presidencial para legitimar la transferencia de la renta petrolera a inversionistas privados fue intensa, además de manipuladora: se negó siempre que la reforma hacendaria era regresiva y supletoria de los ingresos fiscales perdidos por compartir la renta petrolera con el capital extranjero.Aun así, en el último semestre las posiciones favorables al monopolio estatal en hidrocarburos aumentaron, así como el rechazo explícito a cambiar laConstitución para compartir renta, propiedad de activos o conceder licencias, permisos o concesiones para que particulares hagan labores exclusivas de la empresa pública: dos terceras partes de los ciudadanos manifestaron su convicción de que no haya cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales y rechazan la asociación de Pemex con el capital extranjero para extraer petróleo de aguas profundas. La exigencia de tres de cada cuatro ciudadanos es inequívoca: desean que los diputados federales de Puebla voten en contra de los cambios a la Constitución impulsados por el Ejecutivo federal y defiendan la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos.
La tarifa actual del gas y energía eléctrica se considera elevada para la mayoría de los ciudadanos y, de modificarse la Constitución para legitimar la privatización del hidrocarburo la expectativa es que aumenten no sólo esos productos, sino también la gasolina y los derivados del petróleo. Los ciudadanos no avalan cambios constitucionales en materia de hidrocarburos; así lo manifestaron el 13-17 de junio, el 22-26 agosto y el 8-11 de noviembre del año en curso en respectivas encuestas telefónicas aplicadas a 400 personas de 18 años o más residentes en el municipio de Puebla. El PRI y el PAN (y sus aliados) carecen de respaldo popular alguno para gestionar la reforma energética propuesta por las empresas petroleras trasnacionales; de ahí su negativa a la consulta popular o a un voto mandatado.
Ante la falta de legitimidad de las reformas constitucionales a los artículos 27 y 28, no es de extrañarse que los legisladores del PAN y del PRI la aprueben en el puente de Guadalupe Reyes —cuando el ánimo ciudadano es de fraternidad y paz— para minimizar el costo político de la privatización de los hidrocarburos. Tampoco sería extraño que los legisladores del PRD avalen la contrarreforma petrolera: la obcecación de la dirigencia nacional de ese partido para no discutir su permanencia en el Pacto México (14 congreso nacional) es un mal presagio.
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