El Congreso de la Unión acordó endosar las reservas de hidrocarburos de la Nación a particulares, y para ello modificó tres artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: cambió tres párrafos del 25, uno del 27 y agregó otro, y modificó dos párrafos del 28. Artículos fundamentales del pacto social fueron radicalmente transformados sin haber una consulta nacional al respecto, sólo la complicidad de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. Los hidrocarburos depositados en el subsuelo en cualquiera de sus formas (sólida, líquida o gaseosa) pueden ser explorados, extraídos, procesados y distribuidos por particulares, así como la generación de energía eléctrica. Las modalidades de adjudicación de la riqueza energética es a través de contratos o asignaciones de producción o utilidades compartidas, servicios o de licencia. La petroquímica ya no es considerada estratégica, ya no hay monopolio estatal sobre los hidrocarburos, y se comparte la renta petrolera con los particulares. Pemex y Comisión Federal de Electricidad ya no son organismos públicos descentralizados, sino empresas productivas del Estado que compiten con empresas energéticas privadas.
Hace 75 años Lázaro Cárdenas expropió el petróleo a empresas extranjeras; hace 30, José López Portillo declaró a Pemex como empresa estratégica y refrendó el monopolio estatal en la exploración y extracción de hidrocarburos y en la petroquímica básica. Hoy, Enrique Peña Nieto elimina el monopolio estatal sobre la extracción y distribución de hidrocarburos y petroquímica básica y permite que particulares lo hagan por sí mismos o asociados a empresa productivas del Estado. Además, las empresas agraciadas con las asignaciones para extraer, procesar y distribuir los hidrocarburos “pueden reportar para efectos contables y financieros la asignación correspondiente y los beneficios esperados”. Durante 25 años no se realizó el mantenimiento necesario, tampoco la ampliación y modernización de las empresas públicas del sector energético; Pemex fue literalmente sangrada con excesivas cargas fiscales e ilegales transferencias hacia el PRI vía sindicato petrolero. Hoy se les despoja de la red de ductos (Pemex) y de postes y cables (CFE) y se les conmina a ser eficientes y competitivas; vaya manera de concebir la igualdad de oportunidad y el sentido de justicia. De la corrupción en Pemex y CFE y las complicidades y responsabilidades de funcionarios públicos y partidos políticos hay amnesia tricolor y blanquiazul.
Si Pemex ha realizado inversiones de exploración o ha descubierto yacimientos de hidrocarburos, se le podrán respetar las áreas que en estos momentos están bajo su juridicción; Pemex conservará las áreas donde actualmente extrae hidrocarburos, pero puede concesionarlas a particulares a través de un contrato, sin especificar condiciones, monto de la renta petrolera ni modalidad de la extracción. Las áreas explotadas por Pemex son sujetas de licitación a particulares, sea por ineficiencia productiva o por decisión de la propia empresa estatal. Con relación a la producción de petróleo del año en curso, las reservas probadas de petróleo actuales equivalen a 15 años y las reservas de hidrocarburos de lutitas se estiman en 14 años, aparte las reservas de gas natural; todas ellas pueden ser concesionadas (le llaman asignación, contratos o licencias) a empresas privadas, con menoscabo de la soberanía nacional y pérdida de renta petrolera.
El pronóstico de la privatización de los hidrocarburos es de una mayor intensidad en la extracción y procesamiento; se espera que la producción y el precio internacional del petróleo se eleven, por lo cual los ingresos petroleros se incrementarán; sin embargo, la renta petrolera será “la misma proporción respecto al Producto Interno Bruto… del año 2013” (Transitorio Décimo Cuarto del Dictamen). El pago de renta será residual y dependerá de los gastos reportados de las empresas contratadas y de los volúmenes de producción y precio de venta que quieran informar; hay una regresión de 75 años en la reforma energética. La pérdida de renta petrolera (36 por ciento del ingreso público en 2013) se compensará con menos gasto social y más impuesto a los trabajadores y al consumo; la próxima reforma será fiscal y regresiva.
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