Edgardo Buscaglia, “Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada”. Prólogo de Carmen Aristegui. Debate 2013.
Los seis años de sangre y horror por el que hemos pasado recientemente fueron resultado de políticas públicas aplicadas contra el crimen organizado que resultaron fallidas y contraproducentes.“La guerra de Calderón” sumió a regiones enteras del país en una dinámica de violencia y descomposición extremas, con miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, torturados.
El cambio de sexenio no varió la demencial dinámica. Al finalizar el gobierno de Calderón se contabilizaron 83 mil muertos y en los primeros meses de Peña Nieto la cifra ya está cercana a 14 mil. De mantenerse este ritmo al finalizar este sexenio se habrá superado, en casi 50%, el número de muertos del periodo de Calderón.
Según algunos, la única opción es pactar con el cártel más fuerte para disminuir las muertes, desapariciones y delitos. Sin embargo, de acuerdo con el Dr. Edgardo Buscaglia, esto es ilusorio; porque puede funcionar en un momento pero, a mediano plazo, se romperán los equilibrios y nuevamente resurgirá la violencia.
Para combatir a la delincuencia organizada y prevenir los fenómenos delincuenciales, hasta ahora se ha puesto por delante a la seguridad nacional, que se basa en el enfoque represivo. Sin embargo la prioridad debe ser la seguridad humana, que pone por delante a la seguridad del individuo y de la comunidad. Pero para hacerlo se requiere de una coordinación interinstitucional dentro y fuera del Estado mexicano y una sociedad civil fuerte. Condiciones que aún no se dan a plenitud en México.
Pero ¿cuál es el camino a seguir? Controles, controles y más controles:
1) Controles judiciales, con policías, jueces fiscales y sistemas penitenciarios que generen y ejecuten resoluciones que prevean el ejercicio práctico de derechos humanos declarados por la ONU. 2) Controles patrimoniales, que deben diseñarse para desmantelar las vastísimas telarañas nacionales e internacionales de edificios, fábricas, sistemas de transporte y almacenamiento que permiten a las empresas criminales su funcionamiento operativo. 3) Controles de corrupción que actualmente rigen la vida institucional desde el nivel municipal hasta el federal pasando por el estatal. Para esto deben regularsey limitarse la discrecionalidad en los funcionarios lo que a su vez genera corrupción e impunidad. 4) Pero los más importantes de todos son los controles sociales, que deben operar en todos los estratos (individual, familiar, comunitario, laboral, de salud y educativo) que sirven para prevenir que más ciudadanos se sumen al crimen organizado. La implementación de estos controles debe basarse en redes de ciudadanos técnicamente apoyados para monitorear el funcionamiento de instituciones públicas en todos los rincones para prevenir la salud, educación y trabajo.
Edgardo Buscaglia argumenta que los más importantes de todos son los controles sociales: es urgente modificar un conjunto de prácticas institucionales y sociales que han hecho posible que el horror y la violencia asociadas a las prácticas de corrupción y crimen organizados, sigan ahí como si nada pudiera evitarlo.
Buscaglia ha trabajado en más de 109 países asesorando a gobiernos y organizaciones ciudadanas para establecer políticas y reformas de combate a la delincuencia organizada y mecanismos para prevenir su presencia y efectos. El común denominador de todos estos países es la debilidad institucional con sistemas de justicia colapsados, impunidad ante la corrupción gubernamental hasta el más alto nivel, sistemas de control patrimonial fallidos y escasos o nulos sistemas de prevención social de delitos.
En México “se producen al mismo tiempo, disfunciones crónicas de vacíos de Estado, las empresas criminales que normalmente se desarrollan en todos los países del mundo, a través de negocios ilícitos silenciosos, pasarán a manifestarse —como en México— con violencia extrema de conflicto armado, en su intento por ocupar estos vacíos de Estado”.
Dice en la presentación del libro la prestigiada periodista Carmen Aristegui: “¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos que se amontonan? ¿Qué hacer con políticos que se enriquecen y corrompen a merced de los vacíos del Estado que dejan colar los más deplorables rapiñas? ¿Qué hacer cuando la tarea de administrar se convierte en posibilidad de robar? ¿Qué hacer cuando la propia sociedad no alcanza a inventar su propio papel de control frente al poder y grupos delincuenciales?” México está tan mal en sus redes de la sociedad civil que mientras en Alemania hay 24 redes de ONG dedicadas a atacar los factores de riesgo social ligados a la delincuencia organizada y el pandillerismo, en México no existe una sola ONG realizando estas funciones, lo que nos coloca en el nivel de Nigeria o de Afganistán.
“Vacíos de poder” nos ayudará a entender por qué la corrupción existente a los más altos niveles políticos y económicos es el caldo de cultivo ideal para la violencia extrema que vivimos. México está lejos de adquirir la capacidad necesaria para combatir a la corrupción (y por tanto a la delincuencia organizada), porque para esto tendría que existir un fiscal funcionando autónomamente que pudiera acusar incluso a los ministros o exministros del presidente, como en Brasil. En México en, en el mejor de los casos, el funcionario que hace tráfico de influencias o que actúa como “juez y parte” se hace acreedor a tan sólo una falta administrativa. Con estos “controles” el país estuvo y está listo para ser infiltrado por los grupos criminales organizados.
