1) Introducción
En Puebla, la estructura agraria minifundista persiste. Ello se ha tomado como signo de rezago en lugar de valorar sus potencialidades. Las transformaciones agrarias previstas por las reformas de los noventa buscaban superar el minifundio así como compactar y concentrar la propiedad territorial, limitando la reproducción social del campesinado. Sin embargo, el minifundio sigue siendo base de la producción agrícola de unidades familiares que coexisten con unidades empresariales de diverso tipo.
Partiendo del hecho de que esas unidades familiares campesinas son centrales para el abasto local de productos básicos y el cuidado del ambiente, en sus distintos ámbitos regionales, proponemos fortalecer su existencia y sus redes de abasto para la población local.
Considerar la tierra y el agua de los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, sólo como reservas territoriales para la expansión de actividades empresariales es desconocer su importancia para garantizar la alimentación, además del valor simbólico de la misma.
2) De discursos y hechos
Como parte del ejercicio académico de evaluación de planes y programas de gobierno, a finales del gobierno de Rafael Moreno Valle, diversos profesores-investigadores de la Facultad de Economía realizamos la valoración de su gestión. Nuestra participación se enfocó a valorar la gestión hacia el campo poblano. Un aspecto en materia de política pública totalmente desdibujado desde lo alimentario y productivo. La política hacia el campo en materia rural se concentró en la entrega de mototractores que poco significado tienen para las necesidades y características de los productores poblanos.
Para lo que sí contaron los campesinos era para aportar tierras como posesionarios o propietarios para los planes de expansión, institucionalizándose el Banco Estatal de Tierras como instancia mediadora (la inmobiliaria) para el mercado de tierras, que busca “convencer” a los campesinos de “ceder” sus tierras y aguas para nuevas inversiones, frente a la amenaza de expropiación y mano dura.
El Banco de Tierras es un Fideicomiso Público, es decir, una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración, creado por Decreto del Ejecutivo del Estado, teniendo a su cargo las funciones y atribuciones que expresamente le confieren su decreto de creación, su Contrato Constitutivo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado y demás disposiciones aplicables.
En su Artículo 6 establece que el Fideicomiso tiene como objeto la realización de una actividad estratégica, consistente en generar un portafolio de reservas territoriales en el estado de Puebla, para impulsar el desarrollo urbano sustentable de todo tipo de proyectos inmobiliarios mediante la adquisición y/o gestión de áreas de suelo o predios de los centros de población para destinarlos al crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento de los mismos centros de población. (Reglamento interior del fideicomiso, 14/09/2011)
Otro aspecto representativo de lo anterior y que marcó el inicio de la gestión de Moreno Valle fue el de las ciudades rurales como proyecto para despoblar o desocupar los territorios bajo el argumento de la imposibilidad del gobierno de dotar de servicios a las comunidades rurales dispersas en el territorio estatal y por ello la necesaria concentración poblacional en nuevas ciudades rurales. Justamente la propuesta inicial fue en San Miguel Tenextatliloyan, municipio de Zautla, en la Sierra Norte de Puebla, donde las comunidades organizadas lograron detener ese tipo de proyectos. Pero donde a partir de 2012 emergen los conflictos por las concesiones mineras otorgadas y el interés de grandes empresas para explorar y explotar minerales metálicos, construir hidroeléctricas y extraer mediante fracking diversos combustibles. Lo anterior permitió conocer que casi 9 por ciento del territorio estatal ha sido concesionado para la extracción de minerales.
También fue de suma importancia la imposición del Proyecto Integral Morelos, que desde Tlaxcala, Puebla y Morelos, afecta a buen número de comunidades rurales y cuyo objeto es “desarrollar” una amplia zona rural propiciando la urbanización e industrialización en una franja de alto riesgo volcánico, que debía preservarse como rural.
Qué decir del desarrollo de Lomas de Angelópolis y la expansión hacia el Valle Atlixco-Izúcar de Matamoros, rico en actividades agropecuarias y en sistemas de producción diversos. Hoy se debate en un cúmulo de presiones, la expansión hacia el mismo viene de la ciudad de México y Morelos y propia ciudad de Puebla y de las nuevas zonas de expansión hacia el sur-poniente que se volvió imparable una vez construido el denominado Periférico Ecológico, y que sentó condiciones para el desarrollo del complejo inmobiliario de Lomas, que alberga ya 12 mil viviendas en diversos tipos de fraccionamientos y que preveé alcanzar las 19 mil viviendas teniendo como límite por el momento a Santa Clara Ocoyucan.
3) Los campesinos y el minifundio,
potenciador de cambios
Vale la pena preguntarse si el próximo gobierno estatal puede proponer políticas que atiendan a su realidad y se distancien de las estrategias nacionales, buscando apuntalar las potencialidades propias y que arribe al poder un proyecto con voluntad de cambio. Hay que cambiar la concepción que prevalece donde el minifundio y la agricultura familiar constituyen sólo un problema productivo y social, sin ver sus potencialidades y su capacidad de adaptación.
Dicha capacidad es observable en los cambios en la estructura de producción agrícola que muestra el ascenso de una nueva estructura agrícola, con mayor inserción en los mercados, similar a la seguida por los sectores más dinámicos de la agricultura del país, pero que preserva la producción de la milpa en temporal. También revela las diversas condiciones agroecológicas, particularmente entre el riego y el temporal que permite diversificar las opciones productivas.
La inclusión de nuevos cultivos coincide y se profundiza en el periodo de aplicación de las políticas de ajuste estructural y refleja desde nuestro punto de vista la capacidad adaptativa, ante la necesidad de mejores ingresos. Esta forma de producción representa un modelo de pequeñas unidades productivas de cambio tecnológico e innovación, favorecidas por su posicionamiento geográfico de acceso a mercados, por las grandes concentraciones demográficas de Puebla y el valle de México que demandan alimentos. Hasta la fecha la producción agrícola se ha transformado hacia cultivos de mayor rentabilidad, como son hortalizas, flores, frutales y forrajes, en áreas con condiciones agroecológicas favorables, particularmente las asociadas al riego, mientras los cultivos básicos se mantienen en temporal, especialmente maíz y frijol, claramente orientados hacia el autoconsumo y secundariamente al mercado.
Sin embargo, ante esta realidad no se ha creado un sistema institucional de servicios que asista el desarrollo de esos productores. Para avanzar en esta dirección es necesario replantear la política agrícola hacia la agricultura campesina y familiar la cual ciertamente depende del gobierno federal. Pero en el marco de la descentralización, postulada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), el gobierno del estado puede avanzar hacia la constitución de instituciones y políticas de fomento, donde los sujetos a los cuales se pretende beneficiar sean los principales actores en el diseño y reflexión de las mismas.
