El manejo de los recursos públicos en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) fue opaco; privilegió, en términos de política de transparencia y acceso a la información, cambios cosméticos; se basó en la política del indicador, es decir, se buscó colocarse dentro de los rankings de transparencia del Instituto Mexicano de la Competitividad AC (IMCO) –por ejemplo– y que no dan cuenta de las inversiones, convenios, deudas, concesiones, viabilidad de proyectos y toma de decisiones que implica hablar de transparencia.
Así caracteriza Lilia María Vélez Iglesias, especialista en temas de políticas de transparencia y acceso a la información de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, la administración estatal del ex gobernador y quien hoy es candidato plurinominal al Senado de la República de la alianza Por México al Frente.
“En términos de legislación podemos decir que tenemos una buena ley, sin embargo lo que se critica son las prácticas, acciones que tuvieron como objetivo obstaculizar el acceso a la información a los ciudadanos”, puntualizó la profesora investigadora en entrevista con este suplemento.
Se detectó en reiteradas ocasiones el cambio en la modalidad de entrega de la información solicitada, con la intención de cansar al ciudadano y que finalmente no obtubiera los datos, además de reservar información que en realidad no debería estarlo, lo que es una clara violación a la Constitución, puntualizó la maestra en Ciencias Políticas y gestión Pública.
Ejemplo de opacidad, los PPS
Las dependencias y entidades estatales reservaron información que tenía que ver con proyectos que implicaron cuantiosos recursos públicos, todos los proyectos vía los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Todo aquello que tenía que ver con el dinero público está reservado, y también toda la parte técnica de los proyectos como estudios de viabilidad e impacto.
Algunos de los ejemplos señalados por Lilia Vélez son el Museo Internacional Barroco, el contrato de concesión de la administración del servicios de agua potable a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, el segundo piso de la autopista México-Puebla y las ciclovías —del Bulevar Hermanos Serdán y de la autopista.
Del Museo Internacional Barroco “no conocemos cuánto dinero se debe y cuánto se le está pagando a los inversionistas”.
Del contrarto para la concesión del agua en Puebla, se desconoce el contenido del acuerdo, “las autoridades argumentan que hay litigios abiertos contra dicha concesión”. Sin embargo, señala la especialista, esto es un pretexto porque aunque haya litigios en proceso, es ilícita la reserva de esa información porque está vinculado a un derecho fundamental como es el agua; finalmente “quienes están litigando tienen el contrato porque ahí sí no se puede negar y por lo tanto no afecta en nada que el contrato sea público”, señaló.
“A mí me parece que lo que afecta es que se conozcan los términos en los que se concesionó el servicio del agua —que según dicen algunos abogados que han visto el contrato, pero no lo puedo sostener porque no tengo el convenio— es lo escandaloso de los beneficios que se le otorgan a la empresa”.
Ha habido, puntualiza, de manera recurrente, solicitudes para conocer el contenido de tal contrato que debería ser público porque todos los convenios de concesión deben ser públicos, está establecido en la ley y que hasta la fecha se ha mantenido en reserva.
En el caso del segundo piso de la autopista —participación federal y estatal—, no conocemos y no pudimos acceder a los proyectos y análisis de viabilidad de las ciclopistas que están en el Bulevar Hermanos Serdán y que incluye la ciclopista de la autopista como parte del segundo piso, ciclovía que después fue retirada.
Hay un proyecto que era mucho más barato, mucho más acorde en materia de ciclopistas, más amable con el medio ambiente y sin embargo se optó por un proyecto mucho más costoso, no amigable con el medio ambiente y que va en contra de las tendencias mundiales de ciclopistas, acotó Vélez Iglesias.
Los órganos de transparencia, las plataformas y sus trampas
Otro gran tema que pone en la mesa Lilia Vélez es la falta de independencia del órgano garante del derecho al acceso a la información, “claramente estuvo plegado a la opacidad del gobierno que a garantizar la transparencia, esto se debió a la selección de comisionados que estaban muy cercanos al gobierno del estado o que habían trabajado directamente en alguna de las dependencias y que su actuación dejó mucho que desear, ese es uno de los grandes pendientes”, sentenció.
Aunque en la ley el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (ITAIP) es un órgano independiente y autónomo, que ya no está vinculado al Poder Ejecutivo como lo estaba antes, sigue siendo un órgano que no tiene autonomía real.
Además, señala la investigadora, tiene problemas de tener un presupuesto escaso; de acuerdo a un estudio realizado, es uno de los institutos que menos recursos recibe a nivel nacional y es un órgano con pocas capacidades, no ha hecho practicamente nada en términos de promoción del derecho a acceso a la información ni protección de datos.
“En el sexenio de Moreno Valle me parece que el órgano ha desaparecido, es un órgano que se oculta asimismo para que la gente no conozca su derecho; no cumple con la obligación que establece la ley de promover el derecho, los aspectos básicos de la política. No hubo ningún avance en ese sexenio de gobierno abierto porque no había disposición a trabajar con la sociedad civil”.
Una de las cosas que cambió en la Ley General de Transparencia y en la legislación local es aquello que se llama obligaciones de transparencia, es información que debe ser puesta a disposición del público sin que se necesite una solicitud y es información básica vinculada a las atribuciones de los entes públicos. Hay mucha información que ya por obligación debe estar difundida públicamente a través de portales de transparencia o de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2017, señala Vélez, fue el plazo para que todos los entes públicos pudieran subir su información; sin embargo, aún hay rezagos importantes en la captura de los datos, “estamos esperando la última evalución que hace el ITAIP —que es quien evalúa— para saber qué avances ha habido de los entes públicos.
Por otro lado, la información que se ha colocado en las plataformas de transparencia se presentan en formatos que, a decir de la especialista, obstaculizan más que facilitar el acceso a la información. Estos formatos son diseñados por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) —quien tiene esa atribución por ley— y que son usados por los sujetos federales, estatales y municipales.
Al INAI le corresponde administrar la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, que hasta la fecha no funciona y que su diseño tuvo un costo de 19 millones de pesos.
“No funciona porque a veces no puedes abrir las respuestas y un día funciona y al otro no. En ese sentido, lo que hizo el gobierno del estado ante las fallas de la plataforma fue nuevamente implementar Infomex”.
El ITAP, miembro del Sistema Nacional de Transparencia, que tendría que reportar las incidencias de la plataforma, si funciona o no funciona. Quienes han realizado algunos señalamientos son organizaciones como Artículo 19, Fundar y México infórmate.
Gobierno abierto
El concepto de gobierno abierto parte de tres elementos fundamentales: el primero es información que sea de utilidad a la sociedad y que se ponga a su disposición a través de tecnologías, lo que implica el segundo elemento, que es usar las tecnologías para que la información llegue a la ciudadanía lo más fácil posible y, la tercera es que esa información se coloque en formatos accesibles y se establezca un diálogo con la sociedad civil especializadas en la materia.
Si uno de los tres elementos está ausente no se puede hablar de gobierno abierto.
“La idea de gobierno abierto viene de una alianza internacional que fue impulsada por Barack Obama a la que México pertenece. Y que como país se compromete a ir avanzando en ciertas temáticas, eso se ha intentado bajar ahora a nivel de los estados, con el INAI como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia; hasta el momento ha habido resultados muy raquíticos y muy desiguales”.
Los municipios, asunto pendiente
Los gobiernos municipales tienen muchas prácticas de opacidad, algunos de los aspectos que señala Lilia Vélez se relacionan a temas de capacitación, recursos y voluntad política.
“Me parece que los municipios tienen muchísima menos capacitación —salvo el ayuntamiento de Puebla que es grande y tiene muchas más capacidaddes para responder en términos de transparencia. Hay municipios muy pequeños que no tienen el personal, los instrumentos y los recursos para hacer mejor las cosas y que también, falta voluntad política”.
Finalmente, señala la especialista, hay muchos recursos de revisión sobre los ayuntamientos porque no responden, reservan información, la clasifican, etcétera, y es obligación del ITAIP capacitar a estos sujetos para que hagan su trabajo.
Sin embargo, las dependencias del gobierno del estado son las más opacas; “estamos viendo señalamientos sobre los fideicomisos que manejan recursos públicos. A partir de nuestra experiencia de análisis estas dependencias son las más opacas. Prácticamente en todas las obras que se presumen del sexenio de Rafael Moreno Valle se han caracterizado por su opacidad en la rendición de cuentas”.
