En la localidad fronteriza de El Paso, Texas, Patrick Crusius —ciudadano norteamericano— asesinó con premeditación y alevosía a 22 personas e hirió a 26 el pasado 3 de agosto. Los hechos ocurrieron en la tienda comercial Walmart, ubicada en la zona comercial Cielo Vista de esa ciudad. Era un día de ofertas de útiles escolares y el supermercado mencionado estaba abarrotado de latinos, en su mayor parte mexicanos; ocho de los decesos son de esa nacionalidad (cinco nacidos de Chihuahua, uno de Aguascalientes, otro de Coahuila y uno más de Zacatecas).
La motivación del terrorista doméstico, según lo explicita en un manifiesto presuntamente escrito por él, es detener la latinización en el sur de Estados Unidos, frenar la invasión silenciosa y el peligro que, según su credo, amenaza la tranquilidad de la sociedad sureña. Este discurso es enarbolado por los blancos anglosajones protestantes de Estados Unidos y es fomentado por el presidente Donald Trump, que lo ha hecho el eje central de su campaña presidencial y de su actual gestión administrativa. La permanente criminalización de la migración desplegada por Trump exacerba nacionalismos y racismos y conductas xenofóbicas que no solo transgreden los derechos humanos, sino laceran la vida y la dignidad, tanto de nativos como de inmigrantes. Concomitantemente, hay una defensa a ultranza de los republicanos con los fabricantes de armas agrupados la Asociación Nacional del Rifle y se niegan a regular o condicionar la venta de armas en Estados Unidos.
El acceso indiscriminado a las armas de cualquier calibre y su libre tránsito nos afecta doblemente, tanto por la exportación ilegal de las mismas hacia nuestro país como por el uso doloso que en su propio territorio se comete: en los primeros siete meses de este año se han cometido 248 tiroteos masivos en Estados Unidos, que bien pueden tipificarse como actos terroristas, a éstos habrá que agregar los referidos de El Paso y el acontecido 13 horas después en Dayton, Ohio, donde un joven norteamericano asesinó a nueve personas (seis afroamericanos y tres blancos). En Estados Unidos, 36 mil personas pierden la vida por fuego al año y hasta la fecha no hay intento del Legislativo y Ejecutivo de ese país por regular la venta de armas; es motivada y razonada la petición de Andrés Manuel López Obrador para que se controle la venta de armas en ese país.
A través de sus consulados en Texas, California, Chicago, Nueva York y Atlanta, el gobierno mexicano coadyuva a los familiares de los mexicanos que han sido asesinados en Estados Unidos, pero no ha emprendido acciones legales para solicitar la extradición de los asesinos; ni los familiares de las víctimas han iniciado litigios contra las autoridades de aquel país por inseguridad pública ni contra los fabricantes de armas de fuego. Lo que es consensual en los organismos multinacionales es el exterminio de las campañas de odio y de supremacía blanca que se propagan desde la presidencia de Estados Unidos, institución que el pasado 7 de agosto ordenó una racia de 680 trabajadores latinos de la industria de agroalimentos en Misisipi y que ha convertido a las ciudades fronterizas mexicanas del norte en sala de espera de los transmigrantes que solicitan asilo en ese país.
