El pasado 13 de noviembre el Senado de la República aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el 29 del mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación; a partir del primero de enero de 2020 inició operaciones. Su misión es proporcionar atención médica de calidad para toda la población residente en territorio nacional que no tenga seguridad social, como lo establece el artículo 4º constitucional; los servicios serán gratuitos como lo consigna el artículo 77 de la Ley General de Salud. Este instituto suple al Seguro Popular y pretende eliminar las fugas y los actos de corrupción que lo caracterizaron.
El Insabi es un organismo público descentralizado que proveerá y garantizará los servicios de salud, medicamento y demás insumos asociados para quienes no son derechohabientes de seguridad social (69 millones en estos momentos); su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 será de 112 mil 538 millones de pesos (mmp), 72.538 mmp presupuestados para ese instituto y 40 mmp del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Si los gobernadores de las entidades así lo desean, podrán integrarse al Insabi para que éste asuma la prestación de servicios médicos en esas entidades. Todos los servicios públicos de salud serán gratuitos, esto incluye también a los hospitales altamente especializados: Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Alta Especialidad y Hospitales Especializados de las entidades federativas.
Además de la prestación de servicios médicos, el Insabi debe atender la ampliación, modernización y construcción de la infraestructura médica; equipar los Centros de Salud y Hospitales; basificar a 86 mil 368 médicos, enfermeras, paramédicos y personal de apoyo logístico que actualmente laboran en ese instituto, y contratar el personal médico necesario para atender los centros de salud y hospitales equipados. Tales encomiendas asignadas al Insabi se realizarán durante la gestión presidencial (2018-2024) y para ello es necesario asignarle un presupuesto mayor al 0.5 por ciento del PIB con que iniciará operaciones. Tan sólo para cubrir el faltante de equipo médico de alta tecnología (resonancia magnética, angiógrafo, tomógrafo, acelerador lineal, rayos X, ambulancias, camillas) en los Centros de Salud y Hospitales que están funcionando, se requieren 13 mmp (Conferencia matutina presidencial 22/01/20), recursos no presupuestados para este ejercicio; como tampoco lo están 7 mmp que son necesarios para que los 34 hospitales de alta especialidad no cobren cuotas de recuperación (4.5 mmp) y los usuarios de esos servicios dejen de pagar consultas ambulatorias y medicamentos (2.5 mmp).
Son varias las dificultades que el Insabi debe afrontar para cumplir sus objetivos, una es la presupuestaria, debe proporcionar servicios curativos, de promoción, prevención, rehabilitamiento y tratamiento en todos los niveles y sin costo para casi 70 millones de personas y dispone apenas de 0.46 por ciento del PIB para ello. El presupuesto del subsistema de salud (IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas), que ya tiene una infraestructura equipada y funcionando tiene un presupuesto seis veces superior al Insabi para atender a 60 millones de derechohabientes. El Centro de Investigación Económica y de Estudios Presupuestarios estima en 6.6 por ciento del PIB el presupuesto necesario para que el Insabi funcione (3.4 por ciento del PIB en infraestrutura y 3.2 por ciento del PIB para costo de operación). Otra dificultad son las cadenas neoliberales del sistema de salud: privatización de los servicios de farmacia (los concesionarios manejan el inventario); proveedores únicos de fármacos y de servicios médicos; otras más corresponden a los intereses afectados: políticos, distribuidores de fármacos, sindicatos, funcionarios públicos, empleados del sector salud. Otra es la rigidez del cuadro básico de medicamentos que no es flexible para casos de efectos secundarios generados por el fármaco y que requiere la medicación de otro alterno.
La salud como derecho humano no es del agrado de los privatizadores de los servicios básicos, mucho menos, que sea a través de instituciones públicas como se otorgue un servicio de calidad y gratuito y que los recursos públicos sean administrados con probidad y eficiencia cuando la divisa era la corrupción e impunidad. Tan sólo en el Seguro Popular no se comprobaron 7.8 mmp ejercidos entre 2007-2016 y 6.2 mmp fueron indebidamente utilizados en 2018 en unidades médicas no acreditadas.
Una administración honesta puede ahorrar al comprar insumos y servicios de manera consolidada, como se lo propone la gestión del actual presidente y ya lo demostró en el ejercicio del año pasado. Aun así, si las compras y obras públicas fueran la tercera parte del gasto público y el ahorro fuese del 20 por ciento en dichas adquisiciones, lo generado por probidad sería 1.6 por ciento del PIB y el Insabi necesita cuatro veces más: los ingresos públicos deben crecer. Algo más que creatividad y honestidad deberá hacer Andrés Manuel López Obrador para hacer posible el derecho humano a la salud.
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