La doble crisis (sanitaria y económica) por la que atravesamos augura decrementos en la producción por habitante. Si la economía lograra crecer al 4 por ciento cada uno de los años restantes del gobierno de la 4T, al acabar el sexenio, lo producido sería solo 6 por ciento superior respecto a 2018 y el producto por habitante será 4 por ciento menor; creciendo a ese ritmo (4 por ciento anual), sería hasta 2026 cuando el producto por habitante sea similar al que hubo en el último año de la gestión de Enrique Peña Nieto. Crecer a esa intensidad requiere una inversión pública mayor a la actual y para ello, se aumenta el ingreso público y/o se incrementa la deuda pública.
A pesar de la contracción económica, en 2020 los ingresos tributarios crecieron 0.5 por ciento en términos reales con relación al año anterior, pero la totalidad de los ingresos públicos decrecieron 1.3 por ciento. La carga tributaria en México (12 puntos del Producto Interno Bruto) es de las más bajas del mundo y la evasión y elusión fiscal es un deporte nacional; el gobierno de la 4T ha puesto candados para impedir que los contribuyentes evadan sus obligaciones fiscales y ha cancelado la condonación de impuestos, esas acciones aunadas a la identidad y compromisos de algunos contribuyentes con la gestión de Andrés Manuel López Obrador han mejorado la recaudación fiscal, pero difícilmente pueden generar un incremento en la recaudación superior a tres puntos del PIB. La posibilidad de un aumento de las tasas tributarias o creación de nuevos impuestos se ha descartado por el Ejecutivo federal y sería inapropiado aplicarlas en un contexto de crisis económica. La eficiencia administrativa, la austeridad republicana, la honestidad en el manejo del gasto público y la desaparición de fideicomisos de dudosa honorabilidad han permitido ahorrar varios puntos del PIB, pero no son suficientes para lograr crecimiento del producto, del empleo y de la productividad, como se ha propuesto el gobierno de la 4T.
Ante la penuria del ingreso público para afrontar la complejidad de la doble crisis, una opción es solventar el incremento del gasto con deuda suscrita en moneda nacional y a tasa de interés blanda; los ahorros de los trabajadores para el retiro era una opción, pero ya se renunció a ello; otra es el Banco de México, quien puede comprar —previa reforma institucional— bonos públicos a tasas iguales o menores a la inflación. Una compra de 1.3 billones de pesos de bonos públicos por parte del Banco de México para el gobierno significará la posibilidad de incrementar en cinco puntos del PIB la inversión pública neta y para el banco representaría la tercera parte de sus reservas internacionales registradas al 15 de enero de 2021, esa opción no debería descartarse si queremos crecimiento económico y sobre todo, mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, como es el propósito del gobierno encabezado por AMLO.
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