La educación es un derecho y corresponde al Estado (federación, estados, municipios y ciudad de México) garantizarlo e impartirlo en sus diferentes niveles (inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior). La educación básica y la media superior son obligatorias y la educación superior lo será para el Estado, el cual está comprometido a proporcionar los medios de acceso “para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas” (artículo 3º Constitucional). El ingreso al nivel superior está condicionado por las exigencias académicas definidas por las instituciones de educación superior pública (IESP) y el resultado de los exámenes aplicados generalmente desfavorece a los aspirantes de niveles socioeconómicos más bajos, lo que hace inequitativo al sistema de educación superior que pretende ser lo contrario.
Desde la promulgación de la Carta Magna en 1917, el artículo 3º Constitucional ha tenido 11 reformas, cinco de ellas significativas: en 1934 Lázaro Cárdenas establece el carácter socialista de la educación, la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la educación impartida por el Estado; en 1980 José López Portillo agrega la actual fracción VII que confiere autonomía a las IES, se establece la libertad de éstas para autogobernarse y administrar su patrimonio; realizar sus tareas sustantivas respetando la libertad de cátedra y la libre expresión de ideas; definir sus planes y programas y libertad para determinar los términos del ingreso, permanencia y promoción de los trabajadores universitarios; en 1993 Carlos Salinas establece la universalidad de la educación y el carácter obligatorio del nivel de educación secundario; en 2013, Enrique Peña Nieto agrega la obligatoriedad de la enseñanza media superior, y el 15 de mayo de 2019 Andrés Manuel López Obrador incorpora la obligatoriedad de la educación superior y la gratuidad de la educación impartida por IESP.
En el Programa Sectorial Educativo 2020-2024 se establecen, entre otras, dos metas relacionadas con la obligatoriedad de la enseñanza media superior (bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico) y superior: en el ciclo escolar 2024-2025 se pretende alcanzar una cobertura de 90 por ciento para la educación media superior y de 50 por ciento para la educación superior (excluido posgrado). Se entiende por cobertura el cociente entre los alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar del nivel educativo dividido entre la población típica correspondiente a ese nivel educativo, lo que también se conoce como tasa bruta de escolarización, así, los alumnos matriculados en el nivel de enseñanza media superior en el ciclo escolar 2019-2020 fueron 5.54 millones en la modalidad de enseñanza escolarizada y no escolarizada y la población de 15 a 17 años estimada por Conapo para mediados de 2019 fue de 6.66 millones, por lo cual la cobertura es de 83 por ciento, es decir, por cada 100 jóvenes cuya edad varía entre 15 y 17 años hay 83 inscritos en el nivel de enseñanza media superior. La meta de cobertura para el año 2024 significa un aumento de 6 puntos, esto requiere ampliar la matrícula del nivel medio superior en 83 mil cada año, lo que es realizable, ya que entre 2002 y 2019 la matrícula de ese nivel creció cada año en 109 mil; lo que se requiere es un incremento anual del presupuesto para ese propósito de 3 mil 74 millones de pesos ($35 mil 700 por alumno al año), lo que no se ha observado. Cabe recordar que la tasa de crecimiento de la población de 15 a 17 años entre 2020 y 2040 la estimó Conapo en -0.45 por ciento, esto es, cada año hay menos población en ese rango de edad, lo que facilita el incremento de la cobertura.
En el nivel de educación superior (excluido posgrado) la meta de cobertura es de 50 por ciento, esto significará un incremento sexenal de 10 puntos de cobertura, lo que requiere que cada año la matrícula de ese nivel aumente en 109 mil (2.2 por ciento anual), meta realizable ya que entre el ciclo escolar 2000-2001 y 2016-2017 el incremento anual del nivel superior (excluido posgrado) fue de 127 mil 431 alumnos (4.4 por ciento anual). El presupuesto público para generar el incremento de matrícula deseada es de 8 mil 955 millones de pesos al año ($82 mil 200 por alumno) y hasta el momento, no ha habido aumento real del presupuesto en educación ni en educación superior. A mitad de sexenio, la matrícula de licenciatura de las IESP ha crecido por una mayor intensidad de trabajo (mayor número de alumnos por grupo escolar), mayor carga docente de los académicos de carrera, congelamiento de plazas de jubilados, disminución del número de materias ofrecidas, cancelación de materias de baja demanda, plena ocupación de la capacidad instalada, supresión de gasto corriente, incremento de las plazas y de los profesores de asignatura, trabajadores outsourcing en tareas administrativas y, desde hace 18 meses, por ahorros considerables en el consumo de agua, energía eléctrica, gasolina y papelería por el cierre de las instalaciones universitarias.
La tasa de escolaridad, tanto en su versión bruta o neta, se refiere a la población típica que debería cursar el nivel educativo: 15 a 17 años para educación media superior y de 18 a 22 años para la licenciatura, pero la educación es universal, la obligación del Estado es proporcionarla a cualquiera que la solicite y, en el caso de la educación superior, que acredite las exigencias dispuestas por las IESP. La cobertura es referida a la matrícula al inicio del ciclo escolar y no considera la conclusión de ese nivel, un indicador más apropiado es el de eficiencia terminal (egresados de un nivel educativo por cada 100 inscritos en ese nivel cuando iniciaron el ciclo escolar), que en el caso de la educación media superior fue de 66 por ciento para el ciclo escolar 2019-2020, es decir, de 100 que se inscribieron al primer año, solo terminaron 66. Si la eficiencia terminal fuera de 75 por ciento en el nivel medio superior debido a las becas otorgadas y la absorción (porcentaje de alumnos que ingresa a licenciatura por cada 100 egresados del nivel medio superior) pasara de 72 a 75, la tasa de crecimiento programada de la matrícula de licenciatura aumentaría cuatro décimas sobre la programada por incremento de cobertura.
Hay requerimientos de servicios y equipamiento en los niveles básico y medio superior que es necesario mejorar: en disponibilidad de agua potable hay la meta de aumentar en ocho puntos ese servicio para las escuelas que no lo tienen en el ciclo básico y en cinco puntos en las escuelas del nivel medio; en electricidad se pretende mejor en ocho puntos el acceso a esa energía en el ciclo básico y en cinco puntos en las escuelas del nivel medio superior. En acceso a internet no se establecieron metas, pero es necesario ampliar su cobertura, que en 2019-2020 era de 38 por ciento en escuelas del nivel básico y 50 por ciento del nivel medio superior; en equipo de cómputo funcionando también son fuertes las carencias, no lo tienen 46 por ciento de las escuelas del ciclo básico y 31 por ciento de las escuelas del ciclo medio superior. Y el gasto público para educación solo aumentará en el mismo porcentaje de la inflación.
El año pasado, los particulares aportaron 23 por ciento del total del gasto educativo, el sector público realizó la mayor contribución (73 por ciento), de este último, la federación aportó 78 por ciento y los estados, 22 por ciento. El gasto público federal se destinó prioritariamente a la educación básica (57.6 por ciento), a la media superior se le asignó 13.2 por ciento, a la educación superior, 22.4 por ciento, y a la capacitación para el trabajo, educación para adultos, cultura y deporte y gasto de la administración central, 6.7 por ciento. Medido como porcentaje del PIB, el gasto público que en México se destinó a la educación primaria hasta la superior fue de 4.2, de 4.4 tanto en Chile como en Estados Unidos y de 4.6 en Suiza, todos los porcentajes corresponden al año 2016 (SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. 2019-2020). En este suplemento José Alejandro Sánchez Lozano nos presenta una comparación internacional del gasto educativo de México respecto a siete países europeos donde la educación superior es gratuita, ahí podemos observar que del total del gasto público de México en 2016, 18 por ciento fue para educación, ese porcentaje es mayor al destinado por Alemania para ese mismo fin; el gasto público en educación superior respecto al gasto total educativo fue de 21 por ciento en México, tres puntos menos que Suecia, cinco puntos menos que Alemania, los porcentajes no difieren significativamente, si el monto del gasto público destinado por alumno inscrito en el nivel de educación superior: el de México fue 5.4 veces menor al de Alemania y 8.6 veces menor al de Suecia. El producto interno por habitantes entre Europa y México son muy diferentes como también lo son el gasto y el ingreso público con relación al PIB. Nuestra recaudación es de las más bajas del orbe y nuestro gasto publico depende de esos ingresos (más los petroleros) y esa situación limita la ampliación del gasto público como lo requieren las carencias sociales de la mayor parte de la población y la universalización de los sistemas educativos y de salud.
La obligatoriedad del Estado para impartir una educación en todos los niveles que sea universal, equitativa, inclusiva, relevante, pertinente, excelente y además gratuita requiere algo más que austeridad republicana, justa medianía, espíritu de servicio público, probidad y eficiencia. Es necesario que la bolsa para ampliar matrícula y mejorar las instalaciones, los servicios y los equipos de cómputo tenga fondos públicos, como también los debe tener la otra bolsa, la que garantiza que las IESP ya no cobren cuotas de ingreso, permanencia y egreso, como lo siguen haciendo.
