Las industrias energéticas, a nivel mundial, están en la encrucijada de la conversión hacia la adopción de energías limpias, o mantener la explotación de recursos fósiles como el petróleo y el carbón.
En nuestro país, considerando el ejemplo del sector eléctrico, según los datos del Quinto Informe de Gobierno (2017) de Enrique Peña Nieto, 80 por ciento de la generación bruta de energía la realizaba el sector público, del cual 15 por ciento proviene de energías limpias (sin contar algunas la energía nuclear). De igual forma, la información oficial de la Secretaría de Energía (2017) durante el periodo peñista, señala que 20 por ciento de la electricidad proviene de fuentes limpias.
Este último dato es importante de acuerdo a los discursos en contra de la nueva reforma propuesta por el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, puesto que se evidencia que la participación privada, la mayoría extranjeras, sólo aporta el 8 por ciento restante de las energías limpias. Por tanto, afirmar que la competencia proveniente del sector privado promueve este tipo de energía y a bajo costo, no es del todo acertado.
Si bien, durante el sexenio anterior hubo avances en materia de energías limpias como fuente de generación de electricidad, lo cierto es que el establecimiento de infraestructura en parques solares y eólicos ha minado territorios, afectando ganado y zonas de cultivo de pobladores rurales, además del alto costo, que hasta el momento, genera producir cada Gigawatt/hora.
Ahora bien, la propuesta de reforma del actual gobierno (cuya discusión en parlamento abierto inició el pasado 17 de enero), señala, en lo discursivo, que se busca lograr un sistema eficiente de energía limpia, unificando la producción energética con una participación de 54 por ciento por parte del Estado, mientras que el resto sería con la participación del sector privado, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2021).
Esta llamada “Transición Energética Soberana” establece la base la discusión en lo que respecta a las instalaciones de energía solar y eólica.
En el caso de la generación de energía solar, se requiere del uso baterías de alta tecnología a base de plomo, gel y/o litio, entre otras. En este caso, las baterías de iones de litio son las más utilizadas por su alto rendimiento.
Precisamente el tema del litio es el que ha causado mayor revuelo en la discusión de esta nueva reforma, debido a que se busca modificar la estructura, no solo en el caso de la industria eléctrica, sino también a lo que corresponde a la llamada Ley Minera, aún vigente. Este mineral sólido blanco-plata es demasiado ligero y, se oxida muy rápido ante el aire y el agua, razón por la cual, tiene diversos usos.
Este metal se utiliza para el desarrollo de medicamentos psiquiátricos, así también para crear un hidróxido que se utiliza, principalmente, en submarinos para poder depurar el aire.
Gracias al avance tecnológico de las últimas dos décadas, este material se ha convertido en el sustituto de los combustibles fósiles, sobre todo en la industria automotriz, en el desarrollo de las baterías de iones de litio que sirven para almacenar energía para automóviles de propulsión eléctrica.
La batería de iones de litio ya se conoce en la vida diaria a través del uso de los llamados “teléfonos inteligentes” (Smartphones), el cual se utiliza en las marcas de Gama Alta (Samsung y Apple), y algunas de Gama Baja. También se utilizan para el desarrollo de las computadoras y otros aparatos electrónicos de uso frecuente.
Como se puede ver, el litio tiene diversas aplicaciones en la vida cotidiana, que van de la producción del vidrio, aire acondicionado, hasta, como ya se ha dicho, en el desarrollo de la industria eléctrica.
Por dicha razón, la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador ha incorporado el tema de las concesiones sobre este metal, el cual se considera estratégico dentro de esta llamada “Transición Energética Soberana”.
En México se encuentran 81 yacimientos de litio, distribuidos en 17 entidades federativas, de las cuales 31 están concesionados a empresas canadienses, chinas, inglesas, estadounidenses, españolas y dos mexicanas (Xantomila, 2021), de las cuales exploran y extraen dicho mineral en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. De acuerdo a esta nueva iniciativa de reforma, todas estas se respetarán, pero no se darán nuevos permisos, por lo cual, los 50 restantes quedan a cargo del Estado Mexicano, por lo que las actividades sobre este material están bajo reserva de la autoridad federal.
Cabe destacar que de las concesiones existentes sobre este material, se encuentra en Bacadéhuachi, Sonora, el cual se considera, en la actualidad, como el yacimiento más grande del mundo, el cual explora (y explota) la empresa inglesa Bacanora Lithium PLC, la cual tiene la mayoría de las concesiones ya mencionadas y, por la cual, muchas de las comunidades aledañas, tanto de Sonora como de Chihuahua, están sufriendo de escasez de agua.
De los 17 estados de la República que tienen presencia de este metal, 13 yacimientos se localizan en Sonora; 12, en Puebla; nueve, en Oaxaca; ocho, en Nuevo León; siete, en Durango; cinco, en Chihuahua, y cinco, en Tamaulipas. De ahí el resto de las entidades federativas cuentan con tres yacimientos (Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas) y uno (Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Veracruz).
De acuerdo con la doctora Violeta Núñez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), este resguardo de dichos yacimientos de litio es favorable, puesto que para la producción de vehículos eléctricos se requiere de 10 mil veces más con respecto a los teléfonos celulares (Núñez, 2021). Pero su utilidad incluye también el desarrollo de la energía eléctrica “limpia”, pero los procesos de explotación parecen ser de lo más contaminante.
Ante el avance hacia una “Economía Limpia”, en la cual se busca al litio (junto al grafito) como el gran sustituto de los combustibles fósiles, sin considerar las condiciones de explotación de este mineral, no ha quedado claro, hasta el momento, si la consideración de “estratégico”, implica un mero resguardo, o un proceso de explotación por parte del Estado Mexicano.
Seguramente saldremos de muchas de las dudas sobre los conceptos que conlleve esta nueva reforma y, en especial sobre el litio, en el momento que se aprueben las leyes secundarias que emanen en el Legislativo federal.
Referencias
CFE (2021). Portal. Recuperado de https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx
Secretaría de Energía (2017). Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031. México: Presidencia de la República.
Núñez, V. (2021). El Oro Blanco ¿de quién es el litio en México? Entrevista. RompevientoTV. https://www.rompeviento.tv/el-oro-blanco-de-quien-es-el-litio-en-mexico/
Presidencia de la República (2017). Quinto Informa de Gobierno. Recuperado de http://presidencia.gob.mx/informe/
Xantomila, G. (20 de abril de 2021). Empresas Extranjeras tienen 31 Concesiones para Yacimientos de Litio. El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/empresas-extranjeras-tienen-31-concesiones-para-yacimientos-de-litio-mineria-exploracion-fabricacion-baterias-6622922.html
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