El 17 de enero, la Cámara de Diputados inició los foros del Parlamento abierto para analizar la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, litio y otros minerales remitida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión en octubre de 2021, en los que se analizará la propuesta en 19 sesiones, con el fin de que los legisladores voten el proyecto a inicios del mes de marzo.
En este espacio de debate se abordarán temáticas del Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013, el papel del Estado, los objetivos planteados y los resultados de la reforma de 2013, la constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de 2021, y medio ambiente y transición eléctrica. Las sesiones pueden consultarse en el canal de Youtube de la Cámara de Diputados:
https://www.youtube.com/user/camaradediputadosmx/
Ausencia de gobernadores y respaldo de morenistas a la reforma eléctrica
Con la ausencia de 21 gobernadores, se inauguró el parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados para analizar la reforma eléctrica. Destacó que los gobernadores de filiación morenista fueron mayoría y respaldaron el proyecto del presidente López Obrador.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó la iniciativa como “un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”.
Explicó en ocho puntos que la reforma de 2013 desintegró a la Comisión Federal de Electricidad en diversas empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas sin necesidad de planeación ni rectorías o el Sistema Eléctrico Nacional.
Sheinbaum Pardo argumentó que “el elemento químico más importante de la batería es hoy por hoy el litio. Por ello, el control de este mineral por la nación es indispensable para beneficio del desarrollo y de un futuro sustentable para la humanidad”.
Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, afirmó que el sector energético ha sido la base del funcionamiento de la economía mexicana.
Sostuvo que distintos sondeos de opinión revelan que ocho de cada 10 mexicanos no están a favor de la participación de empresas privadas en el sector energético e incluso consideran esto una regresión histórica.
Recordó que cuando fue senadora por su estado y se debatía la reforma de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto, “la crítica y la deliberación política fue anulada bajo el control de los medios de comunicación que acallaron opiniones contrarias a los intereses que dirigían esta reforma, al tiempo, que simulaban acciones para legitimarla”.
Incluso, señaló la mandataria, “uno de los actores fundamentales que participó en el proceso, Emilio Lozoya, que la aprobación de esta reforma fue impulsada gracias al efecto de cuantiosas sumas de dinero entregadas por parte de empresas extranjeras. Con sobornos, se vulneró nuestro pacto nacional y se hizo inviable nuestro desarrollo en el campo energético de manera soberana e interdependiente con el resto del mundo”.
En su intervención, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dijo que la iniciativa es importante para los sonorenses no solo un tema de soberanía nacional, sino también de bienestar social, por las condiciones climáticas extremas de aquel estado del norte; “es inadmisible que las viviendas paguen en la actualidad más por kilowatts que quienes utilizan la energía con propósitos comerciales o industriales”.
Con esta reforma, dijo, se regresa a la CFE “las facultades para mantener bajo su control el mercado de la generación y transmisión del servicio en condiciones que aseguren un pago justo y no como sucede actualmente en que los consumidores se encuentran en gran desventaja y pagan directamente las consecuencias de los contratos leoninos que las grandes corporaciones de la industria eléctrica”.
Por su parte, el diputado por el Revolucionario Institucional, Rubén Ignacio Moreira Valdez, llamó a un diálogo civilizado y “de buena fe” para “modificar” y votar la iniciativa.
“Cuando el PRI manifestó su opinión sobre la iniciativa que enviaba el señor presidente de la República, fue muy claro, sería un despropósito para un legislador y una legisladora rechazar de entrada una iniciativa, sería un despropósito sin estudiarla, sin analizarla, sin debatirla. Como, también, nosotros estamos ciertos que una iniciativa puede y debe tener modificaciones”.
En tanto, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Omar Fayad, presentó las propuestas de incluir a los gobernadores “aunque sea solo con voz», en el sistema de planeación democrática en el sistema eléctrico mexicano; y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad.
La reforma energética de 2013,
despojo y desaparición de la CFE: Bartlett
El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, insistió en que la reforma de 2013 “persigue el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional”.
Explicó que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE: “habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad a todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentra la siguiente aberración: 54 la CFE, 46 los privados. En 2018: 52 CFE, 48 privados. En 2019, 45 CFE y 55 los privados”.
Bajo esta lógica, señaló que en 2024 la CFE solo generaría el 29 por ciento de electricidad y no es consecuencia de una mayor competencia de los privados, sino por el mecanismo de monopolios y diversas “chicanadas” que están descritas en la exposición de motivos de la iniciativa.
Aseguró que con una inversión de tan solo 11 mil millones de dólares, los privados pretenden apropiarse del Sistema Eléctrico Nacional y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión.
“Veámoslo de manera concreta en números. Reforma energética en números, la de 2013. El mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares, la Comisión Federal de Electricidad vale 370 mil millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44 mil millones de dólares. Los privados han recuperado a la fecha 22 mil millones de dólares de esa inversión”.
“Conclusión, con 11 mil millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Esos mecanismos de disposición, usurpación ilegítima de la propiedad pública”.
Bartlett Díaz insistió en que con los mecanismos establecidos en 2013 se destruye sistemáticamente a la CFE, la fracturan empresas subsidiarias y filiales, “pedazos” de la empresa paraestatal para competir entre privados.
Obligan a la Comisión al “no despacho de sus plantas para cumplir con su responsabilidad de suministrar energía a 54 millones de hogares, comprando la electricidad a las empresas privadas para garantizar así sus ingresos, y sin poder acudir a las propias plantas de la CFE.
Como lo ha hecho en ocasiones previas, el director de la CFE, explicó el funcionamiento de las sociedades de autoconsumo, una figura que calificó de fraudulenta al no pagar la red y despacho a la paraestatal.
“Un generador extranjero finge tener socios, que son de paja. En realidad, son sus clientes, pero apoyándose en las prerrogativas originales se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70 mil supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna. Sí, 70 mil consumidores, empresas distinguidas, respetables que no pagan lo debido, frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo”.
Insistió en que la CFE no es enemiga de las energías limpias, y que la política de transición está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador, una política de Estado que movilizará recursos, generará tecnologías.
Finalmente, cuestionó: “¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos: 2019, la generación limpia de la CFE representó el 25 por ciento y el 74.8 de fósil y gas. En tanto que los privados aportaron el 16.3 de energía limpia y 83.7 de energía fósil y gas, los privados. En 2020, CFE asciende a 33.5 de energía limpia y 66.5 de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5 en la energía limpia, pero con 81.5 de energía fósil. En 2021 CFE el 38.2 de energía limpia y 61.8 de fósil. Los privados 20.5 de energía limpia y 79 de energía fósil”.
Puntos en contra y a favor de la reforma eléctrica;
expertos en energía y representantes de transnacionales debaten
Durante el primer foro, los ponentes Rosanety Barrios, Carlos de María y Campos Segura y Monserrat Ramiro expusieron sus alegatos en contra de la propuesta de reforma.
Algunos de sus principales argumentos son que el modelo propuesto está agotado, “es regresar 60 años y no se resolverán los problemas actuales”.
A decir de los asesores de empresas en el ramo, “la CFE que concentra el 67 por ciento de la capacidad de las plantas del Estado a base de combustibles fósiles, solo el 33 por ciento son plantas que producen energía limpia”.
Desde esta perspectiva, mejorar la capacidad de las hidroeléctricas, construir una planta solar en Sonora y construir seis plantas a base de gas natural, aumentaría el uso de combustibles fósiles y baja la participación de la generación limpia.
Añadieron que en los siguientes 15 años la CFE tendría que desembolsar más de 80 mil millones de dólares entre las líneas de transmisión, distribución y las plantas de generación.
¿Qué enfrentaríamos con la reforma que se está presentando? —cuestionó Carlos de María y Campos, asesor de contratistas, desarrolladores, instituciones de crédito, agencias multilaterales—, “yo identifico daños irreparables. Se cancelaría el 62 por ciento de la generación nacional por la cancelación de los permisos. Esto nos traería una insuficiencia en la generación, alrededor del 50 por ciento del país podría quedarse sin luz. Esto traería un paro económico a la industria y el comercio al no contar con electricidad.
Generaría una pérdida de empleos, el país tendría que pagar indemnizaciones billonarias con recursos del pueblo, nos someteríamos a sanciones internacionales bajo tratados internacionales y acuerdos de protección de las inversiones en materia ambiental, habría un daño muy grave en la calificación crediticia del país y un daño a la reputación y la confianza en México”.
Héctor Cuapio, Nicolás Domínguez y Manuel Ornelas, fueron los ponentes a favor del proyecto presentado por López Obrador.
Entre los señalamientos, destacaron que la legislación vigente (la reforma energética de 2013) no ha representado beneficios para los mexicanos, para la CFE y los trabajadores.
Nicolás Domínguez caracterizó la estrategia de desmantelamiento de este sector “desde finales del siglo pasado, muchas compañías privadas han diseñado esquemas para desregularizar o privatizar el sector eléctrico en el mundo por medio de estafas y a eso le llaman modernización, […] apoyadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Bancos de Desarrollo”.
“Se ha forzado a los gobiernos a fracturar sus empresas en subsidiarias y filiales, haciéndoles perder competitividad y rentabilidad, […] llevando a las empresas públicas a la bancarrota y luego forzar a los estados a venderles partes de ellas como chatarra”.
Domínguez destacó que la CFE en 1999 producía el 100 por ciento de la electricidad. En 2017 el 54 por ciento, en la primera mitad del año pasado el 38 por ciento y de seguir así en 2030 solamente produciría el 16 por ciento y con ello, los privados acapararían la generación de energía del país.
Entre los argumentos de los ponentes a favor de la reforma, señalaron que se va a detener la privatización del sector eléctrico y con ello la desaparición de la CFE; evitará la concentración económica del mercado eléctrico y la Comisión dejará de “subsidiar” a privados por 215.4 mil millones de pesos que deja de despachar en energía y otros 222.9 mil millones por la compra de electricidad a particulares.
Además, “aquellos que no hayan violado la ley gozarían del 46 por ciento de un negocio de 6.4 millones de millones de pesos”.
Finalmente, los ponentes a favor coincidieron que de aprobarse la iniciativa que fortalezca a la CFE, se evitaría un panorama como el de España que ha tenido una escalada de precios en las tarifas de electricidad, afectando directamente a sus habitantes.
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