El pasado 20 de mayor se efectuó la presentación del libro La política pública en ciencia. Reflexiones desde el pensamiento crítico, en la Sala Carlos Marx de la Facultad de Economía de la BUAP. Los colegas del Doctorado en Economía Política del Desarrollo me hicieron la invitación para expresar mis comentarios sobre él y que ahora reproduzco.
Recibí el libro con emoción y entusiasmo puesto que es un tema que como Profesor Investigador de la BUAP me interesa mucho y debemos de tener la información certera y de primera mano de cómo funcionan las instituciones que gestionan y manejan la educación, la ciencia y la tecnología de nuestro país. El libro fue coordinado por Cecilia Elizondo y Raymundo Espinosa Hernández y editado a finales de 2023 por el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt). Este material está compuesto por seis partes y por 30 capítulos, donde colaboran varios colegas de diferentes instituciones, así como periodistas y analistas de políticas públicas que han participado más de cerca en los procesos de trasformación que está atravesando nuestro país, a partir de que el primer gobierno de izquierda se instaló en la República.
En el comienzo se puede apreciar la filosofía y el camino que tomará el libro. Se describe como una colección de reflexiones recogidas de los debates de “La ciencia es para todos 2021”, realizado en varias sedes de la República Mexicana, involucrando a diversos actores que participan de las actividades de las humanidades, la ciencia y la tecnología, y que tuvo como propósito debatir, discutir y construir reflexiones sobre los nuevos pilares de las políticas públicas que inciden en dichas actividades y que definen la labor del Conahcyt). Justo unos días antes cumplía un año la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) y en esta primera parte de este libro se enfatiza sobre como los artículos 3 y 5 constitucionales son los pilares máximos para garantizar el acceso a la educación y la tecnología. Sin embargo, podemos empezar a debatir que en la realidad esto no está sucediendo, ya que incluso en nuestra propia institución, la BUAP, hay varios pagos que deben de realizarse para tener accesos a los créditos correspondientes, o a titulación o emisión de documentación oficial, es cierto que existen condonaciones y apoyos para disminuir el ya mínimo aporte monetario, pero el que sea la educación superior sea completamente gratuita aún es un objetivo distante.
Adicionalmente se remarca el entendimiento que la obligación y derecho del acceso a la ciencia y tecnología no es tarea solo del Conahcyt, sino también de otras entidades como la Secretaría de Educación Pública, las instituciones públicas y privadas, incluso pequeños grupos sociales o asociaciones llamadas “amateur”, pero que son la semilla de futuros proyectos sociales promotores de los derechos como es el derecho a la ciencia y tecnología.
Esta nueva LGHCTI nos trae algo que me parece es de suma importancia, y es la reconstrucción del pensar de para quién hacemos ciencia, en palabras del propio Pérez-Taylor (uno de los autores del libo) “la ciencia para el bien común”. Este cambio de paradigma no es mínimo, ya que por muchos años del periodo de gobierno neoliberal se entregaron fondos públicos al sector privado, en otras palabras, los impuestos de los mexicanos patrocinaban la mejora de productos o procesos de compañías tan poderosas como Kimberly-Clark de México, a quienes le otorgaron 50 millones de pesos (MP), Laboratorios Pisa (de las farmacéuticas más grandes del mundo) apoyo por 20 MP o la minera Servicios Especializados Peñoles, también apoyo por 50 MP. Sin lugar a dudas, este beneficio no es de alto impacto para la mayoría de los y las mexicanas, aportan poco o nada a la educación o al desarrollo de nuevas tecnologías que beneficien a la nación, al contrario, en muchas ocasiones dichas empresas perjudican y precarizan los empleos que ofrecen o deterioran la salud de niñas y niños como en el caso de la minera o incluso de Bimbo-Barcel, que también es mencionada en este apartado, empresas que engañan y cuentan con campañas fraudulentas a favor de la salud y del compromiso con la sociedad.
Este tipo de situaciones se están evitando en la nueva LGHCTI, con esta nueva ley y estos nuevos paradigmas se trata de fomentar un espíritu más solidario, más empático con el planeta y sobre todo más humano. En este sentido la dirección de la nueva ley intenta dar un giro más inclusivo que tenga cabida para todos los grupos sociales independientemente de sus creencias, género, extracto social, capacidades, etcétera, y esto no solo aplicaría a las personas a quienes impactarán las nuevas estrategias del desarrollo tecnológico, sino también a quienes generan estas mismas estrategias y quienes las llevan a cabo. Hablando sobre los datos, de acuerdo al capítulo elaborado por Laura E. Saavedra Hernández, se tienen que hacer esfuerzos por revertir las desventajas sobre la distribución igualitaria de oportunidades de crecimiento o de acceso a los diferentes beneficios por la producción académica y de investigación, un ejemplo claro es en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) donde, por ejemplo, desde hace seis años 42 por ciento de las mujeres del padrón del SNII estaban en el nivel de candidatas, 37.7 por ciento en el primer nivel, 29.9 por ciento en el segundo y 21.2 por ciento en el tercero, estos datos son claramente ejemplo de la brecha de desigualdad en México. Adicionalmente, no hay datos claros, por ejemplo, en la cantidad de miembros del SNII que sean de pueblos originarios, o con personas con discapacidad, y seguro hay muy pocos, dicho dato conlleva un entendimiento del acceso minoritario que estos grupos tienen a plazas de investigación a los mismos centros de investigación.
Además, es interesante que dentro del libro no encontramos solo reflexiones de los autores de los capítulos, sino que incluso existen propuestas plausibles para diferentes actividades, gestiones o estrategias que mejoran el acceso a la investigación a nivel nacional. Una muestra de esto es el planteamiento de Daniel Solorio Ramírez, quien reflexiona sobre el papel de las y los estudiantes de nuevo ingreso en las elecciones de directivos en las universidades. En este contexto, es fundamental la participación de estudiantes, pero invita a reflexionar sobre la comunidad de recién ingreso, primero o segundo semestre, que carece de los elementos e incluso de la identidad para establecer una decisión de esa magnitud, que tiene repercusiones de gran envergadura para la vida académica y científica de las instituciones de educación.
En la parte cuatro del libro sobre las patentes y la propiedad intelectual, se puede comprobar el gravísimo efecto del capitalismo sobre la comunidad científica, involucrando por supuesto a México, que de la mano de los gobiernos neoliberales ha tomado como producto principal, la publicación de resultados científicos en la élite de las editoriales científicas, que si bien, son de gran valor para el desarrollo científico mundial, estas prácticas han transformado su desarrollo en una mera industria maquiladora de pensamientos bajo el yugo y represión hacia la comunidad científica, donde se debe de entender que existen no solo profesores y profesoras investigadoras sino también estudiantes de posgrado, posdoctores y posdoctoras, etcétera.
Un caso muy puntual es revisado en la página 312 del libro en cuestión, en tal apartado Leonardo Toledo nos relata el caso del estudiante Aaron Swartz del Massachusetts Institute of Technology (MIT), quien fue arrestado por utilizar literatura descargada de manera ilegal y por lo que fue denunciado y condenado a 50 años de prisión; sin embargo, MIT y la empresa editorial JSTOR “invitaron” al joven Swartz, de la manera más deshumana que se puede hacer, a un convenio con una condena mucho menos severa siempre y cuando el estudiante se declarase culpable. Cosa que no sucedió, el joven decidió enfrentar a las corporativas y a no más de tres meses el joven se suicidó. Así sin más, el capitalismo depredador consumió una vida más por el solo hecho de no generar 30 o 50 dólares más en las arcas de dichas empresas. Casos similares son tocados en esta parte, como el de Sci-Hub o la patente de la codificación del Covid-19. Este tipo de hechos reflejan lo que la nueva LGHCTI no quiere impulsar o proteger, no quiere que se entienda que la ciencia es un privilegio que solo es alcanzable para unos cuantos, y que beneficie a las minorías adineradas, o que solo proteja a aquellos proyectos que resulten en dividendos económicos jugosos.
A lo que se aspira es a que la ciencia cumpla y cubra con la solución de problemas de índole nacional, por esto entiéndase la soberanía alimentaria, la sustentabilidad propia de energías renovables, cosas tangibles para todas las personas dentro de este país.
En la parte cinco, “Mecanismos para combatir la corrupción en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación”, se trata de manera muy precisa la existencia de varios eventos de corrupción dentro del Conahcyt en la época neoliberal. Es impresionante el nivel de corrupción que existía, no nos confundamos, es muy probable que aún existan varios actos con ilegalidad, pero no podemos negar que la publicación y difusión de casos en pasadas administraciones nos dan una pisca de lo torcido que estaba la comprobación y seguimiento de la asignación de recursos públicos. Entrando en materia, podemos ver de primera mano datos como: cantidades de trasferencias de dinero, recipientes de dichas trasferencias, bancos de donde llegaba y se recibía el dinero, incluso qué ley o artículo se está violando con dichos actos. Más aun, se enfatiza que en al menos cuatro centros de investigación Conahcyt existió omisión de rendición de cuentas; es decir, se entregaban recursos y nunca se pidieron entregables o resultados del uso de recursos públicos.
Por último se tiene la parte seis, “La trasformación neoliberal de la educación superior y la desigualdad entre académicos”, una parte bastante interesante, donde se expone claramente cómo las universidades públicas tomaron como suyas las tendencias neoliberales y capitalistas, extendiendo este espíritu a sus académicos y estudiantes, o al menos a la administración de estos. Un trabajo muy detallado de este efecto se puede apreciar en el capítulo de Germán Sánchez y María Eugenia Martínez de Ita, enfocado a la parte histórica de la burocracia universitaria de nuestra casa de estudios, la BUAP. Esta burocracia ha asimilado poco a poco el perfil empresarial y competitivo, poniendo un mayor énfasis en producción por cantidad más no tanto por calidad. Posterior al periodo progresista del Ingeniero Rivera Terrazas, en estos últimos años la Universidad, la élite burocrática ha trasformado el propósito de esta institución, pasando de crítica, incluyente y social a una entidad más emprendedora, más administrativa y más neoliberal. Concluyendo, podemos entrar en muchos temas de este libro que son de un valor importante para la reflexión dentro de diferentes gremios: jurídicos, periodísticos, científicos, pedagógicos y demás. No cabe duda que se obtendrán conocimientos e ideas importantes al leer este libro, que los coordinadores nos informaron que puede usted obtener gratuitamente en este link https://conahcyt.mx/la-politica-publica-en-ciencia/. Lo más importante y fundamental será no solo el planteamiento de estas estrategias y filosofías, sino cómo llevarlas a cabo y ejecutarles de tal manera que beneficie a la mayoría de las y los mexicanos, este mismo será el gran reto de todos y todas.
