Inobjetable es que la mayoría de los ciudadanos percibimos que la seguridad pública dista mucho de ser apacible, tanto en el barrio, la ciudad, la entidad o el territorio nacional. Tampoco podemos ignorar que 22 de cada 100 ciudadanos hemos sido víctimas de los delincuentes y que hay 24 homicidios por cada 100 mil habitantes; situación muy distinta a la prevaleciente hace 20 años, que sin ser el paraíso de la Familia Arcoiris, los espacios públicos eran transitables. Con las gestiones de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la actividad delictiva se triplicó y aunque ha menguado con la actual, aún no podemos decir que vivimos en concordia.
Los partidarios de regímenes autoritarios —que no comparten las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni la emancipación de la plebe que éste promueve—, lo han descalificado argumentado una fallida estrategia de seguridad pública que supuestamente expolia el patrimonio financiero y edificado de las élites, violenta la calidad de vida y tiñe de rojo el territorio. La narrativa financiada por la oposición se centra en la incapacidad y complicidad del actual gobierno para combatir a la delincuencia, el miedo a perder la vida; exacerbadas las emociones, el corolario inducido sería cambiar de estrategia de seguridad, de gobierno y de partido.
La evidencia discurre en sentido inverso: los indicadores de inseguridad pública, su percepción y sensación, son actualmente menores a los registrados al inicio de la gestión de AMLO. Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública aplicada y publicada por el Inegi este año, las tasas de prevalencia delictiva (víctimas entre ciudadanos) y de incidencia delictiva (delitos entre ciudadanos) bajó en siete y ocho puntos porcentuales, respectivamente, entre 2018 y 2023, en tanto que la percepción de inseguridad bajó cinco puntos porcentuales en esos mismos años. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 29 en 2018 y en 2023, de 24.
Otra encuesta del Inegi sobre seguridad pública aplicada en 92 ciudades (ENSU, 2023) registra variaciones similares: entre 2018 y 2023 bajó en 25 por ciento la sensación de inseguridad en espacios públicos (casa, trabajo, calles habitualmente usadas, escuelas, mercado, centro comercial, banco, cajero automático en vías públicas, transporte público, automóvil, carretera y parque recreativo); el atestiguación de delitos y conductas antisociales disminuyó 17.7 por ciento en esos años (vandalismo, consumo de alcohol en las calles, robo o asalto, pandillas, consumo o venta de drogas y disparo frecuente de armas); en 2018, de cada 100 ciudadanos, 51 cambiaron rutinas por la inseguridad, en 2023 fueron 37. En 2018, 39 por ciento de la ciudadanía fue víctima de algún tipo de robo o extorsión: el año pasado fueron 26 por ciento. En las áreas urbanas donde se realizó esta encuesta nacional, a la pregunta sobre el problema principal de la ciudad, 68 por ciento de los ciudadanos ubicó a la delincuencia (robo, extorsión, secuestro y fraude) en segundo lugar en 2018; el año pasado, 49 por ciento ubicó a la delincuencia en sexto lugar.
Aun atendiendo las causas que generan injusticia, inequidad y pobreza, se requerirán más de dos gestiones presidenciales probas y eficientes para revertir la situación actual de inseguridad. Hay una mayor confianza en las instituciones que la confrontan, así como una mejor valoración de su desempeño, pero hay entidades y ciudades disputadas por el crimen organizado que nos complican la vida: México, Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Michoacán y Nuevo León. La situación actual de inseguridad pública es crítica, pero comparada con la de inicio de la gestión de AMLO hay avances significativos.
Pese al resultado electoral en el cual la candidata del partido gobernante venció a la opositora en una proporción de dos votos contra uno, el discurso de la estrategia fallida se refrenda, tanto por quienes la financian como por los medios de comunicación tradicionales. Las fuentes de información a través de las cuales los ciudadanos se enteran sobre seguridad pública, según el Inegi (ENSU, 2023), son las redes sociales (39.2 por ciento); los medios conservadores como la TV, la radio y los impresos (30.9 por ciento); la comunicación personal en el vecindario, escuela o trabajo (26.3 por ciento) y mensajería por teléfono celular (9.8 por ciento). Los medios tradicionales (por convicción, alineación o conveniencia) suelen ser adversos a proyectos políticos incluyentes y democráticos, por lo que la batalla por la audiencia de AMLO y la 4T se concentra en las redes sociales, que en los últimos seis años aumentó en 10 puntos porcentuales su participación.
