En su periodo de campaña, Donlad Trump prometía, en materia migratoria, el despliegue de un conjunto de acciones encaminadas a concretar deportaciones masivas, a mantener a los solicitantes de asilo fuera de su territorio y a reducir los recursos hacia las ciudades santuario. En ese contexto electoral, el ahora presidente de los EEUU llegó a mencionar que retiraría la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas.
Existe polémica sobre si es posible que el gobierno de Trump deporte a los alrededor de 11 millones de personas extranjeras sin documentos que viven en los EEUU. Los analistas consideran que una situación así sería incluso perjudicial para la economía y para la estabilidad social, toda vez que se trata de personas que han tejido lazos y relaciones colectivas con incidencia directa en distintos ámbitos de la vida pública de ese país.
El gobierno de Trump requerirá de importantes modificaciones legislativas para ampliar el margen de acción de las medidas de detención y deportación de personas migrantes. El Congreso de Estados Unidos ya ha ofrecido algunas señales sobre la postura que asumirá, pues el pasado 7 de enero la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que estaría dirigido a “legalizar” la deportación de personas extranjeras indocumentadas que estén acusadas de delitos menores no violentos.
El predominio republicano en el Senado hace pensar que ese proyecto no tendrá problema para convertirse en ley, si es que no lo ha hecho ya en el momento en que estas reflexiones son publicadas. Lo que otorgaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la facultad para detener, y potencialmente deportar, a personas indocumentada que cometan un delito menor no violento. Con la legislación vigente, la deportación puede darse solo en caso de que medie una condena por al menos dos delitos menores (Caro, 2025). Se trata del primer paso de un proyecto migratorio que, de manera temprana, coloca los cimientos para ampliar, a una escala nunca antes vista, los mecanismos de persecución y cercamiento hacia las personas extranjeras sin permiso de residencia en la historia contemporánea de ese país.
Es de gran polémica la sugerencia de retirar la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas que hubieran nacido en los EEUU. Para ello, Trump tendría que pasar por alto la XIV Enmienda a la Constitución de ese país, que indica que toda persona nacida en él será ciudadana, sin importar la raza, la etnicidad o el origen de sus padres. Es complicado que esta situación llegue a concretarse, pues para cambiar la Constituición necesita una mayoría que alcance dos terceras partes del Congreso, lo que actualmente no posee.
Una potencial medida, sin necesidad del apoyo del Congreso, sería la de poner fin a la Deferred Action for Childhood Arrival (DACA). Esta acción ejecutiva fue implementada en 2012 y otorga a cientos de miles de jóvenes que llegaron siendo niños a los EEUU la posibilidad permanecer en ese país. Al mes de septiembre de 2024, eran 537 mil 730 los beneficiarios de DACA, de los cuales 436 mil 300 son mexicanos. Sin embargo, según estimaciones del Migration Policy Institute (2025) en 2023 eran inmediatamente elegibles, bajo las reglas originales de 2012, un total de 1 millón 160 mil personas extranjeras. De ellas, 744 mil son mexicanas. Otro dato interesante es que, durante el año 2021 y de acuerdo con las estimaciones del mismo instituto, 392 mil de los favorecidos por DACA son trabajadores.
Ya durante su primer gobierno, el republicano amenazó con poner fin a DACA y frenó la recepción de nuevas solicitudes para posibles beneficiarios del programa. Finalmente, el Tribunal Supremo le impidió eliminarlo y le obligó a permitir la renovación de los pemisos que habían sido detenidos. La experiencia de los jóvenes que han sido constreñidos a salir de ese país, ya sea por una devolución forzada o por el retorno “voluntario” como consecuencia directa de acciones específicas que les niegan el estar exentos a la deportación, son narradas en el documental El digno retorno, de José Eduardo Aguilar (2023).
De igual forma, se ha mencionado el posible despliegue de acciones ejecutivas que permitan a los agentes de ICE realizar redadas en lugares de trabajo e inclusive en aquellos espacios en los que hasta ahora habían estado prohíbidas, como escuelas, iglesias y hospitales. Lo que violaría garantías fundamentales como el derecho a la educación, a la libertad de culto y a la salud. Otra cuestión por la que Trump tendría que preocuparse es la de ampliar el presupuesto de ICE y del conjunto de departamentos implicados en los procesos de deportación. Aún no está claro si ese ajuste presupuestal está por darse y a qué otras áreas del gasto público afectaría.
Las implicaciones que un escenario como este podría tener para nuestro país son alertadas por compañeras del Seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades. Norma Angélica Cuéllar otorga elementos para pensar en una crisis humanitaria de enormes proporciones que se desataría en la frontera de México, particularmete derivada de la intención de instalar campos de detención a lo largo de la misma. Por su parte, Paula Alethia González advierte sobre los efectos devastadores para las ciudades fronterezas, donde los albergues se encuentran ya de por sí colapsados; para ella, esto se suma a las condiciones de por sí complejas que enfrentan las personas deportadas por el estigma social que ello conlleva, condicionando su proceso de reintegración en nuestro país (Cuéllar, 2025).
Entre otros, los objetivos detrás de este conjunto de medidas, que difícilmente son las 11 millones de deportaciones, parecen más bien ser: beneficiar a la industria de la seguridad, interna y externa; mantener el favor de un electorado que le dio su voto avalando un discurso dirigido a “recuperar la grandeza” de esa nación; cambiar la dirección de las disputas interestatales a través de ejercer nuevas presiones para fortalecer su influencia en territorios y países más próximos; enviar un mensaje intimidatorio y de disciplinamiento a las personas que se encuentran o que se encontrarán, según las modificaciones ejecutivas y legislativas que se implementen, en una condición de “deportabilidad”.
Esas personas migrantes, después de haber experimentado situaciones que les llevaron a optar por la movilidad más allá de las fronteras como una opción de vida, están por enfrentarse a una nueva oleada de violentas formas de cercamiento social. Sin embargo, son ellas mismas quienes conforman comunidades con una larga tradición de lucha que, junto a otros aliados, pueden jugar un rol fundamental de resistencia ante el conjunto de injusticias que potencialmente deriven de nuevas medidas de control migratorio. Una vez más, para todas esas personas se avecina una encrucijada en la que se enfrentarán a la difícil decisión de si es posible, además de necesario, o no, “salir de las sombras” para continuar el “sueño”.
Referencias
Caro, P. (2024, 23 de diciembre). Trump desafía las leyes de Estados Unidos con sus promesas migratorias. El País. https://elpais.com/us/migracion/2024-12-23/trump-desafia-las-leyes-de-estados-unidos-con-sus-promesas-migratorias.html
Cuéllar, N. A. (2025, 15 de enero). Trump: La crisis humanitaria que viene. E-consulta. https://www.e-consulta.com/opinion/2025-01-12/trump-la-crisis-humanitaria-que-viene
Migration Policy Institute (2025). Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) Data Tools. https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
