Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, líderes políticos en distintos partes del mundo están en la espera de cambios significantes en la geopolítica, relaciones comerciales y la seguridad internacional, entre otros. Para sus relaciones futuras con México el gobierno estadounidense ha priorizado tres temas claves: la agenda migratoria, las relaciones comerciales, y los cárteles (por su violencia y el narcotráfico). Aunque Trump ha vinculado estos temas en sus discursos, me enfocaré principalmente en la agenda migratoria y en las posibles implicaciones para México.
Desde su campaña electoral Trump ha articulado una agenda de mano dura hacia la migración indocumentada y los buscadores de asilo, amenazando a las personas indocumentadas (y otros con papeles que les permiten permanecer temporalmente en el país) con deportaciones masivas, entre otras medidas. El mismo día de su investidura firmó una serie de decretos que reflejan la postura que asumió en 2017, pero además agregó la declaración de una emergencia nacional en la frontera con México lo cual le dará mayor poder para tomar decisiones extraordinarias. Entre ellas, Trump ha anunciado que involucrará el ejército estadounidense para proteger el territorio americano y la frontera.
Las primeras medidas no presentan un buen augurio para los migrantes en general, y en particular para los mexicanos y México. Desde hace un mes aproximadamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum había anunciado medidas para recibir en las ciudades fronterizas a los migrantes deportados e, inicialmente, indicó que no estaba dispuesto recibir a las personas de otras nacionalidades. Después la presidenta insinuó que Estados Unidos tenía que negociar con su gobierno la deportación de personas no mexicanas a territorio mexicano.
Ahora, unos 10 días después de la investidura de Trump y la avalancha de órdenes ejecutivas, la situación se ha vuelto extremamente tensa. Las primeras redadas ya se han ejecutado, en particular en territorios donde los demócratas tienen el poder, y los primeros migrantes ya fueron deportados a México, entre ellos unos ciudadanos de otros países latinoamericanos. También el nuevo gobierno de Trump ya mostró su estrategia ante los países que no quieren colaborar con las deportaciones de sus ciudadanos: en el caso de Colombia, el gobierno de Petro retrocedió de su postura inicial de no dejar aterrizar a los aviones (militares) estadounidenses que transportaban colombianos deportados, ante la amenaza de que sus exportaciones iban a ser sometidas a aranceles de hasta 50 por ciento.
No obstante las evidencias de la mano dura del gobierno de Trump, existen también señales de resistencia contra su política antiinmigrante. Tras su elección en noviembre varios actores estadounidenses empezaron a organizarse para contrarrestar sus medidas esperadas. Entre ellos se encuentran organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas y abogados especializados en temas de migración que buscan litigar en los cortes las medidas anunciadas por violar los derechos de los migrantes o apoyarles humanitariamente. Por su lado, empleadores en los sectores económicos donde trabajan muchos migrantes han tomado varias acciones para proteger a sus empleados, dándoles información sobre sus derechos y cómo actuar cuando llega ICE para una redada. Por ejemplo, en el sector restaurantero las instrucciones impartidas incluyen que los agentes no pueden entrar a espacios que no son públicos, y que tienen que mostrar una orden de aprehensión con el nombre y apellido de la persona que están buscando. Además, existen todavía comunidades que desde la primera administración de Trump se han declarado espacios santuarios, que implica que en ninguna forma prestan apoyo a los agentes federales de ICE para aprehender a los migrantes. En otras palabras, no va a ser muy fácil para la presente administración implementar completamente todas las medidas anunciadas, aunque ha iniciado su política antiinmigrante con mucha más fuerza y rapidez que hace 8 años.
Una de las preguntas centrales ante esta compleja situación (geo)política es: ¿cómo van a responder los gobiernos latinoamericanos, en particular México, siendo vecino y teniendo una mayor cantidad de connacionales en Estados Unidos? Apenas el gobierno de México anunció el programa “México te abraza” para recibir a las personas deportadas. El programa está diseñado para brindar hospedaje temporal en los centros de atención, atención médica, apoyo con documentos y trámites, traslado a sus comunidades de origen y un apoyo monetario. Además, a los consulados en Estados Unidos se han dado instrucciones para apoyar a la comunidad mexicana y vigilar sus derechos. Este programa se articula contra el fondo de la política migratoria del sexenio anterior, que ha sido muy criticada por los defensores de los migrantes. En relación con las exigencias de la primera administración del presidente Trump, el gobierno mexicano ha militarizado su frontera sur para dificultar o impedir el paso de los migrantes en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. Además, aceptó el programa “Quédate en México”, el cual forzó particularmente a buscadores de asilo de otros países latinoamericanos y caribeños a quedarse en la frontera norte del país hasta el momento de su cita con las autoridades migratorias del vecino del norte. Eso generó una situación altamente peligrosa para estas personas, por la casi omnipresencia de los cárteles en la frontera norte, y ellas fueron sometidas a condiciones muy precarias por falta de hospedaje, atención médica y alimentación. El apoyo que recibieron fue en gran parte brindado por las casas de migrantes ubicadas en la frontera norte.
La otra cara de la política migratoria en el sexenio anterior fue caracterizada por una negligencia relativa de los connacionales en el exterior. Programas existentes como el programa de coinversión 3×1 y el Programa Especial de Migración fueron descontinuados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la política transnacional del gobierno mexicano, enfocada en construir y mantener relaciones de índole política, económica y sociocultural con comunidades y organizaciones en el exterior, igualmente se deterioró en el mismo periodo. Por ejemplo, el consejo consultivo con representantes de comunidades de migrantes fue remplazado por foros consultivos que no se reúnen tan regularmente que el consejo consultivo.
Ante esta compleja y delicada situación, ¿qué se podría hacer? Primero, es importante que el gobierno actual busque reforzar sus relaciones con actores en ambos países, particularmente defensores de migrantes y comunidades de migrantes. Segundo, se tiene que seguir una estrategia de negociación con las autoridades estadounidenses que enfatiza la interdependencia de ambos países en términos económicos y sociales: las medidas anunciadas afectarán a los intereses económico-comerciales estadounidenses por falta de mano de obra barata (por las deportaciones), las cadenas de suministros de empresas (por las tarifas) y el tejido social de comunidades (por las redadas). Finalmente, no hay que perder de vista que las personas más afectadas son las familias de migrantes, lo que implica elaborar una política de seguimiento a mediano o largo plazo para que ellas no caigan en un vacío.
