La actividad comercial ambulante en la capital poblana durante 2025 ha estado marcada por una escalada inusual de tensiones internas, disputas por el control territorial y episodios de violencia que han dejado muertos, heridos y un ambiente social más frágil en el Centro Histórico y sus zonas aledañas.
Los choques entre organizaciones tradicionales del ambulantaje, como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Fuerza 2000, Antorcha Campesina y Doroteo Arango, sumados a las confrontaciones con el gobierno estatal y municipal, han configurado un escenario inestable que preocupa tanto a autoridades como a comerciantes y vecinos.
La primera mitad del año estuvo marcada por disputas que evolucionaron en hechos letales. En agosto, Néstor Jesús Garduño, coordinador de la UPVA 28 de Octubre, falleció tras ser atacado a balazos en la colonia Valle Dorado.
De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado lo habría interceptado afuera de su domicilio, provocándole heridas que derivaron en su muerte horas después en el Hospital General del Sur.
La organización responsabilizó al gobierno estatal de mantener una presunta campaña de criminalización y exigió una investigación inmediata a la Fiscalía General del Estado (FGE). También convocó a una marcha hacia Casa Aguayo para exigir justicia y medidas de seguridad para sus integrantes.
El incidente intensificó el clima de tensión que ya prevalecía por las pugnas entre organizaciones por los espacios de venta. Días después, la confrontación escaló nuevamente, esta vez en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, donde un enfrentamiento entre integrantes de la UPVA y el grupo Doroteo Arango terminó con la muerte de Arely Ruiz, de 30 años, y lesiones graves a Pedro Varela, de 18, ambos agremiados de la UPVA 28 de octubre.
Según la versión de los agraviados, tenían los permisos municipales para vender alimentos durante el evento deportivo y fueron reprimidos al intentar despojarlos de sus espacios. Los agresores huyeron en camiones del transporte público, mientras que compañeros de las víctimas intentaron auxiliarlos, sin éxito en el caso de Arely, quien dejó en orfandad a su hija.
En el Centro Histórico la conflictividad también se trasladó al ámbito de la relación con el gobierno municipal. En medio del operativo para retirar el comercio informal de la Zona de Monumentos, vendedores ambulantes protagonizaron un enfrentamiento con personal de Vía Pública en la calle 3 Norte.
La confrontación, marcada por golpes, lanzamientos de objetos y la intervención de policías municipales, reflejó el rechazo de los comerciantes a las reubicaciones. Aunque se organizaron ferias temporales como alternativa, los ambulantes insistieron en permanecer en el primer cuadro de la ciudad con una reducción de puestos, propuesta que el ayuntamiento no aceptó plenamente.
Hacia septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció que al menos cuatro organizaciones disputan el control del Centro Histórico, lo que estaría relacionado con hallazgos de cuerpos abandonados en zonas comerciales.
El 22 de agosto, dos cadáveres emplayados aparecieron cerca del Mercado 5 de Mayo junto a mensajes con amenazas dirigidas a “El Fede”, líder de Fuerza 2000. Las advertencias habrían sido firmadas por presuntos integrantes de La Familia Michoacana, aunque autoridades no confirmaron este vínculo.
Dos días después, un tercer cuerpo fue hallado en un tambo en la misma zona, sin mensaje alguno. Meses después se confirmó que este homicidio derivó de una discusión entre los tres detenidos y vinculados a proceso por este crimen y la víctima, Benito Balderas Islas, de 34 años.
El liderazgo de Fuerza 2000, encabezado por Federico López Flores, ha sido señalado por comerciantes y autoridades como uno de los actores centrales en la disputa territorial. La organización, fundada originalmente por su padre, un expolicía estatal, habría extendido sus actividades del ambulantaje a redes más complejas de operación, lo que ha derivado en amenazas de grupos criminales externos y conflictos con organizaciones locales como la 11 de Marzo, liderada por Martín Juárez.
En paralelo, al cierre de septiembre, Fuerza 2000 y Antorcha Campesina, que por primera vez se aliaron públicamente, acusaron a la UPVA 28 de Octubre de intentar despojarlos de espacios de venta mediante actos violentos.
Solicitaron la intervención de las autoridades y propusieron un acuerdo de civilidad para evitar agresiones. Aseguraron que los integrantes de la 28 portarían palos y machetes para intimidar, aunque la UPVA lo negó y afirmó que la denuncia podría ser usada como pretexto para agredirlos o desplazar a sus agremiados.
El gobierno municipal, por su parte, señaló que no percibe riesgo de un conflicto mayor entre las organizaciones y aseguró que existe disposición para firmar un acuerdo de convivencia.
Afirmó también que la UPVA se habría deslindado de los señalamientos sobre intentos de invasión y destacó que, tras los operativos de julio, el número de ambulantes en el Centro Histórico pasó de mil 300 a 286, quienes fueron reubicados en otras zonas de la ciudad.
En entrevistas posteriores, la UPVA insistió en que varios “frentes anti 28” habrían surgido para desestabilizarla y cuestionar los acuerdos de trabajo que mantiene con el municipio desde hace años. Su representante, Xihuel Sarabia, reiteró que están dispuestos a firmar un pacto de civilidad si el proceso ocurre bajo supervisión oficial, y pidió garantizar el derecho al trabajo sin estigmatizar a ninguna organización.
En este panorama, Antorcha Campesina también retomó visibilidad por su histórica presencia en colonias irregulares, centros de transporte, mercados y espacios de ambulantaje. La organización, con más de 50 años de actividad en Puebla y otros estados, ha sido señalada por presuntas prácticas de presión política, invasión de predios y control económico de sectores vulnerables.
De acuerdo con información oficial, al menos 15 por ciento de las colonias irregulares en la capital tendrían vínculos con dicha agrupación, además de su presencia en rutas de transporte público y mercados de alta afluencia.
En este contexto, la relación entre el gobierno estatal y las organizaciones también ha sido un factor determinante para explicar el ambiente de tensión que se mantiene durante el periodo.
Si bien distintas agrupaciones han expresado inconformidades en meses recientes, el intercambio más constante y visible ha ocurrido con la UPVA 28 de Octubre. Desde inicio de año, la organización ha insistido en que persisten actos de hostigamiento, desalojos y operativos que afectan directamente a sus bases, mientras que la administración estatal ha reiterado que cualquier intervención responde a criterios de orden y legalidad.
Estos señalamientos cruzados han derivado en comunicados, declaraciones y reuniones inconclusas que no han logrado restaurar la confianza entre ambas partes.
El gobierno sostiene que la 28 de Octubre ha incumplido acuerdos previamente establecidos y que, pese a mantener mesas de diálogo abiertas, las rutas de entendimiento suelen trabarse por cambios unilaterales en las posturas de la dirigencia.
La organización, por su parte, asegura que sus demandas han sido atendidas solo parcialmente y que ciertos pronunciamientos oficiales buscan desacreditar su actividad histórica. Incluso episodios ajenos al ambulantaje, como protestas recientes donde se les vinculó indirectamente, han sido señalados por la UPVA como intentos de estigmatización.
Aunque otras organizaciones mantienen relaciones que en momentos son ríspidas y en otros institucional con el Ejecutivo sin mayores sobresaltos, la confrontación con la 28 se ha convertido en el punto de mayor fricción del sector social en el estado.
La prolongación de estas posiciones ha generado un clima que incide directamente en la evaluación del 2025, pues condiciona tanto los avances en materia de reordenamiento como los mecanismos de interlocución que se esperan consolidar hacia el cierre del año.
Finalmente, en estos 11 meses transcurridos de 2025 muestran un balance preocupante: asesinatos, enfrentamientos, hallazgos de cuerpos en zonas comerciales y un ambiente de tensión que estaría vinculado tanto a disputas históricas entre organizaciones locales como a la posible incursión de grupos criminales externos.
Tanto el gobierno estatal como el municipal han reiterado que se investigará a todas las agrupaciones y que habrá acciones para frenar la violencia, pero los hechos ocurridos desde agosto evidencian que la recomposición del control del espacio público aún está lejos de resolverse.
