El pasado mes de enero de 2025 arrancamos con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum llamada Plan México, el cual parece haberse convertido en la pieza clave para determinar las metas del sexenio en materia económica. Se trata de un documento con 13 metas muy ambiciosas, entre ellas encontramos que se pretende posicionar a México en el top 10 de economías en el mundo, siendo hoy la economía 13 a nivel mundial, según el World Economic League Table; de igual manera se busca alcanzar una participación de la inversión total respecto al PIB de 25 por ciento para 2026 y por arriba del 28 por ciento durante 2030. En el último dato del INEGI esta variable representó menos de 22 por ciento. Vinculado a este tema, se busca que 30 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan acceso a financiamiento, cuando en la actualidad lo tienen 23.93 por ciento, según el último Censo Económico publicado por Inegi. Todo con el fin de disminuir la pobreza y la desigualdad. Sobre este último punto no hay una meta específica, por lo que pareciera ser el objetivo final.
Dentro de estas metas resulta clave el comportamiento de la inversión, pues un aumento de esta generaría mayores empleos y seguramente mayores necesidades de financiamiento, repercutiendo tanto en un PIB mayor, como en la disminución de la pobreza y desigualdad, siempre y cuando este crecimiento se acompañe de medidas complementarias que apunten a mejorar los resultados de estos indicadores, como los aumentos en el salario mínimo que se han registrado en los últimos años.
Lo anterior nos sugiere que el diagnóstico y la ruta marcada parecen adecuadas; sin embargo, el problema radica en cómo lograr aumentar la inversión cuando en el último año, en lugar de acercarnos a 25 por ciento, nos estamos alejando de él, toda vez que la inversión pasó de representar 24.4 por ciento a fines de 2024 a 21.97 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, tal como puede apreciarse en la gráfica 1.
En la imagen se aprecia que tanto la participación de la inversión pública como la privada respecto al PIB han caído desde el último trimestre de 2024. Ante ello, la estrategia que acompaña al Plan México ha sido la emisión de una serie de decretos y disposiciones con facilidades para estimular a la inversión. Entre estos podemos observar medidas para una depreciación de inversiones de forma acelerada, deducciones adicionales por gastos hechos en capacitación. A esto se sumaron medidas que buscaban reducir la burocracia, como disminuir el número de trámites para la apertura de una empresa, entre otras.
Sin embargo, los esfuerzos no han generado los resultados esperados y, dada la tendencia, parece difícil que los vayan a generar durante 2026. La razón apunta a que, si bien estímulos de este tipo pueden contribuir a impulsar la inversión, su aportación suele ser marginal, toda vez que la principal motivación para que los empresarios inviertan es una expectativa de ganancia, no una disminución en costos o impuestos. Las expectativas favorables se forman cuando las empresas estiman que van a vender lo suficiente y no forzosamente cuando van a gastar menos. En un escenario donde el PIB ha crecido en promedio menos de 1 por ciento durante los últimos seis años, sumado al contexto de incertidumbre provocado por la política arancelaria de Trump, y agudizado por los conflictos geopolíticos coronados con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el panorama no es alentador, por lo que difícilmente los empresarios arriesgarán sus recursos.
Lo anterior conlleva a reconocer que, no solo México, sino el mundo está atravesando por una emergencia económica originada por tensiones geopolíticas, lo cual debe atenderse como tal. En una situación de este tipo es aceptado por prácticamente cualquier postura económica, que sea la inversión pública la encargada de comandar a la economía, pues a diferencia de la privada que reacciona a los estímulos de las ganancias, la pública es una decisión de gobierno.
Un aumento en inversión en infraestructura, por ejemplo, puede generar el ambiente adecuado para incorporar en esta dinámica a la inversión privada, pues estas obras demandan proveedores, los cuales pueden estar en el sector privado. Ellos al saber que hay una demanda segura estarán dispuestos a invertir y tal vez a acudir a los bancos a solicitar crédito. De aquí se pueden desprender formas de alcanzar otros objetivos del Plan México como los 1.5 millones de empleos adicionales en las manufacturas y sectores estratégicos; de igual manera que 50 por ciento de la proveeduría sea hecha en sectores estratégicos mexicanos. Entre las estrategias propuestas para que las pymes accedan a financiamiento está lo que llaman factoraje inverso, lo cual implica no evaluar el riesgo de impago de una pyme que pide crédito, sino a su cliente, que en este caso sería el propio gobierno o un proveedor del gobierno más grande, lo cual evidentemente reduce el riesgo de impago.
Otra de las ventajas de la inversión pública es que el gobierno puede decidir qué sectores estimular, los cuales, de acuerdo con el Plan México, tienen que ser aquellos etiquetados como estratégicos y que el propio documento establece cuáles son.
La inversión pública debería alcanzar por lo menos un 5 por ciento del PIB, esta es la pieza que falta en el Plan México; si no es el gobierno quien dé el primer paso, difícilmente lo hará el sector privado. Sin embargo, hay quienes consideran que el gobierno no debería aumentar su inversión pues esto implica una mayor deuda. Lo cual no tiene porqué ser una preocupación, toda vez que el indicador que se suele observar es la proporción de deuda respecto al PIB y no la deuda como valor absoluto. En este sentido, México aún tiene mucho margen para tomar acciones. Además, tómese en cuenta que mientras más aumente la inversión, mayor será el PIB, lo cual quiere decir que al ser más grande el denominador, entonces la proporción deuda/PIB disminuirá.
Otro temor que suele haber con la inversión pública es que puede ahuyentar a los capitales financieros por posibles aumentos en la inflación. Esto tampoco es correcto, en primera instancia porque la economía no está creciendo a un ritmo que pudiera generar inflación, además de que la inflación no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Por otro lado, los inversionistas lo que demandan son reglas claras. Si las autoridades económicas exponen a los dueños de estos capitales cómo se pretende sortear la emergencia económica con argumentos sólidos, se les puede llegar a persuadir, finalmente, ellos son conscientes de lo que está pasando y no están peleados con su dinero, por lo que saben que, si a la economía mexicana le va bien, ellos también obtendrán mejores rendimientos. Lo importante es reconocer que estamos en una situación atípica y que la economía necesita de incentivos más sólidos.
En suma, la última pieza del Plan México no es otro decreto, es garantizar a los empresarios ganancias, lo cual se logra garantizando que vendan, lo demás, lo harán ellos mismos.
