El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un mandato claro e ineludible: toda la educación que el Estado imparta, desde la inicial hasta la superior, debe ser obligatoria, de calidad y gratuita; sin embargo, la realidad de la educación superior en México exhibe una profunda y dolorosa contradicción. Hemos transitado de una visión que consideraba a la educación como un bien público esencial para el desarrollo humano, hacia un modelo en donde se le concibe como un servicio comercial y una de las mercancías más lucrativas del libre mercado.
En este sombrío panorama, el origen y la transformación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) representa un microcosmos histórico fascinante. Es la historia de cómo una extrema polarización ideológica dio cabida a un proyecto que, nacido del apoyo incondicional y genuino de la ciudadanía, terminó insertándose en la vorágine de un negocio multimillonario a costa del sacrificio brutal de miles de familias.
Para desentrañar las raíces de este fenómeno, resulta indispensable remontarse al convulso estado de Puebla a principios de la década de 1970. Durante esos años, la única institución de educación superior en la entidad, la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP), se convirtió en el principal campo de batalla entre dos posturas radicales e irreconciliables. Por un lado se agrupaban las fuerzas de izquierda y comunistas, conocidos como los “carolinos”, quienes impulsaban un proyecto de universidad democrática, crítica y popular. Por el otro, operaba el Frente Universitario Anticomunista (FUA), una organización de derecha con identidad fuertemente católica, que bajo la consigna de “¡cristianismo sí, comunismo no!” resistía férreamente lo que consideraban la imposición de una dictadura marxista en las aulas.
La confrontación trascendió rápidamente el terreno del debate académico y escaló hacia el asedio y la violencia urbana. La tensión alcanzó niveles trágicos con asesinatos de marcado tinte político, como los de los líderes de izquierda Joel Arriaga Navarro y Enrique Cabrera Barroso en 1972, crímenes que desataron multitudinarias protestas donde se responsabilizó directamente al gobierno estatal. El punto de ruptura definitivo llegó tras los trágicos eventos del 1 de mayo de 1973, cuando un enfrentamiento entre universitarios y corporaciones de seguridad culminó con el asesinato de cuatro estudiantes a manos de francotiradores y la posterior caída del entonces gobernador Gonzalo Bautista O’Farrill.
Ante este clima de extrema hostilidad, los jóvenes conservadores y los miembros del FUA abandonaron la universidad pública con el firme objetivo de fundar su propia institución. El surgimiento de la UPAEP estuvo impregnado de un romanticismo y una solidaridad que conmueven. Al inicio, la nueva universidad carecía por completo de validez oficial, de recursos y de infraestructura propia. Fue la familia Gómez Castillo quien prestó a los estudiantes disidentes el exrancho La Noria, situado entonces en una zona ejidal, agreste y semiabandonada. Fueron los propios alumnos quienes se arremangaron para limpiar los antiguos gallineros, repellar paredes y arreglar las instalaciones eléctricas, improvisándolas para poder recibir clases. La sociedad poblana se organizó vigorosamente a través del Comité Permanente de la Ciudadanía Poblana.
Brillantes profesionistas impartieron sus materias durante décadas sin cobrar salario alguno, regalando su tiempo a los jóvenes. Se implementó un esquema solidario de bonos universitarios en el que los alumnos aportaban un préstamo a la institución (“se les pasaba la charola”) para lograr adquirir los primeros edificios. El apoyo social fue tan incondicional que incluso circulaban anécdotas de taxistas que se negaban a cobrarles el pasaje a los estudiantes al saber que pertenecían a la nueva universidad.
No obstante, las décadas pasaron y aquella epopeya originada en la resistencia ideológica colisionó inevitablemente con las dinámicas implacables del modelo neoliberal. A nivel nacional, la educación privada experimentó un despegue explosivo. De cubrir apenas 15 por ciento de la matrícula de educación superior en 1985, pasó a superar 33 por ciento dos décadas después. Este crecimiento desordenado, anárquico y sin planeación estratégica por parte del Estado, trajo consigo una brutal mercantilización de la enseñanza. Impulsadas por la internacionalización y tratados como el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS), las políticas subordinaron los fines académicos y el compromiso social a la obtención indiscriminada de ganancias.
Irónicamente, el Estado mexicano, lejos de frenar esta voracidad, se convirtió en su principal promotor y en el mejor aliado para privatizar la educación superior. Los gobiernos optaron por aplicar recortes crónicos a las instituciones públicas, limitando su infraestructura e impidiéndoles absorber la inmensa demanda juvenil. Al someter a las universidades públicas a la escasez de recursos y a presupuestos raquíticos, se forzó a los miles de aspirantes rechazados a buscar alternativas obligadas en el sector privado.
Ante este vacío y negligencia estatal, la educación mutó de un bien público a un servicio comercial ofrecido al mejor postor, en el cual el alumno dejó de ser un ciudadano en formación para convertirse en un simple cliente cautivo. Es en esta encrucijada donde la mercantilización exhibe su rostro más cruel y agudiza los problemas de inequidad. El artículo tercero constitucional nos promete una educación laica, de excelencia y completamente gratuita, pero la deliberada reducción de los espacios públicos ha instituido una privatización profundamente excluyente.
La tragedia recae de lleno sobre las familias trabajadoras y de clase media, para quienes la educación profesional representa la única y última esperanza de movilidad y justicia social. En su afán por asegurar un futuro digno para sus hijos, los padres se ven obligados a realizar sacrificios verdaderamente brutales. Hipotecan sus hogares, vacían las cuentas de sus ahorros de toda una vida y comprometen drásticamente su patrimonio futuro para poder pagar altísimas cuotas de inscripción y mensualidades exorbitantes en un mercado completamente desregulado.
En este lamentable escenario, el modelo educativo funciona bajo lógicas de libre mercado que profundizan el rezago y la desigualdad, favoreciendo de manera descarada a los sectores más privilegiados que sí pueden solventar estos costos.
La historia de la UPAEP encapsula el drama contemporáneo del sistema educativo mexicano. Lo que germinó de forma loable como un auténtico esfuerzo ciudadano para salvaguardar una convicción ideológica —donde jóvenes de la década de los setenta limpiaban gallineros con sus propias manos para habilitarlos como aulas—, se ha mimetizado irreversiblemente con una corporación en medio de una industria global multimillonaria. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad histórica y jurídica de dotar a los jóvenes de una educación pública, universal, verdaderamente gratuita y de excelencia, el progreso nacional seguirá secuestrado por lógicas comerciales y, dolorosamente, los florecientes negocios universitarios seguirán nutriéndose de la angustia económica y el sacrificio patrimonial de millones de familias mexicanas, quienes terminan pagando el precio más alto por un derecho que el Estado les arrebató.
