Pasaron ya cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de tres normalalistas rurales de Ayotzinapa; la justicia no se ejerció y la verdad no fue revelada: la indiferencia gubernamental y la mentira fueron la respuesta de la gestión de Enrique Peña Nieto. Ahora hay el compromiso público de Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión de la Verdad que esclarezca esos hechos y finque responsabilidad en la perspectiva de otorgar justicia y reparar el daño. La espartana lucha de los padres de los normalistas desaparecidos al fin tuvo interlocución y es posible conocer la verdad sobre estos oprobiosos hechos y fincar precedente para que nunca más se repitan ni queden impunes acciones similares, ni perdón ni olvido.
Los asesinatos, secuestros y levantamientos forzados suman decenas de miles y en la mayoría de los casos fueron solapados por quienes debían evitarlos, investigarlos y sancionarlos; el dolor es colectivo, como lo es el hartazgo y la exigencia de justicia y reparación del daño. Reestablecer las deterioradas relaciones de confianza y credibilidad institucional exige que nunca más se utilice la fuerza pública para reprimir y que el Ejército tenga funciones de paz asignadas y no las de represión de movimientos sociales que se le endilgó Enrique Peña Nieto. No es suficiente la norma para solventar el ejercicio de los derechos humanos, es necesario que las acciones cotidianas de la gestión pública no los conculquen, que existan el presupuesto adecuado y el personal capacitado que garanticen su ejercicio.
El presidente electo ha sido sensible a estos reiterados reclamos de justicia y ha ofrecido no criminalizar los movimientos sociales y no utilizar las fuerza de seguridad parar reprimir, en ese tenor, la Ley de Seguridad Interior debe ser derogada y establecerse un nuevo protocolo para definir las tareas del Ejército en seguridad pública. No puede ser delito ejercer los derechos constitucionales de expresión, manifestación y asociación y todos los que han sido encarcelados por dicho motivo deben ser amnistiados. Nunca más un periodista muerto o un dirigente social asesinado por ejercer sus derechos. Todos y todas debemos tener garantía sobre nuestros cuerpos y patrimonios, la transgresión a estos preceptos debe ser expeditamente investigada y sancionada para volver a tener confianza en las instancias que no proporcionan justicia. La herencia del gobierno de Peña Nieto en impartición de justicia es muy alta: sólo en dos de cada 100 delitos hay recuperación del bien, se sanciona al delincuente, se repara el daño o se otorga el perdón. La reversión de esta situación será lenta, no sólo por el rezago en la impartición de justicia y la universalización de la violencia e inseguridad, sino por la prevalencia de causas estructurales que han influido en esa situación, a las que también afrontará la nueva gestión presidencial a través de los subsidios a personas de la tercera edad, becas para estudiantes de bachillerato y licenciatura, empleos rurales temporales, reforestación de un millón de árboles: creación de un sistema estatal de abasto de bienes de consumo básico, apoyo a 2.5 millones de pequeños y medianos productores, establecimiento de precios de garantía al maíz, creación de 100 universidades públicas y de dos nuevas refinerías.
El gasto público seguirá siendo procíclico y la austeridad presupuestal prevalecerá, por lo que el crecimiento de la economía no será mayor al del año en curso, lo que sí se vislumbra es una mejoría en la distribución del ingreso, una mejor calidad de vida para la población de escasos ingresos monetarios y un manejo probo y eficiente del gasto público.
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