La elección extraordinaria de gobernador de Puebla estará organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro comicial que, por las características de la elección, notificó a los partidos políticos que podían reafirmar la plataforma electoral con que participaron en la elección pasada y según la institución, pueden actualizarse hasta el 23 de marzo.
A decir de la consejera Adriana Favela Herrera, la propuesta tuvo como objetivo optimizar los tiempos comiciales, el cual tendrá un periodo de duración de cuatro meses.
El consejero Benito Nacif Hernández explicó que se decidió permitir dicho “reciclaje” debido a que es algo inédito y especial, por lo que no daría tiempo para que se hagan las modificaciones necesarias.
Los partidos Movimiento de Regenareación Nacional, Acción Nacional y Encuentro Social reafirmaron sus propuestas de la campaña 2018.
Por su parte, PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración renovaron sus plataformas electorales, aunque hasta el cierre de esta edición no estaban disponibles en la plataforma del IEE.
La consejera Pamela San Martín acusó que el instituto y los partidos políticos le den un tratamiento a la plataforma política de “mero requisito de trámite”, además, consideró que la medida del INE viola los estatutos de los partidos políticos que deciden cómo procesar las propuestas electorales.
Al respecto, la también presidente de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales consideró que los partidos políticos no tienen las mismas propuestas y planteamientos después de que ganaran o perdieran en las elecciones del pasado 1 de julio.
El próximo 2 de junio, además de la elección de gobernador de Puebla, se elegirán presidentes municipales de cinco ayuntamientos: Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, demarcaciones en las que se anularon los comicios por las irregularidades documentadas en el pasado proceso electoral.
Plataformas políticas, requisito legal o auténticas propuestas
Las plataformas electorales son un requisito legal para que puedan participar en la contienda electoral, mismas que deberán difundirse en los medios de comunicación. Así lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En la legislación electoral no se establece formato alguno que deba utilizarse por los partidos políticos, por lo que, los documentos pueden ser redactados a conveniencia de los institutos políticos.
En general, las plataformas electorales contienen los ejes que consideran prioritarios, un diagnóstico de las situaciones planteadas y las propuestas de atención. Sin embargo, también existen documentos que presentan un listado de promesas sin diagnóstico previo o contextualización de la situación.
Ciro Murayama Rendón, consejero electoral, señaló en un artículo publicado por el diario Milenio en enero de 2018, que “la plataforma es el documento político programático más decantado de cada partido. Ahí está su capacidad de diagnóstico, ahí se refleja hasta dónde conoce el país que quiere gobernar; en ella expone el rigor y la consistencia de las propuestas con las que piensa enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía a la que le pide el voto. Una plataforma dice más que mil spots.
Quien se postula a un cargo de gobierno debe tener diagnóstico, causa y una propuesta.
Se trata de exigir que en la competencia democrática por el poder no sea una disputa por el poder vacía sino, se trata de que exista una exposición frente a la ciudadanía de auténticas alternativas, de opciones distintas entre las cuales elegir y eso es precisamente por las diferencias programáticas existentes”.
Las plataformas son el cuerpo programático, el diagnóstico de un partido político de la realidad que se desea transformar bajo sus preceptos ideológicos, que permitirían analizar y discutir las propuestas políticas.
PAN retoma plataforma 2018 y va al proceso electoral sin coalición
Hasta el cierre de esta edición, el Partido Acción Nacional (PAN) había decidido que la elección del candidato a la gubernatura sería una decisión de Comité Ejecutivo Nacional (CEN); además, el instituto político no logró tener avance en las negociaciones con otros partidos para una candidatura en común y ya había vencido el plazo para registrar coaliciones.
Ante esto, la presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, aseguró que el partido puede enfrentar solo el proceso electoral de este año.
De confirmarse ese escenario, sería la primera ocasión en ocho años que Acción Nacional se presentaría ante los electores sin el respaldo de los institutos políticos que lo ayudaron a consolidarse como la primera fuerza en el estado.
Acción Nacional en Puebla decidió reafirmar las propuestas de campaña que enarboló en el proceso electoral de 2018.
De resultar elegido como gobierno, el abanderado de este instituto político a Casa Puebla se compromete a “actuar en congruencia, concordancia, eficacia y fortalecer el arduo trabajo que en los últimos siete años se han realizado y de los cuales Puebla ha sido testigo”, indica el documento de 36 cuartillas.
Precisa que las propuestas expuestas se fundamentan en los principios de “desarrollo humano, bien común, solidaridad y subsidiariedad, condiciones que complementen las actitudes sociales, que conduzcan al desarrollo sustentable de los pueblos, promoviendo la dignidad de la persona a partir del núcleo familiar”.
En cinco apartados, la plataforma electoral del PAN expone las acciones ha realizar de convertirse en gobierno, precisando que las acciones estarían dirigidas a generar bien común, desarrollo sustentable, preservando la protección a los derechos humanos y del medio ambiente.
En el área de lo social, Acción Nacional se compromete a trabajar con los distintos órdenes de gobierno en la superación de la pobreza, atendiendo grupos vulnerables y rigiéndose bajo conceptos de equidad, integración y justicia social.
Retomar políticas públicas y programas sociales dirigidos a combatir la pobreza, generación de empleos, ingresos y tecnología; amplificar la cobertura de servicios médico, elevar la calidad de la educación, intensificar y ampliar los espacios de vivienda, regular la tenencia de la tierra, y disminuir el asistencialismo para promover el desarrollo social a partir de la subsidiariedad, son algunas de las propuestas que impulsa el PAN poblano.
Con acciones afirmativas y reformas legislativas, se proponen favorecer la participación y permanencia de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en los distintos órdenes de gobierno y con ello atender asuntos de participación paritaria y democracia incluyente.
Referente a la diversidad cultural del estado, el PAN considera problema complejo y de vital importancia la inclusión social de los pueblos indígenas, por lo que “respetar la integración y participación de las comunidades indígenas en las decisiones que afectan directa o indirectamente sus estilos de vida, su integridad, su cultura o cualquier otro aspecto de su vida, de tal manera que sean sujetos de derecho que pueden aportar a su sociedad y no solamente sean vistos como beneficiarios”, en una de las líneas de acción propuesta.
En términos económicos, las propuestas abarcan temas de desarrollo económico estatal y regional, inversión social, desarrollo del campo, impulso al turismo, generación de empleo, inversión en infraestructura de red carretera, movilidad; construcción y rehabilitación de la infraestructura social básica: la red de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento y energía eléctrica.
Sugiere implementar “políticas públicas que fomenten el desarrollo económico de las diferentes regiones del estado según sus propias características manteniendo un vínculo de coordinación con empresas, sociedad civil y gobierno”.
El PAN se compromete a continuar con: la transformación y crecimiento del campo poblano, apoyando la tecnificación y mecanización del campo; la vinculación a los productores con el ámbito de gobierno a fin de conservar la certificación de procesos que demanda el mercado; el impulso de las estrategias para la producción ganadera, avícola, acuícola, forestal, de floricultura y demás rubís estratégicos de la entidad.
En el sector turístico, el partido de derecha se propone impulsar inversiones públicas y privadas para la modernización, rehabilitación y creación de oferta turística para los visitantes nacionales y extranjeros; considerando el mejoramiento de espacios públicos como los centros históricos de los municipios con potencial turístico.
Referente a temas de sustentabilidad y medio ambiente, pretende difundir la enseñanza de la corresponsabilidad social en la preservación del medio ambiente; fortalecer el cumplimiento de la normatividad en materia medio ambiental; concientizar a la ciudadanía sobre el valor y riqueza de su entorno natural; y la implementación de acciones para la conservación de las riquezas naturales del Estado, así como la protección y rescate de especies; además del impulso al desarrollo urbano sostenible, cultura cívica ecológica responsable, de protección y bienestar animal.
En términos de seguridad pública, el PAN “apoya el modelo integral de seguridad y de justicia que integra el fortalecimiento del tejido social, la prevención de delitos, la capacitación, la dotación de estímulos y el equipamiento de los cuerpos policiales, el combate frontal a la delincuencia y la procuración e impartición de justicia”.
Tiene como líneas de acción: impulsar prácticas que fortalezcan el combate a la corrupción, la dignificación de los cuerpos policiales, y la promoción de la organización y participación ciudadana en la prevención del delito.
Finalmente, el eje relacionado con temas de administración, gobierno, transparencia, rendición de cuentas, gestión pública óptima, Acción Nacional propone “mejorar las herramientas tecnológicas y prácticas en las dependencias de la administración pública que garanticen y faciliten a los ciudadanos el derecho de acceso a la información; optimizar el acceso y disponibilidad de contenidos de información en los portales de transparencia de la administración pública”.
PRI renueva propuestas de campaña, aún no define candidato
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay seis perfiles que tienen la intención de ser el candidato a gobernador: el ex diputado federal Lorenzo Rivera Sosa; el ex senador Ricardo Urzúa Rivera; el ex director de Conagua en Puebla Alberto Jiménez Merino; Jorge Morales Alducin; el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, y el ex diputado federal Javier López Zavala.
Si bien se anunció que el Revolucionario Institucional renovaría sus propuestas de campaña para el proceso comicial extraordinario, en el portal del instituto electoral y del partido aún no se encontraba el documento de la plataforma electoral.
Tomando esto en consideración, se presentan las propuestas generales expuestas por el PRI en el proceso electoral de 2018 para gobernador del estado.
En su plataforma electoral, este instituto político expone en un documento de 102 cuartillas, cinco problemáticas prioritarias a atender en caso de ser elegido como gobierno del estado, respaldando sus propuestas de acción y estrategia a partir de un diagnóstico de las áreas prioritarias de atención partiendo de datos estadísticos de instituciones públicas y estudios de organizaciones sociales.
El PRI considera que el estado requiere de una transformación de fondo, identificando como “escenario de retroceso, deficiencias y alto costo social basado en imposiciones y caprichos”.
Señala como principios fundamentales del instituto político la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Además “refrenda su compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos, el debido proceso y el derecho a la información”.
Las problemáticas identificadas por el Revolucionario Institucional son: Seguridad pública en el estado; empleo, competitividad e innovación; gobierno abierto y transparente, desarrollo social; y desarrollo regional.
En términos de seguridad, el PRI señala como preocupante la profunda ola de violencia que se vive en la entidad.
Según estudios citados en el documento, la percepción de inseguridad y violencia en el estado confirman que el tema de la seguridad es el tema que más preocupa a los ciudadanos dado el alto impacto en la economía, ya que inhibe, por las condiciones de incertidumbre y hostilidad, las inversiones, “haciendo incosteable la actividad económica en el estado”.
Lamenta que los ciudadanos cambien sus prácticas cotidianas por el aumento de la inseguridad y violencia, por temor a ser víctima de la delincuencia.
En su diagnóstico, toma en consideración: la percepción de inseguridad entre la ciudadanía; los municipios más violentos; los delitos de fuero común, homicidios dolosos y culposos, delitos del fuero federal, robo en carreteras; delitos sexuales, violencia contra la mujer, desaparición de mujeres; y robo de hidrocarburos.
El PRI propone “la prevención de delitos con la participación de ciudadanía como motor de cambio”. Señala como área de oportunidad el empoderamiento de la ciudadanía en la solución de problemas comunitarios, pues son los propios ciudadanos, indica el documento, quienes consideran tener la condición de organización vecinal para hacer frente a ciertas problemáticas.
Así, considera imperante abrir espacios de participación ciudadana en la vida pública como el tema de seguridad pública.
En ese sentido identifica como prioritario cambiar la forma de gobierno, el fortalecimiento de las instituciones, la confianza en las corporaciones de seguridad pública e impartición de justicia. Identifica el binomio corrupción-impunidad como el parteaguas del debilitamiento del Estado de Derecho, “incapaz de garantizar gobernabilidad y hacer valer las libertades de la población”.
En el rubro económico, el Revolucionario Institucional considera urgente potencia el crecimiento y desarrollo económico en todas las regiones del estado con una visión de sustentabilidad e inclusión.
Propone la construcción de políticas públicas y programas de desarrollo de largo alcance que consideren el potencial de cada región, el fortalecimiento del empleo digno y de calidad, incentivando las capacidades productivas regionales, generando inversiones locales estratégicas que contribuya al bienestar de la población.
Considera imprescindible fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación científica para fortalecer el mercado interno. Además de construir una política de desarrollo de infraestructura agroindustrial y agropecuario que incentive al sector.
Es prioridad para este instituto político, señala el documento, el buen actuar del gobierno y de la administración pública que se traduzca en una mayor eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Por ello propone revisar con objetividad el comportamiento gubernamental. En este sentido, se señalan estudios con indicadores que evalúan aspectos como deuda pública, gobierno abierto, transparencia, desarrollo democrático y ejercicio del gasto.
La cuarta problemática, referente al desarrollo social, identifica que bajos niveles de desarrollo y una sociedad atrasada han sido la constante de los últimos siete años. Urge la implementación pronta de acciones en temas de pobreza y marginación, salud, grupos vulnerables, pobreza salarial y satisfacción de servicios.
Carencias en servicios básicos de vivienda, alimentación y rezago educativo serían las prioridades a atender si el candidato del PRI gobernara el estado.
Se propone propiciar condiciones que mejoren oportunidades educativas, laborales, de salud y recreativas de los grupos más vulnerables, identificando a las comunidades indígenas, la población infantil y adolescente, en este sector.
Por último, esta plataforma política reconoce el desarrollo regional como una de las problemáticas en la entidad. Reseña a través de datos estadísticos la baja actividad económica, el abandono y la inseguridad, en la dispersión territorial de las localidades.
El difícil acceso, la poca actividad económica y la insuficiente infraestructura de escuelas y hospitales, señala, compromete el desarrollo del estado.
La dispersión e inequidad en el territorio provoca baja o nula inversión pública; carreteras y movilidad deficiente e insuficiente; carencia de escuelas, hospitales y espacios públicos; territorios desordenados y contaminados; y el incremento de las desigualdades y empobrecimiento de las regiones. En este sentido considera prioritario “implementar mecanismos que lleven a una prosperidad integral del estado”.
Morena y el Proyecto Alternativo de Nación
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se debate entre la medición de los principales contendientes por medio de encuestas, y el respaldo a quien fue candidato en la elección pasada, el ex senador Luis Miguel Barbosa Huerta.
La plataforma electoral de este instituto político recoge el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024: propuestas en materia económica, política, social, educativa; con el objetivo, indica el documento, de “romper la inercia de bajo crecimiento económico, desigualdad social y corrupción”.
Esta propuesta fue elaborada por un grupo amplio de especialistas de todos los sectores, en su mayoría sin filiación partidista.
Esta plataforma política se considera el resumen de un amplio trabajo en propuestas concretas a partir del diagnóstico de la situación del país, desde lo económico, social, educativo, de infraestructura, seguridad, salud, e impartición de justicia.
“Es una lista exhaustiva y estructurada de proyectos y programas que buscan soluciones prácticas para realidades concretas”, que considera la interrelación de temas y problemáticas, y el saqueo sistemático de los recursos públicos.
Los ejes rectores de este proyecto son: Legalidad y erradicación de la corrupción; combate a la pobreza; recuperación de la paz; viabilidad financiera y austeridad; equidad de género y reconstrucción nacional.
El abanderado de esta fuerza política se comprometerá a respetar la ley, voluntad para aplicarla y atacar la impunidad desde su raíz. Se identifica el incumplimiento generalizado de la ley o su uso faccioso como un problema nacional medular.
En el combate a la pobreza, otro de los ejes del documento, considera que las políticas y programas se enmarcan de creación de fuentes de trabajo; impulso a actividades productivas principalmente al agro; la inclusión de jóvenes en programas educativos y laborales; y la atención prioritaria al cumplimiento de derechos de las mujeres, pueblos indígenas, niños y grupos vulnerables.
Incidir en la recuperación de la paz y tranquilidad. En este sentido, la propuesta de Regeneración Nacional es suprimir el dolor y la destrucción ocasionados por el estado actual de violencia, ocasionada por las estrategias de seguridad fallidas en los últimos dos sexenios, expresada en el aumento de delitos como los homicidios dolosos y culposos.
Señala que en el apartado de Sociedad Segura y Estado de Derecho del Proyecto Alternativo se detallan estrategias y líneas de acción específicas.
Viabilidad financiera y austeridad se refiera al supuesto de una ejecución austera, honesta y responsable del gasto público. Y la reorientación del gasto público, que debe dirigirse a programas sociales e infraestructura de impacto regional.
Aspira a que los proyectos sean realizables, sin adquirir deuda pública, o recurrir a la creación de nuevos impuestos. Además señala que las condiciones de opacidad y dispendio de los recursos públicos, se deben a la frivolidad e insensibilidad de una esfera gubernamental.
En el tema de equidad de género, se propone respetar, promover y garantizar la equidad de género con políticas públicas que aseguren la equidad entre hombres y mujeres y se atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso.
“Eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar, en su autonomía física, económica, política y para asegurar su integridad física e intelectual”.
La perspectiva de desarrollo sostenible resulta obligada en todas las propuestas del proyecto que enarbola Morena, señala el documento. Considera el respeto a los pueblos indígenas, en el pleno reconocimiento de los usos y costumbres, su autonomía, sus territorios y los recursos naturales ubicados en ellos. Retoma el “nunca más un México sin nosotros”, como propuesta generosa para el resto de la sociedad mexicana, urgida de modelos de desarrollo equilibrado y armónico.
Consigna como eje rector de planes y acciones del gobierno “no dejar a nadie atrás”. Enmarca los planes y acciones en el paradigma de desarrollo sostenible.
Reconstrucción nacional es el apartado referente a los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017. Propone un plan de reconstrucción para atender a los 14 millones de personas afectadas en más de 400 municipios del país. El plan considera una inversión de 302 mil millones de pesos para la reconstrucción de casas, escuelas, clínicas, caminos e infraestructura dañada por los terremotos.
El proyecto hace el diagnóstico ¿dónde está México hoy? Sostienen que su análisis sobre lo imprescindible de cambiar el rumbo del país en algunos aspectos como: la corrupción, entendida como el robo directo a las arcas públicas, sobornos para favorecer a distintos agentes económicos. Resalta la impunidad y protección gubernamental.
La corrupción tiene un costo para la sociedad y la economía que oscila entre el dos y el 10 por ciento del PIB. Y de acuerdo con el barómetro Global de la corrupción, el 50 por ciento de los mexicanos recurrió al soborno hacia las autoridades para tener acceso a servicios básicos.
Considera imprescindible generar crecimiento económico, toma en cuenta que en el periodo 1993 a 2016 el promedio anual de crecimiento en 23 años es de 2.6 por ciento, por debajo de economías como Irak, India, Vietnam, y Corea el Sur; o de países de América, como Perú, Costa Rica, Bolivia y Cuba, que han registrado un crecimiento anual en el mismo periodo de 5.6, 4.7, 4.6 y 4.6, respectivamente.
En cuanto a autosuficiencia alimentaria, se propone que a partir de los programas de apoyo productivo reducir la dependencia de México, que tiene en relación con los principales productos agrícolas que consume su población, y promover incremento de la productividad en las distintas regiones del país.
La plataforma política considera imprescindible recuperar la autosuficiencia energética, como principio de seguridad nacional.
“La gasolina es el primer producto de nuestras importaciones. La Auditoría Superior de la Federación determinó que era más conveniente refinar gasolina en México que importarla, porque las gasolinas y el diesel fueron inferiores en 61 por ciento con relación a los costos de importación”, teniendo en consideración el país produce en sus refinerías el 35.6 por ciento del consumo nacional.
La base del modelo de desarrollo y crecimiento consisten en reasignar adecuadamente el gasto público, de manera más eficiente y sin corrupción, para que los recursos públicos se dirijan a programas sociales y de infraestructura de gran impacto y elevar la cobertura y calidad de la educación.
El nuevo gobierno, señala, adecuará sus políticas y acciones a las especificidades económicas y culturales de las distintas regiones.
