La seguridad pública será uno de los temas centrales que se discutirán en los 60 días de campaña para la elección de gobernador de la entidad poblana (31 marzo al 29 mayo), no es para menos: en los últimos ocho años se ha duplicado el número de personas que han sido víctimas de los delincuentes y en el último registro de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Inegi. Envipe. 2018), la tasa de prevalencia delictiva (ciudadanos víctimas/total habitantes) en la entidad de Puebla duplica la media nacional, ya desplazamos a Jalisco de la cuarta posición y estamos casi empatados con Baja California. En la ciudad capital la situación es más grave: en el semestre de julio a diciembre de 2018, 43.5 por ciento de los hogares de la capital fueron víctimas de algún delito, 78.8 por ciento de los ciudadanos que ahí reside manifestó que la delincuencia era el problema más importante y 93 por ciento de los ciudadanos percibe inseguridad en la capital (Inegi. Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, 2018). Los actos delictivos que más han crecido en la capital el último trimestre de 2018 (octubre-diciembre versus julio-septiembre) son la ventas y consumo de drogas, las pandillas y los disparos frecuentes con armas de fuego.
Las policía municipal y estatal son insuficientes para combatir al crimen organizado y el nivel de desconfianza que generan en los ciudadanos poblanos supera al de confianza; en cambio, la policía federal, la marina y el ejército registran una confianza mayor a la desconfianza y ya como Guardia Nacional, con 280 mil efectivos y un mando y coordinación único, podrán hacer acciones conjuntas con estados y municipios. Hay una confianza excesiva en las acciones emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los ciudadanos poblanos de la capital creen que habrá menos inseguridad en el futuro: 31.2 por ciento así lo afirmó en diciembre del año pasado, lo que significó un incremento de 12 por ciento respecto a la valoración del trimestre anterior. Las acciones conjuntas que logren emprender los tres niveles de gobierno en materia de seguridad no los exime de sus responsabilidades en el ámbito de su gestión, la cuota de sangre que se ha pagado desde el inicio de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa amerita revertir la violencia y castigar a los responsables de tanta barbarie, ya sea por acción, omisión o encubrimiento.
El manejo eficiente y probo del erario será un tema de campaña y de gestión irrecusable, ya está el ejemplo del Ejecutivo federal y los resultados obtenidos: el cumplimiento de las promesas de campaña mejoró en varios puntos su ya alto nivel de aprobación (78 por ciento en la encuesta de El Financiero y 86 por ciento en la encuesta de El Economista), y no solo eso, sino que la percepción ciudadana sobre mejores desempeños en economía, política y seguridad están al alza (Consulta Mitofsky. AMLO: Primer trimestre de gobierno; febrero 2019). Licitación de obras, transparencia, eficiencia administrativa, austeridad y honestidad deberá ser la norma de la nueva gestión estatal y de los organismos públicos descentralizados. Los programas públicos estatales deben tener un contenido social explícito y los apoyos deben otorgarse a sus destinatarios. La reserva de dominio de los documentos públicos debe acotarse a las relacionadas con la seguridad nacional; y transparentarse todas aquellas que signifiquen deuda o pasivos públicos, traslado de bienes públicos, endose de funciones gubernamentales y manejo de recursos públicos.
En promoción de las actividades económicas son muchos los requerimientos y muy pocas las posibilidades. Desde hace cuatro decenios no hay inversión pública en infraestructura; las seis refinerías existentes operan al 30 por ciento de su capacidad; la deuda de Pemex supera los 100 mil millones de dólares; hay déficit en la balanza energética y los ingresos petroleros generados durante las gestiones panistas —por precios internacionales al alza— no aparecen. Adicionalmente, la Inversión Fija Bruta cayó en 6.4 por ciento entre diciembre de 2018 y el mismo mes del año anterior, y las perspectivas de crecimiento para 2019 se ubican en 1.6 por ciento (Banxico), un punto menos a la expectativa de crecimiento de la economía de los Estados Unidos de América (OECD). Este año el crecimiento económico será una décima menor al del último año de gestión de Enrique Peña Nieto, lo que aunada a un presupuesto procíclico que privilegia el equilibrio fiscal, augura un crecimiento modesto con una distribución del ingreso progresiva y una ciudadanía gozosa, identificada con su presidente. Con un gasto público de 24 puntos del PIB, comprometidos en una tercera parte con el pago de la deuda pública, son pocas las salidas para un incremento de la inversión, pero la recuperación de los impuestos evadidos y de los condonados ayudaría mucho a recapitalizar Pemex.
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