Hace un año Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue electo presidente de México por uno de cada tres ciudadanos de la lista nominal de electores: le contabilizaron 30.1 millones de votos, lo que significó 53.2 por ciento del total de la votación. Un año después, cuatro de cada cinco ciudadanos aprueban su gestión gubernamental. Dijo que no robaría, no mentiría y no traicionaría, y lo ha cumplido.
Su gestión ha sido eficiente, honesta y austera; ha combatido a la corrupción y los pobres han sido los principales destinatarios de su política. Transpa-renta la aplicación de los recursos públicos y permanentemente está en comunicación con los gobernados, ejerciendo siempre su derecho de réplica ante las descalificaciones de quienes ostentan el poder fáctico y sus exgerentes gubernamentales.
La cruzada nacional contra la corrupción se inició contra el robo de combustible a los ductos de Pemex, continuó contra los proveedores gubernamentales que encarecían el precio de bienes y servicios y los constructores de obra pública que sobrefacturaban e incumplían los plazos. Se negó a exonerar del pago de impuestos a los grandes empresarios y hay mayor vigilancia hacendaria para evitar la elusión y evasión fiscal así como el lavado de dinero. No ha sido cómplice del manejo inescrupuloso y corrupto del erario, y la austeridad del gasto le ha permitido cumplir con las metas programadas y liberar recursos para aumentar las transferencias a los más necesitados y generar infraestructura.
Las transferencias gubernamentales a la población de ingresos precarios y/o grupos vulnerables se otorgan directamente, eliminando a los intermediarios —organismos civiles, culturales, gremiales, sociales o políticos—, lo que ha generado rispideces con aquellos que medraban del erario y coptaban adláteres a través de la gestión.
Por vez primera el Ejecutivo federal no tuvo injerencia en el proceso electoral del pasado mes de junio en seis entidades federativas y, siendo el delito electoral tipificado de falta grave, los resultados comiciales se asemejaron a los que normativamente señala el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como deseables: confiables, objetivos, certeros, imparciales y legales. Al no haber compra o inducción del voto, acarreo, robo de urnas, alteración de actas y resultados, la concurrencia en urnas fue de un tercio con relación a la lista nominal, situación que refleja, entre otras cosas, el descrédito de los partidos políticos y de los políticos profesionales.
Entre otros objetivos, AMLO se ha propuesto lograr la soberanía alimentaria, energética y tecnológica, tareas que quizá logre concluir al término de su gestión si incrementa la inversión pública al triple. Sin embargo, ya hay compromisos para alcanzar en 2021, como es la producción nativa de gasolina en la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y las nuevas pistas del aeropuerto de la capital. Las finanzas públicas las maneja AMLO bajo los principios más ortodoxos del neoliberalismo y el gasto público está contenido por el precario in-greso tributario, que es de los más bajos del mundo. Del total del gasto público, un tercio es para el servicio de la deuda pública y dos tercios son el gasto programable, lo que queda para inversión es mínimo. Los ahorros derivados de la austeridad más los generados por compras y pago a contratistas sin sobreprecios le permitirá una mayor capacidad de gasto y de inversión y crecer un tanto por arriba del crecimiento poblacional durante su gestión. Este año el crecimiento será la mitad con relación al registrado hace un año; desde mediados de 2018 es decreciente la tasa de inversión y la del crecimiento del Producto Interno Bruto, sin embargo, la paridad cambiaria y la inflación se mantienen estables. La tasa delictiva se ha contenido pero no revertido, es plausible que con la operación de la Guardia Nacional se inicie su abatimiento y decrezca con el crecimiento económico y los mejores niveles de bienestar social.
