Hace casi 66 años, cuando por vez primera las mexicanas ejercieron su derecho a votar, prácticamente era impensable su participación en procesos electorales con igual número de candidaturas al de varones. Tuvieron que transcurrir cerca de seis décadas para generar las condiciones legales necesarias. La reforma electoral al artículo 41 de la Constitución federal en 2014, para garantizar la paridad entre mujeres y hombres, a fin de que partidos políticos y coaliciones registren postulaciones en 50/50 para cada sexo, significó el parteaguas.
A partir de entonces el camino jurídico comenzó a allanarse en los estados con la adecuación a sus legislaciones locales, lo que ha permitido que en este proceso electoral 2020-2021, las mujeres tlaxcaltecas contiendan por 795 cargos de elección popular: la gubernatura, 25 diputaciones locales, 470 de integrantes de ayuntamiento y 299 presidencias de comunidad, como cuarto nivel de gobierno en la entidad.
Aunque para llegar a este punto la ley se ha convertido en una ‘camisa de fuerza’, los partidos políticos han tratado de ajustarse para abrir los espacios a las ciudadanas y garantizarles el ejercicio de este derecho.
Para este proceso comicial en desarrollo han sido armonizadas diversas normas en materia electoral para, entre otras cosas, definir el concepto de paridad de género como la igualdad política entre mujeres y hombres, la cual se garantizará con la asignación de candidaturas a cargos de elección popular en proporción igual de 50 por ciento.
Asimismo, para incentivar la participación de la población femenina en este ámbito y para prevenir, evitar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las adecuaciones legislativas no solo se efectuaron a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y a la de Partidos Políticos, sino alcanzaron a la Orgánica de la Institución del Ministerio Público, al Código Penal del Estado y a la Orgánica del Tribunal Electoral, entre otras.
En tanto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) emitió lineamientos en materia de paridad de género que los partidos deben observar, así como para la integración, funcionamiento y conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.
También aprobó acciones afirmativas a favor de la comunidad Lésbico, Gey, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), para que a través de esta vía sean postuladas en las elecciones a diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad.
Con todo este armazón jurídico, por primera vez en la historia del estado, seis mujeres y un hombre se disputan la gubernatura. Dos de ellas son abanderadas de coaliciones de partidos políticos con registro nacional y/o local.
Tlaxcala solo ha tenido una gobernadora. En el siglo pasado, la priista Beatriz Paredes Rangel se convirtió en la primera mujer en ocupar la primera magistratura (1987-1992). Y pese a que en los procesos electorales de 2010 y de 2016, el género femenino tuvo una importante participación, el voto favoreció a candidatos varones de filiación priista.
En las boletas de las elecciones a gubernatura aparecerán los nombres de Anabel Ávalos Zempoalteca, de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, integrada por PRI-PAN-PRD-PS-PAC, y de Lorena Cuéllar Cisneros, de la coalición “Juntos Haremos”, conformada por Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-PEST.
Así como los de Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano (MC); de Viviana Barbosa Bonola, de Fuerza por México; de Liliana Becerril Rojas, del Partido Encuentro Solidario (PES); de Evangelina Paredes Zamora, del Partido Impacto Social Sí (PISS) con registro local, y de Juan Carlos Sánchez García, de Redes Sociales Progresistas (RSP).
En un estado donde casi 53 por ciento de la lista nominal está conformada por mujeres, esto es, más de 505 mil, y donde las campañas políticas a la gubernatura, en las que la mayoría de protagonistas pertenecen a este sexo, se supondría la integración de estrategias en las que se promueva la igualdad entre las y los tlaxcaltecas. Tendrían que presentar un conjunto de propuestas de acciones para, entre otras cosas, cerrar la brecha de género y mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres.
Según Gilberto Morales y Esperanza Palma, la estrategia de campaña debe considerar entre otras variables, el diseño de una agenda política cuyos contenidos aborden y brinden soluciones a temas de interés público “que deben atenderse con urgencia y que se interpretan como asuntos relevantes para la población”.
Pero puntualizan que las agendas electorales en México “siempre abarcan temas diversos”, relativos al ámbito económico, laboral, seguridad, educación, salud, desarrollo social y urbano y a los relativos a la cultura. “De manera secundaria incluyen un análisis de la situación social de las mujeres (empleo, salario, aborto, violencia de género, paridad y desarrollo político) y de las personas de la diversidad sexual (matrimonio igualitario, adopción homoparental, derechos civiles y políticos)”.
En efecto, al menos en el inicio formal de las campañas (4 de abril) de las candidatas y el candidato al gobierno del estado, la mayoría no incluyó en los puntos centrales de su proyecto político, alguno dirigido exclusivamente a atender situación o problemática referente a las mujeres, como consta en archivos de La Jornada de Oriente.
Anabel Ávalos Zempoalteca presentó sus 10 principales propuestas: “Crecimiento para tu bolsillo, salud para todos; Tlaxcala en paz y seguro; impulso y apoyo al campo; compromiso ecológico, gobierno abierto, detonación del turismo, Tlaxcala innovador y conectado; apoyo a los artesanos y mejor infraestructura”.
En tanto, Lorena Cuéllar Cisneros planteó nueve ejes centrales de su propuesta, entre ellos, seguridad, fortalecimiento económico, administración eficiente, austera, honesta y transparente, fortalecimiento de hospitales con especialidades de traumatología, ortopedia, geriatría y oncología, y la creación del instituto estatal para enfermos renales.
Quizá por su perfil feminista, al presentar su proyecto político Eréndira Carlota Jiménez Montiel incluyó acciones para garantizar a mujeres una vida libre de violencias, mediante el fortalecimiento de atribuciones y recursos del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) para que este sea un organismo autónomo y dedicado el empoderamiento de la población femenina. El arranque de su campaña lo hizo en el municipio de Tenancingo, señalado como “cuna de la trata” de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Viviana Barbosa Bonola planteó un proyecto anual en cada una de las comunidades de la entidad para dar solución a problemas prioritarios y abatir desigualdades “con la ejecución de método y no con programas que siguen empobreciendo”.
En congruencia con la ideología de derecha y derecha cristiana del partido que la postula, Liliana Becerril Rojas se pronunció hacia un pacto “por la defensa de la vida desde el momento en que se concibe, por la familia y los valores”, entre otros.
En su proyecto de gobierno denominado #NuevaTlaxcala, Evangelina Paredes Zamora trazó cuatro ejes: alimentación, salud, empleo, educación y trabajo, afirmó que su candidatura representa un relevo generacional en la clase política local y que está enfocada “hacia aquellos que anhelan justicia social y para dar valor a las mujeres”.
Juan Carlos Sánchez García centró su propuesta en impulsar el progreso del estado a través de empleo, obras, infraestructura e impulso al campo. “Todo un servicio básico de salud, no habrá mujer, familia, joven, campesino y trabajador que no tenga apoyo del gobierno”.
Al paso de los días y bajo la presión de la sociedad civil organizada, han incorporado poco a poco el enfoque de género en sus agendas, en las que son prácticamente invisibles las acciones a favor de la población de la diversidad sexual que incluye a mujeres trans.
Hasta ahora solo dos candidatas se han comprometido con integrantes de organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+, Eréndira Carlota Jiménez Montiel y Lorena Cuéllar Cisneros.
Mientras que, de la totalidad de aspirantes a la gubernatura del estado, únicamente Liliana Becerril Rojas no ha recibido la Agenda Feminista elaborada por el Colectivo Mujer y Utopía A. C. (CMU), documento entregado al resto de contendientes entre la segunda y tercera semana de campaña, el cual está enfocado a la atención de seis derechos.
En este proceso electoral, como lo fue en el anterior, una participación mayor del sector femenino en las candidaturas no ha sido garantía de la incorporación de un enfoque de género. Les resta poco menos de un mes de proselitismo, tiempo que les da la oportunidad de colocar a esta perspectiva en el centro de la estrategia y explicar cómo van a resolver la pobreza de las mujeres y su desigualdad salarial ante los varones; la falta de acceso a la salud, a la justicia y a la seguridad social mediante empleos formales y dignos, así como la forma en que garantizarán a las niñas el derecho a la educación desde nivel básico hasta superior, no por imposición sino por convicción y obligación. Este es el reto.
