El reparto de responsabilidades entre el sector público y las empresas privadas para satisfacer lo que las sociedades requieren es un asunto político. Su determinación tiene que ver con la decisión de los electores, que resuelven entre propuestas de los partidos políticos que plantean reducir o aumentar la presencia pública y/o privada. Consecuentemente, después de cada elección los límites de la economía mixta se discuten y, frecuentemente se modifican. No sorprende, por ello, que en México discutamos acaloradamente la propuesta gubernamental para reformar la industria eléctrica. Se trata, ni más ni menos, de repensar las fronteras de nuestra economía mixta.
Cuando se replantean los límites de la economía mixta se cuestionan las responsabilidades estatales en la economía. Las respuestas varían en función de la situación económica que se viva y de la coalición política que gobierne. Durante la pandemia esta discusión se desarrolló globalmente. Se cuestionaron las debilidades de los países para enfrentar adecuadamente sus diversos impactos. Los sistemas nacionales de salud fueron drásticamente reconfigurados, en los tiempos en que se volvió dominante reducir la participación estatal en sus diversos ámbitos, otorgando preeminencia a la empresa privada.
Esta reconfiguración fue consistente con lo que ocurría la vida económica, política y social, de modo que hubo un verdadero desmantelamiento de la presencia estatal. Las grandes decisiones políticas de los grupos que gobernaban las economías mixtas occidentales en este tiempo fueron privatizar y liberalizar. En México fue una decisión política del grupo gobernante desde los años ochenta y luego de las coaliciones políticas que nos gobernaron en este siglo y particularmente en las reformas generadas en el marco del Pacto por México.
Amparados en una visión económica que postulaba que el agente público de todas las economías mixtas era ineficiente por definición, se vendieron al sector privado empresas públicas muy relevantes, fundamentales para el desarrollo nacional, junto con empresas industriales y de servicios de importancia sectorial. Así desapareció Fertilizantes Mexicanos, Sidermex, y muchas empresas más y se eliminó la participación de Pemex en la petroquímica secundaria y en la industria eléctrica se redujo la participación de la CFE.
Además de esta política de privatizaciones, se decidió desregular las economías eliminando las reglas que habían establecido los gobiernos nacionales para hacer que las empresas privadas concurrieran efectivamente a lo que establecían los proyectos de desarrollo nacional, permitiendo que las empresas privadas se condujeran de la manera que considerasen conveniente. Para justificar teóricamente esta decisión, se acudió al planteo de A. Smith, que señalaba que en la búsqueda de sus intereses económicos las empresas producían bienestar social, como si fueran conducidos por una mano invisible, precisamente la mano del mercado. El funcionamiento de las empresas que generan y distribuyen energía eléctrica en Texas y España es ilustrativo de que el interés empresarial es ajeno al interés general.
Esta mano invisible, como bien se sabe, no condujo al bienestar general. De allí que se haya quebrado el acuerdo político consistente en contar con un estado mínimo. La crisis de 2008 y la pandemia actual han mostrado que los resultados benéficos que supuestamente se alcanzarían al liberar completamente a las fuerzas del mercado no se han conseguido y que, además, se produjeron efectos muy negativos en materia de desigualdad, tanto entre las naciones como al interior de los países. La ruptura de este acuerdo, que condujo la economía global desde los años ochenta del siglo pasado, se prueba con las propuestas que en diversos documentos ha planteado recientemente el FMI a gobiernos nacionales.
En particular, el reporte derivado de la visita a México de los técnicos del FMI, dado a conocer el 8 de octubre de 2021, señala que la prioridad nacional es “salvaguardar la recuperación, preservar la estabilidad económica y promover un crecimiento inclusivo y sostenible”. Para lograr esto, nada menos que el FMI propone aumentar el gasto público en 1.5 por ciento del PIB en 2022 y otro aumento de la misma magnitud en 2023-24. Esta revaloración de la presencia estatal reconoce que el Estado mexicano debe recuperar capacidades de intervención para enfrentar el desafío de una recuperación sostenible e inclusiva.
Esta discusión de las funciones del estado en México, planteada hasta por el FMI, se ha reanimado, ya que en el país hubo un cambio drástico en la estrategia de desarrollo, derivado de la nueva correlación de fuerzas establecida en la elección federal de 2018 y confirmada en la de 2021. Con su triunfo electoral, MORENA ganó el derecho a proponer las modificaciones legales que considere necesarias para que el Estado mexicano cuente con las capacidades necesarias para conducir el desarrollo nacional.
Este debate sobre funciones, tamaño y atribuciones del Estado hoy está concentrado en la industria eléctrica. Esta industria sufrió una importante modificación con la reforma de 2013, que modificó su estructura al establecer que la generación, transmisión y distribución, así como la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, podrá realizarse mediante contratos y asociaciones con cualquier empresa privada, la que “solidariamente” asumirá los objetivos nacionales en materia de seguridad energética. Estos contratos y asociaciones, como es evidente, interesan a las empresas privadas en virtud de la rentabilidad que es posible lograr.
El funcionamiento de esta reformada industria eléctrica ha significado que, por ejemplo, entre 2019 y 2022 la CFE habrá erogado $18 mil 290 millones en certificados de energía limpia que está obligada por ley a comprar a empresas privadas por la generación de cada megawatt producido con fuentes renovables. Los recursos públicos necesarios para otorgar este subsidio, establecido en la reforma de 2013, hubieran podido orientarse al mantenimiento y desarrollo de plantas hidroeléctricas de la propia CFE.
Por estas razones económicas, pero también porque es políticamente pertinente importa recuperar la participación estatal mayoritaria en esta industria. Para conseguirlo, dados los requisitos que demandan las modificaciones a la Constitución, es necesaria una mayoría calificada en la Cámara que recibió la iniciativa, luego una mayoría calificada en la Cámara revisora y, una vez logrado esto, debe ser discutido en todos los congresos locales y aprobado por mayorías calificadas en, por lo menos, 66 por ciento de ellos.
La operación política de este proceso demanda una capacidad de concertación que, por supuesto, solo es posible porque la 4T cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras federales y en varias entidades. El proceso de discusión y, en su caso, aprobación de esta reforma, que le recupera capacidades a la CFE, no pone en riesgo la economía del país, ni aumentará el riesgo crediticio establecido por las empresas extranjeras calificadoras. Tampoco llevará a que el suministro de energía eléctrica a los diferentes tipos de consumidores en las diversas entidades sea complicado y se presenten interrupciones. La supuesta formación de un monopolio estatal es falsa, ya que el proyecto de reforma contempla que el sector privado mantenga una participación de 46 por ciento.
Lo que ocurrirá, si la 4T consigue la mayoría calificada, es que se producirá una redistribución de la significación de los diferentes agentes de nuestra economía mixta: los agentes privados nacionales y extranjeros reducirán su presencia, mientras que el estado la aumentará. Esta redistribución significará que la rentabilidad de las empresas privadas se reducirá, en montos y proporciones de los que ahora podrá hacer uso el estado para los propósitos que convengan al interés nacional.
