“Ser autosuficientes en áreas estratégicas es la lección.” Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 27 de septiembre de 1960, el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, anunció la nacionalización de la última empresa extranjera de electricidad que operaba en México: la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, fundada en 1903 con capital extranjero. En ese momento, esta empresa, junto con la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), creada en 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, cubría 98 por ciento de la demanda nacional de energía eléctrica.
Poco después, en octubre de 1960, con el propósito de fortalecer la nueva organización del sector energético, se adicionó al artículo 27 constitucional el siguiente párrafo: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Desde que ocurrieron estas modificaciones, la derecha ha pugnado por la regresión, exigiendo privatizar el sector energético. Sin embargo, poco fue lo que pudo hacer, pues el texto constitucional, en su artículo 28, establecía que la electricidad, junto con el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos y otros más, eran parte de las áreas estratégicas a cargo, exclusivamente, del Estado. Esta propuesta, la determinaba el artículo 25 constitucional que, enfatizaba: “El sector público tendrá a su cargo. De manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Quedaba, así, consolidado el sector energético como de la exclusiva competencia del Estado mexicano. De esta manera, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro y la CFE se consideraban como empresas estratégicas para el desarrollo nacional.
Pero la ofensiva derechista no cesaba. Con la llegada del neoliberalismo, el capital privado comenzó a intervenir como cogenerador de electricidad de acuerdo con las reformas de 1988, último año de gobierno de Miguel de la Madrid. Estas reformas, que modificaron la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitieron la participación privada en la generación para usos propios y entregar los excedentes a la CFE. Luego, durante el gobierno de Carlos Salinas, en noviembre de 1992, se reformó de nuevo la ley y se agregaron más modalidades en la generación eléctrica, como autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción. Con estas reformas aparecieron también los permisos a empresas privadas para la venta de energía eléctrica a terceros, invadiendo así el capital privado la esfera del servicio público. Más tarde, el 3 de febrero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso una iniciativa que modificó la Constitución y amplió la participación privada en el sector eléctrico. En todos esos casos, el argumento que sostenía la demanda de privatización del sector eléctrico, repetido con monótona regularidad, fue el siguiente: ante la demanda creciente de energía se requieren grandes inversiones que el sector público no puede hacer, por lo tanto, es preciso abrir el sector a la inversión privada a fin de que los particulares puedan invertir en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con este mismo argumento, el 16 de agosto de 2002 Vicente Fox envió al Senado de la República una iniciativa para ampliar la participación del capital privado en el sector eléctrico. Esto llevaba implícito la marginación de las empresas estatales estratégicas (CFE y Luz y Fuerza) en el mercado energético y, a la larga, su desaparición.
De esta manera, el 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón emite un decreto mediante el cual dispuso la extinción de Luz Fuerza del Centro. El golpe, sin duda, fue severo. El acoso culminó con la reforma energética de Peña Nieto que “planteó el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares”. Así, el día 11 de diciembre de 2013, con el voto del PRI, el PAN y del PRD, el Senado de la República aprobó la reforma energética enviada por Peña Nieto; al día siguiente la Cámara de Diputados, con el voto de los mismos partidos, hizo lo mismo. Por último, el 14 de agosto de 2014, el presidente promulgó las leyes secundarias de la reforma, consumándose así el despojo: el petróleo, el gas y la electricidad, que dejaron de ser bienes estratégicos de la nación y convertirse en objeto del lucro para el capital privado.
Para salvar la prohibición de texto constitucional, se eliminó del artículo 28 constitucional al sector eléctrico como prioritario y se declaró a la CFE “empresa productiva” del Estado con facultades para celebrar contratos con particulares para la generación y distribución de energía. De esta manera, la CFE dejó de ser empresa estratégica y, en consecuencia, si bien la propiedad de las centrales, redes de transmisión y distribución, seguían siendo de la CFE se pusieron al servicio de la ganancia de empresas monopólicas nacionales y extranjeras.
Las reformas hechas bajo el neoliberalismo dieron lugar al surgimiento de empresas generadoras de electricidad que, aprovechando la figura de autoabastecimiento, producen energía no solo para su propio consumo, sino también para vender a terceros, supuestos socios de la empresa, desplazando a la CFE en la generación y venta, pero utilizando su infraestructura. En este momento, suman mil 407 los permisos vigentes para este tipo de empresas, con lo cual el sector privado cubre más de 50 por ciento de la demanda nacional; las empresas dominantes en el sector son, entre otras, Bimbo, Altos Hornos de México de Alfonso Ancira, la española Iberdrola, Telmex y el Palacio de Hierro. Así como FEMSA (propietaria de OXXO y de la embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina), el Grupo Modelo y Sabritas (La Jornada, 15.02.21: 18). Los beneficios que obtienen esas empresas son enormes. La CFE ha dicho que los subsidios a los productores independientes de energía ascienden a 249 mil 606 millones de pesos. Simplemente, utilizan la infraestructura de distribución de la CFE y no pagan nada por ello, lo cual significa vender la energía a precios menores de los que puede tener la CFE que debe cargar con la depreciación y mantenimiento de la infraestructura.
Para corregir las deformaciones sufridas por el sector energético y con el fin de reestructurar el sector energético, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la mitad de su sexenio, el 30 de septiembre, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en busca de recuperar el control estatal del sector eléctrico y otorgar a la CFE la capacidad de producir y distribuir el 54 por ciento de la demanda nacional de energía y asignar el resto a la iniciativa privada. En su conferencia matutina del primero de octubre, el presidente enfatizó que la iniciativa no estatiza ni nacionaliza el sector, sino que mantiene la característica de una economía mixta, en la cual coexisten los sectores privado, el social y el estatal. Se trata, señaló el presidente, de darle su lugar a la CFE, que atiende la necesidad de energía a la población sin fines de lucro, e incluso, otorga subsidios a los consumidores de menos ingresos.
La reforma también persigue recuperar la rectoría del Estado en la energía eléctrica, y fortalecer la posición en el mercado de la CFE. Esto significa que se podrán cancelar los leoninos contratos que obligan a la CFE a comprar la energía eléctrica producida por las empresas privadas que se han incorporado al sector luego de la reforma de Peña Nieto. Ahora, de aprobarse en el Congreso, la reforma propuesta del presidente, la CFE podrá decidir cuándo y cuánta energía requiere; a partir de ahí, las empresas privadas ofrecerán montos y precios y la CFE elegirá la oferta que mejor le convenga. Con esto, se transforma el esquema actual en el que la empresa estatal está obligada a comprar toda la energía que le ofrezcan las empresas privadas, las necesite o no, y, además, adquirirla a los precios que éstas impongan.
Bien vistas las cosas, no hay razones válidas para no aprobar la reforma propuesta por el Ejecutivo, pero el neoliberalismo, en sus estertores, puede hacerle al país otra mala pasada y hacer que en el Congreso los conservadores voten en contra y no se alcance la mayoría calificada requerida. Solo la movilización popular puede impedir tal despropósito.
