Casi la mitad del aumento general de precios la originan los alimentos, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público previo a la firma del Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y 15 empresarios del sector alimentario y de la distribución (3/10/22). El propósito de la iniciativa presidencial es contener la inflación alimentaria; los empresarios firmantes se comprometieron a disminuir el precio de la canasta básica de 24 productos básicos y de alto consumo en 8 por ciento durante la vigencia del Acuerdo, que vence el 28 de febrero de 2023, el gobierno refrendó su disposición a congelar las tarifas de las carreteras concesionadas y los precios de la energía eléctrica, a no aumentar el precio del combustible, suspende la regulación que impida o encarezca la importación de alimentos y su distribución por territorio nacional, dispensa del pago del gravamen de importación a los firmantes, les otorga licencias para eludir trámites en el envasado de sus productos y les reconoce competencia para verificar la calidad de sus importaciones alimentarias e insumos.
La canasta básica incluye carne (res, cerdo y pollo), verduras (jitomate saladet, cebolla blanca, zanahoria, papa blanca, chile jalapeño), frutas (manzana, plátano y limón), cereales (arroz y frijol), tortilla, pan blanco de caja, pasta de sopa, azúcar, huevo de gallina y leche, sardina y atún, jabón de tocador y papel higiénico. El quantum de la canasta se estableció con base en el mínimo de calorías, proteínas y grasas requeridas por cuatro personas a la semana, el costo actual de dicha canasta es de mil 129 pesos y se pretende que se estabilice en mil 39 pesos. Durante la vigencia del Acuerdo se prohíbe la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y de la chatarra de aluminio y acero utilizada para envases de alimentos; los productores de harina de maíz (Maseca y Minsa) se comprometieron a disminuir en 3 por ciento el precio de su producto.
La insuficiencia local de la oferta alimentaria fue objetivo y consecuencia de las políticas neoliberales que consolidaron nuestra dependencia alimentaria: hoy producimos 216 kg de maíz por persona al año (kpa) y el consumo aparente es de 347 kpa; de arroz se producen 2 kpa y consumimos 9.4; de trigo, se generan 27 kpa y el consumo es de 56 kpa y de frijol, se producen 9.3 kpa y requerimos 9. Por cada 100 kilos consumidos en México de cada uno de los granos básicos, importamos 38 kg de maíz, 81 kg de arroz, 66 kg de trigo y 6 kg de frijol. Estos sistemáticos saldos deficitarios socavan la soberanía y seguridad alimentaria y merman nuestros ingresos: entre los años 1994-2021, el saldo de la balanza comercial de granos básicos fue de -75 mil 524 millones de dólares (md), 62 por ciento se este saldo es del maíz, 25 por ciento del trigo, 10 por ciento del arroz y 3 por ciento del frijol. Cada año de la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN) el déficit de la balanza comercial de granos básicos fue de 3 mil 608 md y con AMLO, de 5 mil 187 md anuales.
Revertir la dependencia alimentaria exige programas de largo aliento, que no solo generen una mayor oferta de alimentos, sino que contribuyan a una mejor calidad de vida de los productores del campo, que sean benévolos con el ambiente y la biodiversidad y fortalezcan la soberanía. En los tres primeros años de la gestión de AMLO, los precios medios rurales a precios constantes de los granos básicos así como sus rendimientos físicos aumentaron y fueron superiores a los registrados en la segunda mitad del sexenio de EPN, aun así, la superficie sembrada (excepto arroz), la superficie cosechada y la producción fueron menores con AMLO. Problemas ajenos a las gestiones de AMLO y EPN condicionaron esos resultados: El promedio anual de la superficie sembrada con cultivos cíclicos con AMLO es menor en 812 mil hectáreas a las sembradas en la segunda mitad de la gestión de EPN y la superficie cosechada de estos cultivos fue un millón 150 hectáreas menor también. De las exportaciones mundiales de maíz, Ucrania y Rusia exportan 18 por ciento, y de las de trigo, 23 por ciento; el actual conflicto bélico entre ambos países acerva la especulación alimentaria así como de los fertilizantes. Del total de cultivos cíclicos y perennes, se fertiliza el 72 por ciento; producimos 40 por ciento de los fertilizantes utilizados e importamos 60 por ciento (Rusia nos abastece la cuarta parte), la especulación sustentada en la escasez elevó (febrero-marzo de 2022) el precio del fósforo monoamónico (157 por ciento), urea (70 por ciento), sulfato de potasio (65 por ciento), fósforo diamónico (57 por ciento) y nitrato de amonio (22 por ciento), situación que encare los costos de producción agrícola y desalienta el cultivo de cíclicos.
