El contexto legal que en la actualidad da sustento a un conjunto de políticas de vigilancia y de persecusión hacia las comunidades de migrantes en distintas partes del interior de los Estados Unidos tomó forma a partir del 9/11 de 2001 con la reestructuración más importante que ese país había tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en materia de seguridad. La Homeland Security Act (HSA) de 2002 fue la base jurídica que permitió esas transformaciones bajo el auspicio neoconservador del “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano”, con el que los objetivos de seguridad y defensa vinculadas al complejo industrial militar estadounidense adquirieron una renovada relevancia.
Se creó el U. S. Department of Homeland Security (DHS), que incorporó a la agencia de Immigration and Customs Enforcemnt (ICE) encargada, entre otras cosas, de la gestión migratoria. Con ello se daba continuidad a lo contemplado por la reforma a la Immigration and Nationality Act (INA) de 1996, denominada Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA), la cual cobra relevancia debido a que en su Sección 287(g) abrió la posibilidad de colaboración entre autoridades estatales y locales con el gobierno federal en materia migratoria. Con ello se sentaron las bases que configuran una tendencia hacia la internalización de las fronteras en los Estados Unidos.
Brandariz y Fernández-Bessa (2025), en su análisis sobre el caso europeo, hablan de la poca atención que se ha colocado al tema de la internalización de las fronteras dada la fuerte tendencia a documentar su externalización, ubicando a ese nuevo proceso a partir de la crisis de gestión migratoria europea iniciada a mediados de la segunda década del siglo XXI. Consideramos que una situación similar, incluso de mayores magnitudes y con una tendencia temporal más amplia, se observa para el caso estadounidense, pues la internalización de las fronteras en los Estados Unidos fue avanzando, desde la promulgación de la HSA en 2002, hasta disparar su intensidad en la actual adminsitración Trump.
Su alcance se observa a escala federal, con especial énfasis en ciudades con amplia tradición de comunidades migrantes, en ciudades santuario y en aquellas que pertenecen a estados que se consideran prioritarios para esa administración en términos electorales. Es relevante observar cómo, desde el mes de enero de 2025, se dio un cierre de los pasos de entrada con la Patrulla Fronteriza (CBP), registrando en septiembre de 2025 un 95 por ciento menos de detenciones diarias en la frontera con respecto al promedio contabilizado durante la administración Biden (Caro, 2025).
Para ello, se dio una importante movilización de recursos permitida por la modificación fiscal que Trump firmó el 4 de julio de 2025, después de ser aprobada por el senado, con lo que pudo asignar 170 mil millones de dólares para el control de la inmigración. También se vuelve significativo el que a finales de enero de 2026, la cifra de cuerpos policiales con agentes inscritos para colaborar con el ICE fuera de mil 168, contra los 135 de la adminstración Biden y los 150 que había al final de la primera administración Trump (Martínez, 2026). Estamos hablando de un proceso en el que los controles y la persecusión migratoria no solo se intensificaron en la línea fronteriza y más allá de ella con los procesos de externalización hacia el sur de México y Centroamérica, sino que se trasladaron hacia el interior de ese país, utilizando tradicionales y renovados mecanismos de vigilancia.
Desde los inicios del segundo gobierno Trump, las redadas se han realizado explicitando la intención de alcanzar una meta de 3 mil arrestos al día por parte de ICE, aunque en promedio habían sido alcanzados mil arrestos diarios durante el año 2025. Inclusive se habla de la contratación de ejércitos privados que, en su condición de mercenarios, poseen más interés en cubrir una cuota que por seguir los requerimientos de ley para realizar detenciones. Han dejado de respetarse lugares a los que no intervenían los agentes migratorios como iglesias, escuelas, hospitales e inclusive se presentan en domicilios sin una orden judicial.
Los arrestos han alcanzado a los menores de edad. Al día de hoy, el gobierno de Trump ha puesto en centros de detención a más de 6 mil niños y más de 205 mil han sufrido la detención de al menos uno de sus padres; la cifra promedio de niños encarcelados en un día supera por 10 veces al promedio que se dio al final de la presidencia de Joe Biden (Brooks y Carson, 2026). De manera cotidiana, los titulares de los principales medios de comunicación hablan del recrudecimiento de la vigilancia, la persecución, los abusos en las detenciones y las deplorables condiciones en las que se encuentran las personas migrantes en los centros de detención.
La gestión y/o creación de esos centros genera jugosos beneficios para las empresas privadas subcontradas por ICE, así como para los subcontratistas de transporte, alimentación, atención médica, etcétera. Estos contratos se encuentran contemplados en la sección 287(g) de la IIRIRA y otorgan ganancias a esas entidades en función del número de personas migrantes en detención. Las dos mayores empresas privadas de prisiones, CoreCivic y Geo Group, importantes donantes en la campaña electoral de Trump, poseen millonarios contratos para gestionar centros de detención sin garantizar condiciones dignas para los detenidos. Incluso se contabiliza un total de 51 muertes de personas bajo custodia del ICE, entre el mes de enero de 2025 hasta mayo del presente año, de las cuales una quinta parte fue clasificada como suicidio (The Associated Press, 2026).
Los contratos de servicios también incluyen empresas tecnológicas que les ofrecen herramientas de vigilancia y análisis de datos. La Red de Defensa de los Derechos Digitales (2025a; 2025b ) menciona los contratos millonarios realizados por ICE con empresas como Paragon, desarrolladores del software espía Graphite, ampliamente cuestionado por utilizarse para espiar a periodistas europeos que denunciaron prácticas fascistas en el partido de extrema derecha italiano; otra adquisición fue la tecnología de reconocimiento facial Clearview AI, un software que construye una base de datos masiva de rostros a partir de imágenes de internet; se firmó también un contrato de 30 millones de dólares con Palantir, una empresa de software estadounidense fundada en 2003, para crear la plataforma ImmigrationOS, para el seguimiento detallado de los movimientos de los inmigrantes indocumentados y de las autoexpulsiones.
Brandariz, J.A; Fernández-Bessa, C(2025) La internalización del control migratorio. Deportaciones internas y crisis del régimen de fronteras Schengen. Scripta Nova, 29 (1), 27-51.
Brooks, D.; Carson, J. (2026/05/26) Encarcela gobierno de Trump a más de 6 mil niños migrantes. La Jornada.
Caro, P. (2025/11/04) La ‘histórica’ deportación de Trump ha llevado el terror a las calles, pero mantiene insatisfecho al presidente. El País.
Martínez, A. (16 de febrero de 2026) Los Acuerdos de policías locales con el ICE se disparan en Estados Unidos y reavivan el debate sobre la confianza pública. El País.
Red de Defensa de los Derechos Digitales (2025a/10/31) El ICE refuerza sus capacidades de vigilancia apuntando a inmigrantes y grupos antifascistas que se oponen a la administración Trump.
-(2025b/10/01) ICE adquiere tecnología de reconocimiento facial de Clearview AI para encontrar personas que agredieron a oficiales de la agencia.
The Associated Press (2026/05/27) Muertes por suicidio en centros del ICE alcanzan ritmo “alarmante”, según investigación de Ap. La Jornada.
